STSJ Galicia 5884, 5 de Octubre de 2005
| Ponente | IGNACIO DE LOYOLA ARANGUREN PEREZ |
| ECLI | ES:TSJGAL:2005:5884 |
| Número de Recurso | 8921/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 5884 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO NÚMERO: 8921/2002 RECURRENTE: HERMANOS RECIO SLU sociedad absorbente EURO BICOCAS S.L. ADMON. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA PONENTE: IGNACIO ARANGUREN PÉREZ DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
CERTIFICO: Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la SENTENCIA NÚMERO 1437 / 2005 Ilmos. Señores:
D. Francisco Javier Amorín Vieitez D. José Luis Costa Pillado.
D. IGNACIO ARANGUREN PÉREZ A Coruña, Cinco de Octubre de dos mil cinco En el proceso contencioso-administrativo que, con el número 8921/2002, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por HERMANOS RECIO SLU sociedad absorbente EURO BICOCAS S.L., representado por Dª. SONIA GÓMEZ PORTALES GONZÁLEZ y dirigido por el letrado D. RAFAEL BARNUEVO CAVANILLAS, contra acuerdo de 27-6-02 que desestima la Rec. 54/1570/99 y 47/00 interpuestas contra otro de la Agencia Estatal Administración Tributaria de Vigo sobre liquidación impuesto sobre sociedades, ejercicio 1994, 1995 y 1996. Es parte la administración demandada TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representada por ABOGADO DEL ESTADO. La cuantía del asunto es determinada en 116.657 euros.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don IGNACIO ARANGUREN PÉREZ
-
Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
-
Conferido traslado a la parte demandada, solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en su escrito de contestación.
-
No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 4 de Octubre de 2005, fecha en que tuvo lugar.
-
En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.
El objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto se contrae a determinar la conformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución dictada por el T.E.A.R. de Galicia de fecha 27 de Junio de 2002, que desestimó la reclamación económica-administrativa deducida frente al acuerdo de la Inspectora jefe de la delegación en Vigo de la A.E.A.T. confirmando propuesta de liquidación del IS correspondiente a los ejercicios 1994,1995 y 1996 y la sanción impuesta, derivada de aquella.
Frente a la resolución dictada, se alza en esta instancia la parte demandante alegando: 1) caducidad de las actuaciones inspectoras que duraron más de 12 meses, estando suspendidas por causas no imputables al sujeto pasivo durante mas de 6 meses, 2) aplicación del sistema de estimación indirecta cuando se aportó documentación que permitía comprobar los datos consignados en el IS, habiendo sido declarado nulo el apartado d) del artículo 64.1 del RD 939/1996 por el TS y considerando que no ha existido resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora, y entendiendo que la desaparición de los libros y registros no implica que se esté abocado al sistema de estimación indirecta, habiéndose facilitado todos los documentos, y criticando que la inspección no cotejara los extractos bancarios con los ingresos de caja, 3)
No se ha justificado la aplicación de los índices o sistemas indirectos que debía de haberse incluido además en el propio acta, considerando que en la misma debían encontrarse los cálculos realizados para establecer las bases imponibles, resulta improcedente el razonamiento seguido, 4) En cuanto a la sanción impuesta, se alega que colaboró en todo momento con la inspección, considerando que existió fuerza mayor, no existiendo ocultación por el demandante sino utilización de criterios diferentes que arrojan cuotas diferentes.
Se opone la representación de la Administración demandada que solicita se desestime el recurso interpuesto alegando que la dilación fue imputable al contribuyente que no declaró la verdad sobre sus compras y ventas, no siendo de aplicación la ley de derechos y garantías del contribuyente, y no habiéndose solicitado en el suplico la caducidad del procedimiento. Es de aplicación el sistema de estimación indirecta al desaparecer toda la contabilidad, afirmando desconocer la existencia de las circulares e informes no publicados que se alega por la actora, sin que se haya probado que el sistema no fue aplicado correctamente.
La resolución de las cuestiones planteadas por las partes en este proceso debe comenzar por el examen de los óbices formales opuestos por la actora a las actuaciones administrativas que han dado lugar al presente pleito, comenzando por la queja denunciando que las actuaciones inspectoras han caducado, lo que, ya adelantamos, debe ser rechazado.
En efecto, ya en vía económica-administrativa se planteó ésta cuestión y por el T.E.A.R. de Galicia se le dio en el fundamento de derecho tercero, la única respuesta posible a dicha alegación, atendido el tiempo en que se iniciaron las actuaciones (y que no se discute por la actora), alegación que se reitera hoy ante esta Sala.
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes que entró en vigor el 19 de marzo de 1998 , dispone en el apartado primero de su Disposición Transitoria Única que "los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión". El examen del expediente administrativo nos muestra que el inició de las actuaciones inspectoras tuvo lugar, todo lo más, el 4 de Marzo de 1998 (en que se notificó por correo su inicio), lo que significa que no son de aplicación al supuesto a examen los plazos marcados en esta Ley, no siendo discutible que con anterioridad a su entrada en vigor, no existían plazos en la realización de las actuaciones de investigación y comprobación por la Inspección de Tributos.
En cuanto al fondo del asunto, se crítica por la actora en primer lugar que por la Inspección se haya acudido al sistema de estimación indirecta, argumentando diversas consideraciones que requieren de su estudio individualizado:
1) Se afirma primeramente que se aportó documentación suficiente que permitía comprobar los datos consignados en la declaración del impuesto de Sociedades. Ahora bien, de la documentación mostrada por el recurrente en el expediente administrativo se aprecia que la única que por éste se aportó es la referente a ingresos resultantes de cuentas bancarias así como determinada información de sus proveedores, pero siendo la recurrente una entidad constituida por una serie de tiendas dedicada al por menor de perfumería, cosmética y droguería no parece alejada del sentido común que sus ingresos procedan de forma abrumadoramente mayoritaria de ingresos por caja, por lo que no resulta alejado del sentido común que por la Administración se considerase dicha documentación insuficiente a los efectos de optar por el sistema de estimación indirecta, máxime si tenemos en cuenta que al tratarse de una entidad que se dedica a la venta al por menor, la cuenta de ventas solo es un reflejo, prácticamente, de los ingresos por caja y no parece que pueda dudarse de la relevancia de dicha cuenta de ventas sobre todo cuando la Administración ha constatado circunstancias como la existencia de una disparidad entre los márgenes de explotación, las iniciales dudas suscitadas por las manifestaciones del Administrador (que lo era de la entidad y de su principal proveedor cincasa), y que nos encontramos ante un supuesto excepcional como no cabe calificar de otro modo a la destrucción de toda la documentación contable como consecuencia de un incendio. A ello se añade, que a lo largo de la demanda, fuera de las consideraciones de naturaleza jurídica que se hacen por la actora, no se ha desvirtuado en ningún momento por ésta, lo que se podía haber hecho en la fase probatoria de este proceso a través de alguno de los medios...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 18 de Noviembre de 2010
...la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 8921/2002, seguido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, de 27 de junio de 2002, que desestimó la reclamación ec......