STSJ Comunidad Valenciana , 10 de Febrero de 2005
| Ponente | CARLOS ALTARRIBA CANO |
| ECLI | ES:TSJCV:2005:833 |
| Número de Recurso | 351/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Recurso Nº.- 351.04 SENTENCIA Nº 88 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Ilmo. Sres.:
Presidente D. José Díaz Delgado Magistrados D. Juan Luis Lorente Almiñana D. Carlos Altarriba Cano ************************************
En Valencia, a diez de febrero del año dos mil cinco.
VISTO por el Tribunal el Recurso Contencioso-Administrativo promovido por DOÑA MARGARITA SANCHOS MENDOZA, en nombre y representación de la entidad "MELBURNE S.A.", contra el Ministerio de Hacienda; TEAR. Habiendo comparecido en estos autos la administración demandada, representada por el Sr. Letrado de sus servicios jurídicos.
Interpuesto el recurso y seguidos los tramites prevenidos por la Ley, se emplazo al demandante para que formalizara la demanda, lo que verifico mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada, contesto la demanda mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazo a las partes para que evacuasen el tramite de conclusiones prevenido por el articulo 78 de la ley de esta jurisdicción y, verificado, quedaron los Autos pendientes para votación y fallo.
Se señalo votación y fallo para la audiencia del día ocho de los corrientes teniendo así lugar.
En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales.
Ha sido ponente de estos Autos el Ilmo. MAGISTRADO DON Carlos Altarriba Cano.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y, demás de general aplicación, se hacen los siguientes.
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra cinco resoluciones del TEAR, todas ellas de fecha 28 de noviembre de 2003, dictadas en relación con las siguientes reclamaciones:
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- 12/1037/01, IVA, ejercicios de 1996, 1997, y 1998, por importe de 14.204'86 , y su acumulada 12/1441/01, planteada contra la sanción derivada por importe de 5.695'26 .
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- 12/1040/01, Impuesto de Sociedades, retenciones a cuenta de Capital Mobiliario, ejercicios de 1997 y 1998.
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- 12/1041/01, Impuesto de Sociedades, retenciones a cuenta de rendimientos de trabajo, ejercicios de 1997 y 1998.
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- 12/1039/01, Impuesto de Sociedades, ejercicio de 1995, cuota a ingresar de 74.067'94 . y su acumulada 12/1439/01, (sanción derivada), por importe de 7.850?13 .
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- 12/1042/01, Impuesto de Sociedades, ejercicio de 1998, cuota a ingresar de 0 , y su acumulada, (sanción derivada), 12/1442/01, por importe de 105.341'22 En relación con todas las reclamaciones, ha alegado el actor, la caducidad del procedimiento inspector, pues según afirma, las actas se firmaron el 18 de mayo de 2001, con lo que el plazo para formular alegaciones concluía el día 5, y consiguientemente, el acto administrativo debería haberse dictado, como máximo, el 5 de julio; sin embargo el acuerdo del inspector jefe es de fecha 11 de Julio de 2001, con lo que se ha conculcado el plazo citado en la norma mencionada.
Esta Sala en numerosísimas y muy reiteradas sentencias ha puesto de manifiesto que:
En efecto a tenor de lo dispuesto en el articulo 60.2 del RIT :" Cuando, se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado acuerdo del Inspector-Jefe competente por el cual se dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicia el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses".
Esto es, en el caso de actas de conformidad si transcurre un mes entre la fecha del acta y la de la notificación (no la de la resolución) de la liquidación por el Inspector-Jefe competente, la liquidación se entiende producida de acuerdo con el acta. Nos encontramos ante una liquidación presunta, pues como tal acto no existe de forma expresa. Es evidente, que si el plazo para liquidar no ha prescrito, de conformidad con la normativa general acerca de la prescripción, y si al mismo tiempo la Administración no puede ya desconocer dicha liquidación presunta es porque el plazo del mes entre la fecha del levantamiento del acta y el de la ausencia de notificación de liquidación es un plazo de caducidad. La potestad liquidadora y revisora de la Administración caduca, transformándose el acta en una liquidación presunta.
Es dentro de ese mes que transcurre a partir de la fecha del acta y hasta el momento de la notificación del acto interruptor de la caducidad, en el que el Inspector Jefe puede o bien hacer directamente una liquidación distinta, en el caso de existencia de errores materiales, en cuyo caso el interesado podrá recurrirla, o bien, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 de dicho articulo y norma :"Si el Inspector-Jefe observase en la propuesta de liquidación formulada en el acta error en la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, acordará de forma motivada la iniciación del correspondiente expediente administrativo",por eso añade el precepto " notificándolo al interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado anterior". Aparte de lo sorprendente de que se ordene iniciar el correspondiente expediente administrativo, lo que nos lleva a preguntarnos que era lo anterior, cuando debió decir ordenará la prolongación del expediente administrativo o su continuación, y de que ese expediente consista tan solo en que "el interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. Transcurrido el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la liquidación que corresponda", lo cierto es que la norma prevé que se resuelva igualmente en el plazo de quince días, y este igualmente, es un plazo de caducidad, porque aunque no se refuerza diciendo dentro de los quince días, ni estableciendo expresamente los efectos del incumplimiento de este plazo, no puede otorgársele un efecto distinto del previsto en el apartado 2 para el caso de actas de conformidad , con transcurso de un mes. Pues bien, la cuestión es si la regulación que en el apartado 4 de este articulo del RIT se hace respecto a las actas de conformidad merece un tratamiento jurídico distinto. Dice este precepto que:"
Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones". Obsérvese que no se dice en el plazo de un mes, sino que se refuerza la exigencia con la frase "dentro del mes". Pues bien, si en el caso de actas de conformidad el plazo para que no se entiendan como liquidaciones y puedan ser contradichas por la Administración es de un mes, siendo como se ha visto de caducidad, no existe motivo alguno para pensar que, en el caso de disconformidad, transcurrido un mes sin que la Administración proceda a la liquidación se pueda presumir el abandono por parte de esta de la posibilidad de dictar liquidación, al menos dentro del expediente en tramitación.
Refuerza esta tesis, el hecho de que el precepto continúe con el siguiente tenor:" Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver". Es decir, que en el plazo de un mes, en el caso de actas de disconformidad, el Inspector Jefe puede dictar el acto que corresponda (liquidación, que no ha de ser necesariamente de gravamen para el ciudadano inspeccionado) o acordar que se complete el expediente, pero "dentro del mismo plazo para resolver", y ese acuerdo se notificará al interesado e interrumpirá el computo del plazo para resolver. Si el plazo es de un mes, y la notificación lo ha de interrumpir, ha de entenderse que debe producirse antes del mes. Luego estamos ante un plazo de caducidad, plazo en el que se puede actuar, transcurrido el cual ya no cabe acción alguna y además el día final del computo es no el de la resolución de la Administración, sino el de su resolución, pues el plazo para resolver según el precepto, tanto se trate del acuerdo previsto en el primer párrafo, como el de completar es "el mismo".
Igualmente, se llega a la misma conclusión de la lectura del ultimo inciso:" Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente".
Como sostiene la actora, es cierto que el Art. 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del...
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STS, 27 de Mayo de 2010
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