STSJ Murcia , 31 de Julio de 2002
| Ponente | FERNANDO CASTILLO RIGABERT |
| ECLI | ES:TSJMU:2002:2022 |
| Número de Recurso | 310/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
9 Este documento está impreso por una sola cara.
RECURSO nº310/99 SENTENCIA nº774/02 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN SEGUNDA compuesta por D. Abel Ángel Sáez Doménech Presidente D. Joaquín Moreno Grau D. Fernando Castillo Rigabert Magistrados ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº774/02.
En Murcia, a treinta y uno de julio de dos mil dos. En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 310/99, tramitado por las normas ordinarias, con una cuantía de cuarenta mil seiscientas ochenta y cinco pesetas y referido a: IRPF.
Parte demandante:
D. Bernardo , representada por el Procurador D. José Augusto Hernández Foulquié y dirigida por la Letrada Dª Amparo Hornillos Uzquiza.
Parte demandada:
La Administración del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
Acto administrativo impugnado:
Resolución del TEARM de 27 de noviembre de 1998 por la que se desestima las pretensiones del actor en la reclamación económico administrativa 30/2689/97.
Pretensión deducida en la demanda:
Se dicte sentencia por la que estimando la misma acuerde la improcedencia de la resolución del TEARM que se recurre y la nulidad de las resoluciones practicadas por la Agencia Tributaria, con indemnización a mi representado de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dichas actuaciones administrativas.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr.D. Fernando Castillo Rigabert, quien expresa el parecer de la Sala.
I-
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 12 de marzo de 1999, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada ha solicitado la desestimación de la demanda por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 20 de julio de 2002.
II-
La única cuestión planteada en el presente recurso contencioso administrativo consiste en determinar si la resolución del Tribunal Económico Administrativo impugnada es conforme a derecho en cuanto desestima la reclamación económico administrativa formulada por el actor frente a las liquidaciones provisionales giradas por la Dependencia de Gestión de la AEAT, Delegación de Murcia, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios de 1991 a 1993, por importe de 18903, 3605 y 17177 ptas, respectivamente, con el fin de integrar la cantidad dejada de ingresar en su día por el interesado en concepto de gastos de difícil justificación percibidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el fin de compensar los gastos de desplazamiento, manutención y estancia que realizó durante dichos períodos de tiempo en el ejercicio de su cargo.
Mientras la Administración demanda entiende que dichos gastos constituyen rendimientos del trabajo personal sujetos a dicho impuesto (arts. 24.1 y 25 de la Ley 18/91, de 6 de junio, reguladora de dicho Impuesto y art. 4 de su Reglamento aprobado por R.D. 1841/91, de 30 de diciembre, en relación con el art. 8 del D. Reg. 24/90, sobre indemnizaciones por razón del servicio), por constituir asignaciones que no responden a los conceptos de locomoción, manutención y estancia en los límites exigidos reglamentariamente para estar exentos de tributación, sino de asignaciones complementarias abonadas de forma global, no contempladas en el D. Reg. 24/90, sin que sean admisibles las interpretaciones analógicas (art. 23.3 LGT), estando justificada en las liquidaciones los intereses de demora por su carácter indemnizatorio; el actor entiende en síntesis, que el Consejero de Hacienda carecía de competencia para crear una obligación tributaria con carácter retroactivo, procediendo transcurridos más de tres años a realizar una declaración de retenciones y ingresos a cuenta (impreso 190), en la que asigna al actor unas retenciones de 29.250 y 56.925 ptas., no realizada en realidad, procediendo, ello no obstante, a ingresarlas en Hacienda el 30-12-96, que tal actuación es discriminatoria al no haberla realizado con todos los altos cargos, que la CARM no ha sido sancionada por tales hechos por la AEAT, que las liquidaciones provisionales impugnadas se han realizado por un órgano incompetente (Jefe Adjunto de la Dependencia de Gestión), sin respetar el procedimiento de revisión de oficio (arts. 153 y siguientes de la LGT) legalmente establecido, al no haber revocado previamente los actos previos favorables al interesado (como son sus propias autoliquidaciones realizadas de acuerdo con la certificación de haberes y retenciones practicadas en su día por la Habilitación de la Comunidad Autónoma), que además dicho procedimiento de gestión debe entenderse caducado al no haber sido resuelto en el plazo de seis meses establecido en el art. 23.1 del Estatuto del Contribuyente., que por esta razón deben considerarse definitivas las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente. Por último alega que ignora las cantidades tenidas en cuenta para realizar las liquidaciones (no existe un expediente previo relativo al interesado), siendo imposible determinar si están exentas del pago del impuesto por estar dentro de los límites establecidos reglamentariamente.
En primer lugar procede señalar que el presente proceso tiene por objeto la referida resolución del TEARM y las liquidaciones provisionales de la Dependencia de Gestión de las que trae causa, quedando fuera de su objeto la actuación previa llevada a cabo por la Comunidad Autónoma que dio lugar a la misma, que fue objeto de un recurso contencioso administrativo independiente. Por tanto las cuestiones alegadas por el actor que hacen referencia de dicha actuación (por ejemplo cuando alega la incompetencia del Consejero de Hacienda para crear una obligación tributaria con carácter retroactivo para el contribuyente, o la actuación discriminatoria de la CARM al no haber actuado de forma igual con todos los altos cargos), quedan fuera del objeto del presente proceso.
Por lo que se refiere a los defectos formales alegados por la parte actora procede manifestar que el hecho de que ni el interesado, ni la Comunidad Autónoma, impugnaran...
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