STSJ Murcia , 28 de Abril de 1999
| Ponente | MARIANO ESPINOSA DE RUEDA-JOVER |
| Número de Recurso | 2670/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 1999 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO nº2.670/96 SENTENCIA nº374/99 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN SEGUNDA compuesta por los Iltmos. Srs.:
Don Abel Ángel Sáez Doménech Presidente Don Mariano Espinosa de Rueda Jover Don Joaquín Moreno Grau Magistrados ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº374/99 En Murcia a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve.
En el recurso contencioso administrativo nº2.670/96 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 8.907.863 ptas., y referido a: Liquidaciones por el IRPF.
Parte demandante: Don Bernardo y Don Marcos representados inicialmente por la Procuradora Dña María Eugenia Valero Lazaga y tras su fallecimiento por Dña Asunción Pontones Lorente y dirigido por el Abogado Don Joaquín Solera Valenciano.
Parte demandada: Administración Civil del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Acto administrativo impugnado: Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 30 de septiembre de 1996 que desestimaban las reclamaciones 30/0236/95, 30/02140/95, 30/02144/95, 30/02143 formuladas por Don Bernardo por importe total de 4.393.139 ptas de principal, mas sanciones e intereses, así como las reclamaciones 30/02142/95, 30/02137/95 y 30/02141/95, formuladas por don Marcos por importe de 4.514.724 ptas de principal más intereses y sanciones.
Pretensión deducida en la demanda: Se dicte sentencia estimando y anulando todas las recurridas así como la anulación de las liquidaciones practicadas originalmente por la Inspección como las practicadas por corrección o rectificación de las originalmente practicadas de IRPF ejercicios 1989, 1990, 1991 y 1992 de los dos hermanos Bernardo Marcos y por acumulación al presente al presente recurso según el art.45.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , las liquidaciones y resoluciones impugnadas por Don Oscar mediante recurso contencioso administrativo nº01/494/97 del cual solicitamos se acumule al presente recurso.
Se ordene la devolución de los ingresos realizados a la Administración en vía de apremio, por ejecución de las resoluciones anuladas con interés de demora. Se condene en costas a la Administración por haber practicado unas liquidaciones a unos sujetos pasivos que tenían contabilizado el 100% de sus ingresos y gastos, que el único error cometido fue un error formal de declaración individual al que la Inspección de Hacienda estuvo obligada a investigar y comprobar tal error formal de declaración y no lo hizo fundamentando única y exclusivamente en una presunción legal y ello ha ocasionado daños económicos graves pues la Administración nos ha ejecutado los créditos liquidados produciendo una situación financiera muy complicada a los sujetos pasivos y hemos tenido que soportar los gastos de defensa de unas liquidaciones contrarias de Derecho y también daños morales al estar pendientes durante años de esta delicada situación.
Que este Tribunal se pronuncie y motive su sentencia con respecto a cada una de las alegaciones hechas por los sujetos pasivos en los hechos y fundamentos de Derecho contenidos en el presente escrito que en definitiva son:
1) Si las cuotas satisfechas en los contratos de leasing para la recuperación del coste del bien son deducibles en la base imponible del IRPF ejercicios 1989, 1990 y 1991 en el Régimen de Estimación Objetiva Singular porque el nº3 del art.97 del Reglamento del Impuesto compatibiliza tal régimen con otros beneficios fiscales generales entre los que se encuentra el régimen especial del Leasing.
2) Si los tres hermanos Bernardo Marcos Oscar realizaron su actividad mercantil en Comunidad de Bienes de hecho, cuestión que se evidencia mediante los documentos probatorios aportados según el hecho nº2, rompiendo ello con la presunción hecha por la Inspección según el art.119 de la LGT aunque por error formal los comuneros declararon tal actividad de forma individual y si tal Comunidad de bienes por ser sujeto pasivo estaba excluida de la Estimación Objetiva Singular al facturar más de 50 millones al año, siendo aplicable a la misma la Estimación Directa en donde de forma clara sí son deducibles las cuotas de recuperación del coste del bien adquirido en leasing y por ello se anulan las liquidaciones impugnadas.
3) Si la Inspección de Hacienda estuvo obligada a valorar criticamente la prueba contenida en los documentos probatorios aportados, por los que se evidenciaba la existencia de una comunidad de bienes de hecho de explotación realizada por los tres hermanos Bernardo Marcos Oscar , y a no ignorar tácitamente y a motivar la validez o no validez de la prueba contenida en los documentos probatorios aportados durante el procedimiento de Inspección y si tal incumplimiento del procedimiento inspector determina la anulabilidad de las liquidaciones impugnadas.
Si es contrario a derecho que la Inspección por inactividad del procedimiento inspector de comprobación e investigación dejara de comprobar, a lo que estaba obligada por los arts.109 y 110 LGT y art.20 b y c y 47.1 del Reglamento de Inspección y obtener pruebas suficientes a efectos de investigar si existió realmente o no Comunidad de Bienes de hecho, a efectos de no fundamentar su decisión exclusivamente en la presunción del art.119 LGT y si tal incumplimiento del procedimiento inspector determina la anulabilidad de las liquidaciones impugnadas.
Si la Inspección estaba obligada a comprobar e investigar de oficio la existencia o no de una Comunidad de Bienes de explotación a efectos de la exclusión de oficio del Régimen de Estimación Objetiva Singular de tal Régimen a que hace referencia los arts.99.2b del Reglamento de IRPF y noveno 2 y 3 de la OM de 13 de marzo de 1994 y si tal incumplimiento de investigación de oficio determina la anulabilidad de las liquidaciones impugnadas.
4) Si el TEARM de Murcia estuvo obligado a resolver cualquier cuestión derivada del expediente y con ello si debió denunciar la ausencia del procedimiento probatorio de la Inspección tanto con respecto a la prueba aportada por los sujetos pasivos como con respecto a una comprobación e investigación de oficio sobre el hecho imponible verdaderamente realizado (hecho y fundamento de derecho nº4) y si tal incumplimiento del procedimiento inspector determina la anulabilidad de las liquidaciones impugnadas.
5) Si el TEAR de Murcia planteó una cuestión nueva al añadir como requisito esencial, antes no planteada, la efectiva depreciación y necesaria contabilización de las cuotas de leasing en litigio y si de tal cuestión nueva nos debió dar audiencia (hechos y fundamento de derecho nº5), y por ello se produce anulabilidad de las liquidaciones impugnadas.
6) Si es correcto el criterio sancionador por simple negligencia aplicado por la Inspección y confirmado por el TEARM o es preciso expediente separado en la aplicación de la sanción y que la Administración identifique, concrete y pruebe el dolo y la culpa del sujeto pasivo en la infracción tributaria (hecho y fundamento de derecho nº6) y si tal expediente ha de ser calificado como de rectificación, anulando las sanciones impuestas al plantearse como única polémica interpretativa de la normativa fiscal entre la Administración y sujetos pasivos si son o no deducibles fiscalmente como gasto previamente contabilizados las cuotas de recuperación del coste del bien adquirido en leasing.
7) Que ese Tribunal valore criticamente y motive con respecto a cada uno de los documentos probatorios propuestos para su admisión y práctica de prueba, si a través de los mismos se evidencia la existencia o no de la comunidad de bienes de explotación de hecho de acuerdo con las Sentencias del TS de 11 de diciembre de 1992 y 7 de junio de 1995 y Resolución del TEAC de 6 de octubre de 1992 .
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. Don Mariano Espinosa de Rueda Jover, quien expresa el parecer de la Sala.
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 27 de diciembre de 1996 y admitido a trámite, y previa su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 16 de abril de 1999.
La cuestión que se plantea en el presente proceso es si en la determinación de la base imponible del IRPF de los actores, cabe deducir como gasto las cuotas de recuperación del coste de los bienes, en el caso camiones utilizados como elementos básicos en su actividad de transporte de mercancías, adquiridos por los sujetos pasivos en régimen de arrendamiento financiero.
La postura de la Administración tributaria puede resumirse de la siguiente manera:
1) Entiende que para que las cantidades destinadas a amortización de los bienes del inmovilizado puedan considerarse gastos deducibles es preciso que los rendimientos netos de la actividad empresarial se determinen en régimen de estimación directa.
2) La estimación objetiva singular admite unos gastos tasados incluidos en el art.102 del Reglamento del Impuesto del RD 2384/81 de 3 de agosto , tales como los de personal, mercaderías,...
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