STSJ Canarias , 10 de Junio de 2005
Ponente | FRANCISCO JOSE GOMEZ DE LORENZO-CACERES |
ECLI | ES:TSJICAN:2005:2376 |
Número de Recurso | 300/2003 |
Procedimiento | CONTENCIOSO |
Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2005 |
Emisor | Sala de lo Contencioso |
S E N T E N C I A Nº
ILTMOS. SRES.:
DON JAIME BORRAS MOYA DON FRANCISCO JOSE GOMEZ CACERES DON NICOLAS MARTI SANCHEZ Magistrados Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio del año 2.005.
Visto, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en esta capital, el presente recurso número 300/2003, tramitado por el procedimiento ordinario, en el que interviene como demandante la entidad "Compañía Avidesa, SA", representada por el Procurador don Tomás Ramírez Hernández, asistido del Letrado don Armando Betancor Alamo, y como administración demandada la de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada y defendida por el Sr. Abogado de sus Servicios Jurídicos, versando el recurso sobre liquidación tributaria (AIEM), no habiéndose determinado la cuantía del procedimiento, si bien no alcanza la cuantía de 25.000.000 de pesetas, convertido su valor en euros.
La hoy actora formuló reclamación económico-administrativa contra 21 liquidaciones del AIEM, practicada por el Administrador de Tributos a la Importación en Las Palmas de Gran Canaria.
La Consejería de Economía y Hacienda, en resoluciones de 17 de enero del 2003, dispuso desestimar las reclamaciones.
La representación de la actora interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se anulen las liquidaciones impugnadas.
La Administración demandada contestó a la demanda, oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.
Practicada la prueba pertinente, las partes formularon conclusiones, señalándose para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 10 de junio del año 2.005, en cuyo acto tuvo lugar su realización.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don FRANCISCO JOSE GOMEZ CACERES, Magistrado de esta Sala.
Sostiene la recurrente que la aplicación del AIEM vulnera la normativa comunitaria. Sin embargo, ello no es así ya que los efectos de la Decisión del Consejo de Europa de 20 de junio de 2002 se retrotrajeron al 1 de enero del citado año, por expresa disposición de su artículo 3, de donde resulta que el establecimiento del tributo litigioso, que sustituye al APIC, ha de considerarse "autorizado" desde el preciso instante de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales, publicada en el BOE del 31 diciembre de 2001, núm. 313/2001 [pág. 50493], cuya Disposición final tercera dispuso, en su apartado Uno, que " La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2002".
Es cierto que el articulado de la Decisión se limita a establecer exenciones y reducciones a los productos que señala en el Anexo, pero también es indudable que a lo largo de su texto está otorgando una autorización implícita al establecimiento del tributo. Valga como botón de muestras el considerando 6º, en el que se dice: "Mediante cartas de 25 de julio de 2000 y de 12 de junio de 2001, las autoridades españolas notificaron a la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 299 del Tratado el contenido de un nuevo impuesto llamado «arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias (AIEM)».
El AIEM es un impuesto que gravará las entregas de bienes producidos en las Islas Canarias efectuadas por los productores de tales bienes, así como las importaciones de bienes similares que pertenezcan a la misma categoría definida por referencia a la nomenclatura del arancel aduanero común. La base imponible de los bienes importados se determinará a partir del valor en aduana, y la de las entregas de bienes efectuadas por los productores de tales bienes en las Islas Canarias, a partir de la cuantía total de la contraprestación. Como el APIM, el AIEM podrá ser objeto de exención con respecto a los bienes producidos localmente. La Comisión ha procedido a la evaluación de este proyecto de impuesto, teniendo en cuenta los compromisos que ha asumido en relación con el Consejo al aprobar el Reglamento (CE) nº
2674/1999 y las desventajas que afectan a la actividad de producción industrial en las Islas Canarias".
El resto de argumentos de la...
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