STS, 4 de Octubre de 2007
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:2007:6675 |
| Número de Recurso | 882/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil siete.
VISTO el recurso de casación nº 882/2004, interpuesto por Don Luis María, representado por el Procurador Don Jesús Aguilar España, contra el auto dictado por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 22 de octubre de 2003, confirmado en súplica por el de 14 de noviembre de 2003 en el recurso seguido ante dicha Sala y Sección con el nº 1716/2003, sobre expediente de expulsión.
Don Luis María interpuso recurso contencioso administrativo, que fue tramitado por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el número 1716/03, en el que recayó Auto de 22 de octubre de 2003, confirmado en súplica por Auto de 14 de noviembre de 2003, por el que se declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, por haberse impugnado un acto de trámite.
Frente a dichos autos se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 2 de Octubre de 2007, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de la Sala
Don Luis María interpone recurso de casación nº 882/2004 contra el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª) de 22 de octubre de 2003, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por él.
En su escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, el actor dijo impugnar la desestimación presunta del recurso administrativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo de expulsión del territorio nacional que, decía, se había dictado contra él. Al escrito de interposición adjuntó, como doc. 1/1, ese intitulado recurso de reposición, en el que decía impugnar "las resoluciones de expulsión acordadas contra mi representado" y alegaba que por el tiempo transcurrido desde la incoación del expediente procedía acordar su archivo. Adjuntó asimismo, como doc. nº 1/2, el Acuerdo de incoación del expediente de expulsión.
Mediante providencia de 24 de septiembre de 2003, la Sala acordó oír a las partes sobre la posible inadmisión del recurso por falta de acto impugnable, y el actor evacuó el trámite alegando que el recurso se había interpuesto contra la resolución presunta de la Administración, "ya que esta parte entiende que se debía haber acordado el archivo del procedimiento de expulsión, pues han pasado más de seis meses desde el acuerdo de incoación sin haberse acordado su archivo .... así las cosas, nos encontramos con la vigencia de una resolución administrativa de trámite como es el acuerdo de incoación del procedimiento de expulsión... en consecuencia,, nos hallamos con un acto de trámite susceptible de recurso contencioso-administrativo"
La Sala de instancia declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto. argumentando que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Jurisdiccional los actos de trámite solo pueden ser recurrido si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. El acto impugnado, acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador ha de calificarse como acto de trámite sin que concurran las circunstancias antes expuestas lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 c) de la Ley de Jurisdicción obliga a declarar la inadmisibilidad del presente recurso contencioso."
Contra dicho auto interpuso el actor recurso de súplica, alegando que una vez pasados seis meses desde la iniciación del procedimiento de expulsión se había dirigido a la Administración mediante escrito " que fue calificado como recurso de reposición contra la presumible resolución sancionadora ya que no se había notificado hasta entonces el archivo del expediente administrativo. En dicho recurso se instaba a la Administración al archivo de las actuaciones dado el tiempo transcurrido desde la incoación sin haber recibido notificación alguna.... por ello, entendemos que el objeto del procedimiento se centra en una resolución presunta de la Administración que no acuerda el archivo del expediente sancionador al haber caducado".
El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 14 de noviembre de 2003, por los propios fundamentos de la resolución recurrida.
Contra ese auto de inadmisión ha interpuesto la parte actora recurso de casación, en el cual alega la infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con el artículo 25.1 de la Ley Jurisdiccional 29/98 y el art. 44.2 de la Ley 30/1992 . El recurrente dice que cuando presentó ante la Administración un escrito que calificó como recurso de reposición, lo hizo ante la posibilidad de que la Delegación del Gobierno hubiera acordado la expulsión y no lo hubiera notificado, pero en todo caso en dicho escrito ya se pedía el archivo de las actuaciones por haber transcurrido más de seis meses desde el inicio del expediente, por lo que, no habiéndose dictado aún realmente esa resolución de expulsión, en todo caso la Administración debió anular la propuesta de expulsión, por caducidad del expediente sancionador. Entiende, en suma, que existe un acto presunto desestimatorio de una solicitud de archivo y caducidad del expediente, que pone fin a la vía administrativa y resulta impugnable en sede jurisdiccional.
Vamos a estimar el recurso de casación, a pesar de la notable imprecisión de los sucesivos escritos del recurrente.
En efecto, el actor primero dijo impugnar la desestimación presunta del recurso de reposición promovido contra una resolución de expulsión del territorio nacional; luego dijo haber recurrido un acto de trámite, el de iniciación del expediente de expulsión, que reputaba susceptible de recurso; y ha dicho después que en realidad lo que quiso impugnar en todo momento es la denegación de una petición de anulación de una propuesta de expulsión recaída en el expediente aludido, por haber incurrido dicho expediente en caducidad.
No obstante, a pesar de la confusión que resulta de esta reprochable indeterminación en sus sucesivos escritos y alegaciones, podemos convenir con aquel en que a todos aquellos escritos subyacía la petición de declaración de caducidad del expediente por haberse sobrepasado el plazo establecido para su tramitación, y así se dice, efectivamente, y de forma expresa, en el escrito presentado ante la Administración el día 26 de febrero de 2003, adjunto como doc. nº 1/1 al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, donde se decía, literalmente, los siguiente: "Por el tiempo transcurrido desde la incoación del procedimiento procede anular todos los acuerdos adoptados acordando el archivo del expediente".
Podemos aceptar, pues, que por encima de esas expresiones confusas del interesado, y acudiendo al contenido material de sus escritos y alegaciones, lo que estaba planteando realmente, ante la Administración, era una solicitud de archivo del expediente de expulsión por haber incurrido en caducidad, a la que la Administración no dio respuesta alguna en los meses subsiguientes a su presentación. Y luego ante el Tribunal Superior de Madrid, un recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la solicitud de caducidad del expediente.
Situados en esta perspectiva, hemos de recordar que, como hemos resaltado en numerosas sentencias, esa petición de declaración de caducidad y archivo del expediente será o no acertada, pero su desestimación por silencio da lugar a un acto administrativo perfectamente recurrible, que es el referente a si el expediente ha incurrido o no en caducidad. La caducidad opera y puede alegarse (y su no declaración, expresa o presunta, puede impugnarse) por el puro transcurso del plazo. Si las cosas fueran de otro modo, y la Administración nunca dictara resolución expresa ni declarara la caducidad, el interesado no podría nunca acceder a los Tribunales de Justicia a fin de que estos la declararan, cosa que carecería de sentido.
Se está, pues, en el caso de declarar haber lugar al recurso de casación, por infracción de aquellos preceptos, a fin de que continúe ante la Sala de instancia la tramitación del recurso contencioso administrativo (en el mismo sentido nos hemos pronunciado, a propósito de un recurso sustancialmente igual al presente, en reciente sentencia de 25 de julio de 2007, RC 1279/2004 ).
Al declararse haber lugar al recurso de casación procede no condenar en las costas de casación (artículo 139-2 de la L.J .), y no existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos haber lugar al presente recurso de casación nº 882/2004 interpuesto por Don Luis María contra el auto de fecha 22 de octubre de 2003 dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 9ª, confirmado en súplica por auto de 14 de noviembre de 2003, por el que se inadmitió el recurso contencioso administrativo nº 1716/03; y en consecuencia:
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- Revocamos dichos autos.
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- Declaramos que el recurso contencioso administrativo nº 1716/03 debe continuar su tramitación.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
