STS, 6 de Octubre de 2005

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó, con fecha 9 de febrero de 2001, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 1010 de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de D. Jose Carlos contra la resolución del Ministerio del Interior de 11 de octubre de 1999 que inadmitió a trámite su solicitud para la concesión del derecho de asilo, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes."

Notificada la referida sentencia, el demandante presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviesen por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 15 de marzo de 2001, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Dentro del plazo al efecto concedido, comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrido, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, y, como recurrente D. Jose Carlos, representado por la Procuradora Dª Fátima Rosa Muñoz al mismo tiempo que presentó escrito de interposición de recurso de casación, articulado en un solo motivo de casación formulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, terminando con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se dicte otra ordenando admitir a trámite la solicitud de asilo.

Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se dio traslado por copia al Abogado del Estado para que, en el plazo de treinta días, formalizase por escrito su oposición, lo que llevó a cabo con fecha 9 de septiembre de 2004, solicitando que se declare no haber lugar al mismo y se impongan las costas al recurrente.

Formalizada la oposición al recurso de casación, se ordenó que las actuaciones quedasen en poder del Secretario de Sala para su señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 4 de Octubre de 2005 , en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala

Se impugna en este recurso de casación nº 2667/2001 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) dictó en fecha 9 de febrero de 2001 y en su recurso contencioso administrativo nº 1010/1999, por medio de la cual se desestimó el formulado por Don Jose Carlos, quien dice ser de origen kurdo, contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 11 de octubre de 1999, que inadmitió a trámite su solicitud de asilo, y contra la de 13 de octubre del mismo año que desestimó la solicitud de reexamen.

En su solicitud de asilo, el ahora recurrente en casación, que dice provenir de Turquía y ser de origen kurdo, expuso, en síntesis, que sus hermanos habían ingresado en el grupo guerrillero del PKK, y que la persecución que sufre el pueblo kurdo le había llevado a huir.

Por resolución de 20 de diciembre de 1999 la Administración acordó la inadmisión a trámite de esta solicitud, "al concurrir la circunstancia contemplada en la letra d) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la ley 9/94, por cuanto la solicitud está basada en alegaciones manifiestamente inverosímiles, habida cuenta que el solicitante ha formulado su petición alegando una determinada nacionalidad y sin embargo desconoce cuestiones básicas del que dice ser su país, manifestando no saber hablar turco ni poseer la tarjeta de identidad turca, lo que contradice la información disponible sobre dicho país, pues el conocimiento del idioma turco es generalizado y universal entre el conjunto de la población, incluida la perteneciente al colectivo kurdo, y lo mismo puede afirmarse respecto al registro e identificación mediante la correspondiente tarjeta de identidad personal. Por otra parte, se tiene constancia en el expediente de que el solicitante habla la lengua árabe, por lo que en dos ocasiones precedentes se intentó proceder a la realización de la solicitud de asilo, negándose en ambas ocasiones el interesado a hacerlo en dicha lengua, lo que demuestra una falta absoluta de observancia del deber de colaboración que la normativa española exige a todo solicitante de asilo". En definitiva, como consecuencia de la falta de colaboración, de la falsa atribución de nacionalidad y de que el solicitante ha formulado su solicitud bajo una identidad sobre cuya autenticidad, a la vista del conjunto de informaciones obrantes en el expediente, puede razonablemente dudarse, es evidente que dicho comportamiento tiene por objeto conceder una credibilidad y verosimilitud a las alegaciones de persecución aducidas en base a su pertenencia a la minoría kurda de Turquía, lo cual no se corresponde con la auténtica identidad y nacionalidad del solicitante".

Notificada esta resolución al interesado, pidió su reexamen, con un relato por el que vino a reiterar lo ya manifestado en la solicitud de asilo, insistiendo en que su petición de asilo se basaba en su condición étnica kurda y en la participación activa de familiares en la guerrilla del PKK, temiendo por su vida en caso de tener que regresar a Turquía.

Finalmente, esta petición de reexamen fue rechazada por resolución de 13 de octubre de 1999, por considerar la Administración que subsistían las razones que habían determinado la inadmisión a trámite de aquella petición de asilo.

Impugnadas esas resoluciones en la vía contencioso administrativa, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) dicto sentencia confirmándola. Se basó para ello, en sustancia, en las siguientes razones". El ahora demandante llegó al aeropuerto de Barajas el 25 de septiembre de 1999 en vuelo procedente de Ammán y con un pasaporte expedido en Siria a nombre de Mustafa Lazkin (si bien luego manifestaría que este pasaporte es falso). El servicio de control de vuelos conservó fotocopia del citado pasaporte así como del billete Ammán-Madrid- Habana-Madrid-Amman, pero al siguiente día, 26 de septiembre, el recurrente se encontraba en la zona de tránsitos del aeropuerto sin pasaporte ni billete de avión. Este mismo día 26-09-1999 los agentes policiales se disponían a reembarcarlo en un vuelo con destino a Amman por encontrarse indocumentado, siendo entonces cuando el ahora recurrente manifestó su voluntad de solicitar asilo, si bien tal solicitud no se formalizó hasta el 10-10-1999 y una vez que se contó con la intervención de un intérprete de kurdo kremanji, dado que el recurrente manifestó que no hablaba árabe ni turco ni cualquier otro idioma que no fuese el kurdo kremanji (consta en el expediente el intento de practicar diligencias los días 27 y 28 de septiembre de 1999 con la asistencia de Letrado y la intervención de un intérprete primero de árabe y luego de turco, pero en ambos casos con resultado fallido por la manifestación del recurrente en el sentido de no hablar más que kurdo kremanji). En la solicitud de asilo formalizada el 10 de octubre de 1999 el ahora recurrente manifestaba ser objeto de persecución por parte del Gobierno de Turquía por ser kurdo y debido a la participación de familiares suyos en la guerrilla kurda (P.K.K.); que carece de documentación porque el Gobierno de Turquía no lo reconoce como ciudadano ni le reconoce derechos; que el pasaporte sirio que portaba es falso y se lo proporcionó el traficante que los acompañó hasta Jordania; y que teme ser devuelto a Turquía ya que su regreso a aquel país puede suponer su encarcelamiento o su desaparición. ..... Frente a la manifestación que hizo el ahora recurrente de que sólo habla el idioma kurdo kremanji en el acto recurrido se afirma que el solicitante habla la lengua árabe, apreciación ésta que lleva a la Administración a reprochar al recurrente una falta absoluta de observancia del deber de colaboración que la normativa española exige a todo solicitante de asilo. Esta Sala considera que no aparecen en el expediente administrativo datos que permitan afirmar de manera concluyente que el solicitante de asilo se haya negado a utilizar un idioma que conoce. Sin embargo, una vez señalado que este concreto aspecto de la argumentación del acto impugnado no cuenta con el necesario respaldo probatorio, debemos destacar que el resto de la fundamentación del acto recurrido resulta acertada y que, en definitiva, consideramos ajustada a derecho la decisión de inadmitir a trámite la solicitud de asilo. En efecto, tanto en vía administrativa como en el curso de este proceso el solicitante de asilo se ha limitado a formular determinadas alegaciones sobre la persecución de la que supuestamente habría sido objeto por parte de las autoridades de Turquía, pero no ha aportado una sola prueba o al menos algún indicio que permita afirmar si no ya la certeza sí al menos la verosimilitud de sus alegaciones. Más bien al contrario, el hecho de que el recurrente portase en un primer momento un documento de identidad del que luego se deshizo y que él mismo ha reputado como falso permite albergar serias dudas sobre la veracidad del resto de sus manifestaciones. Y, en fin, el que posteriormente manifestase ser nacional de un país (Turquía) del que sin embargo ni siquiera habla el idioma además de desconocer otros muchos datos básicos contribuye decisivamente a reforzar la apreciación de que el solicitante de asilo ha realizado una alegaciones carentes de verosimilitud. En consecuencia, debe considerarse ajustada a derecho la resolución ministerial que inadmitió a trámite la solicitud de asilo al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.6.d) de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado."

En el encabezamiento del escrito de interposición se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 5.6, d) de la Ley 5/1984, de 26 marzo, reguladora del derecho de asilo, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo, en relación con los artículos 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 1951, 10.2 , 24 y 25 de la Constitución; pues el recurrente alega que los hechos alegados (su persecución por causa de su condición de kurdo) son verosímiles, sin que en fase de admisión de la solicitud de asilo sea exigible la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de sus manifestaciones.

El recurso de casación debe ser estimado.

Como se ha indicado, la resolución administrativa que la Sala de instancia ha considerado conforme a Derecho desestimó la petición de reexamen y ratificó, por tanto, la que dos días antes había inadmitido a trámite la solicitud de asilo presentada por el actor, al apreciar que concurría la circunstancia prevista en la letra d) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado; precepto que, como es sabido, atribuye a la Administración la facultad de dictar una resolución semejante, esto es, de inadmisión a trámite, cuando "la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección". Precisemos, aun más, que de los tres supuestos que cabe diferenciar en la norma transcrita (falsedad manifiesta, inverosimilitud o pérdida sobrevenida de la necesidad de protección), la Administración apreció que concurría el segundo.

Pues bien, tal y como dijimos en sentencias de 3 de Noviembre de 2004 y 29 de marzo de 2005 (casaciones nº 7621/00 y 6629/01), referidas también a solicitantes de asilo del mismo grupo de seis personas de etnia kurda, la perspectiva desde la que ha de enjuiciarse una resolución administrativa que inadmite a trámite una solicitud de asilo es, debe ser, la de si la Administración ha motivado de manera suficiente y razonable que concurre la concreta causa de inadmisión que aprecia; de suerte que, de ser necesario, será sobre ella, sobre la Administración, sobre quien pese la carga de justificar que la solicitud de que se trata se subsume en una de las causas de inadmisión que con carácter tasado, cerrado, no abierto, prevé el artículo 5.6 de la Ley 5/1984 en sus letras a) a f); y no sobre el solicitante la de acreditar lo contrario, esto es, que no concurre la causa de inadmisión.

Ello es así, porque la inadmisión a trámite de una solicitud sin aquella motivación suficiente y razonable y, por ende, con la consiguiente incertidumbre sobre si concurre o no una de esas causas tasadas: (1) vulnera la expresa exigencia de motivación que impone dicho artículo 5.6 en el primero de sus párrafos; (2) no satisface la razón de ser de la reforma que introdujo en este particular la Ley 9/1994, de 19 de mayo, que descansa, tal y como resulta de su Exposición de Motivos (véase, sobre todo, su párrafo undécimo), en el presupuesto de solicitudes tan manifiestamente infundadas que no merezcan un examen en profundidad; y (3) no cumple lo ordenado en los artículos 17.1 y 18 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, aprobado por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, que exigen para que la Oficina de Asilo y Refugio pueda proponer la inadmisión a trámite en el procedimiento ordinario, o para que pueda ser aplicado el procedimiento de inadmisión a trámite en frontera, que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley lo sea de modo manifiesto (el primero de dichos preceptos), o de forma manifiesta y terminante (el segundo de ellos).

En suma, la perspectiva de análisis es la indicada y no la que sería propia del enjuiciamiento de aquella resolución administrativa que, tras la admisión a trámite de la solicitud de asilo, y tras la tramitación del procedimiento, denegara su concesión; supuesto, éste, en el que pasa a ser de cargo del solicitante la aportación de los indicios suficientes que exige el artículo 8 de la Ley 5/1984.

Pues bien, la Sala de instancia hace suyo y asume el criterio sustentado en la resolución impugnada, que fue, según resulta de lo antes transcrito, que lo alegado por el solicitante de asilo era inverosímil y que lo era, precisamente, por desconocer cuestiones básicas del que decía ser su país. Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta que el recurrente viajaba con pasaporte sirio pese a lo cual manifestaba ser turco de etnia kurda, resultando que decía no hablar árabe ni turco (idiomas que debería conocer si efectivamente procedían de Turquía) , sino únicamente el idioma kurdo kremangí (razón esta por la que se negó a hablar con un intérprete en árabe y turco). Entendió, en suma, la Sala de instancia que, partiendo de la falsedad de su pasaporte sirio, el desconocimiento añadido de los idiomas árabe y turco, y la falta de colaboración con los entrevistadores e intérprete, restaban toda credibilidad a sus alegaciones.

Así pues, el dato definitivo para considerar inverosímil el relato del solicitante fue que este no hablaran árabe ni turco e insistieran en hablar únicamente en kurdo. Pues bien, tal conclusión, lejos de presentarse como razonable, parece claramente ilógica, pues el hecho de que un solicitante de asilo, que dice ser kurdo, insista en hablar únicamente en kurdo, lejos de restar credibilidad a sus alegaciones, no hace sino reforzar la verosimilitud de su alegada condición étnica, pues si afirma manejar ese idioma, tal dato, de confirmarse, constituiría el mejor indicio de la veracidad de su relato, sin que esta apreciación quede necesariamente desvirtuada por el hecho de que dijera no hablar árabe o se negaran a hablar en dicho idioma, más aún dada su condición de analfabeto, pues en todo caso subsiste el dato de que decía hablar kurdo, y puede colegirse razonablemente que si una persona habla y se expresa en un idioma localizado y minoritario como el kurdo, es porque tiene dicha condición o al menos es verosímil que la tenga.

Puede, pues, concluirse que la Administración aplicó indebidamente el tan citado artículo 5.6.d) de la Ley de Asilo, por no justificar de forma lógica y razonable los motivos por los que consideraba inverosímil el relato del actor; error en el que asimismo incurre la sentencia de instancia al dar por bueno el criterio de la Administración.

La estimación del motivo de casación alegado, al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, nos impone el deber de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

La cuestión, según lo expresado antes, se circunscribe a decidir si procede admitir a trámite la petición de asilo formulada por el recurrente teniendo en cuenta los hechos alegados a tal fin.

Pues bien, el recurrente manifestó ser objeto de persecución por parte del Gobierno de Turquía por ser kurdo y debido a la participación de familiares suyos en la guerrilla kurda (P.K.K.); que carece de documentación porque el Gobierno de Turquía no lo reconoce como ciudadano ni le reconoce derechos; que el pasaporte sirio que portaba es falso y se lo proporcionó el traficante que los acompañó hasta Jordania; y que teme ser devuelto a Turquía ya que su regreso a aquel país puede suponer su encarcelamiento o su desaparición.

Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que aunque la Administración inadmitió a trámite la solicitud de asilo del recurrente y desestimó su petición de reexamen, lo cierto es que siete días después, el 20 de octubre de 1999, autorizó por razones humanitarias (artículo 17.2 de la Ley 5/1984) su permanencia en España conforme a lo previsto en la legislación general de extranjería, sin explicar las razones de tal proceder.

Así las cosas, las causas alegadas por el recurrente, para pedir el asilo, pueden ser, en principio, de las que confieren la condición de refugiado, sin que quepa afirmar, en contra del parecer de la Administración, que resulten manifiestamente inverosímiles, pues es cierta la existencia en Turquía de un conflicto con los kurdos, determinante de enfrentamientos entre activistas kurdos y el ejército, que provocan detenciones e interrogatorios de presuntos colaboradores de esos grupos. Por añadidura, bien puede decirse que no se trata de un relato tan genérico e impreciso como para justificarse por tal razón su inadmisión a trámite, siendo cuestión distinta que luego, en la tramitación del expediente, acaso no se aporten indicios suficientes para una resolución final favorable.

La certeza y exactitud de los concretos hechos alegados habrá, lógicamente, de ser objeto de prueba, al menos indiciaria, durante la tramitación del correspondiente procedimiento, según prevé el artículo 8 de la referida Ley de Asilo 5/1984, para lo que la solicitud presentada habrá de ser admitida a trámite. Será al término del procedimiento, una vez recabados los preceptivos informes y practicadas las indagaciones y pruebas pertinentes, cuando se pueda deducir si existen o no los indicios suficientes, según la naturaleza del caso, para decidir que se cumplen o no los requisitos a que se refiere el número primero del artículo 3 de la tan citada Ley de Asilo.

La declaración de haber lugar al recurso de casación interpuesto determina, según lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, que cada parte deba soportar sus propias costas, sin que existan méritos para imponer a cualquiera de ellas las causadas en la instancia, al no apreciarse en su actuación mala fe ni temeridad, conforme a lo dispuesto en el apartado primero del mismo precepto.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley Jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución;