STS, 7 de Junio de 2006
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2006:3232 |
| Número de Recurso | 5388/2004 |
| Procedimiento | CONSIGNACIÓN RENTAS |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
JUAN JOSE GONZALEZ RIVASNICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLENPABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAJOSE DIAZ DELGADOEDUARDO CALVO ROJAS
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil seis.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5388/2004 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 23 de octubre de 2003 y 2 de febrero de 2004 , dictados en la pieza separada de extensión de efectos de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2002 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 230/99 , sin que haya comparecido la parte recurrida, pese a estar emplazada en forma.
El Auto de 23 de octubre de 2003 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el recurso 230/99 . Por Auto de 2 de febrero de 2004 la misma Sección desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el Auto anterior.
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación y la Sala de instancia lo tuvo por preparado emplazando a las partes ante esta Sala.
El Abogado del Estado interpone recurso de casación por tres motivos: 1) Infracción del artículo 110.1.a) de la LJ , al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ . 2) Infracción del artículo 110.3 de la LJ , al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ . 3) Infracción del artículo 110.1.a) de la LJ , al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ .
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 31 de mayo de 2006.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 18 de mayo de 2002 y en el recurso contencioso-administrativo nº 230/99 dictó sentencia del siguiente tenor literal: "Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto, en su propio nombre y representación, por D. Fidel contra el acto administrativo reflejado en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, el cual, por ser contrario a derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos el derecho que ostenta el hoy actor a que la Administración demandada le abone, a partir del 1 de Enero de 1998, el complemento de productividad en al cuantía de 5.000 pesetas mensuales; la cantidad resultante de la liquidación a efectuar conforme a lo dicho anteriormente devengará, desde la fecha de la notificación de esta Sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma, el interés legal conforme al artículo 106.2º de la Ley de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1.998, de 13 de Julio , sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del propio artículo 106; pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".
D. Pedro Enrique solicitó la extensión de los efectos de dicha sentencia y el Abogado del Estado se opuso a la misma.
Los Autos de 23 de octubre de 2003 y 18 de mayo de 2002 reconocieron la extensión de efectos de la sentencia a favor de D. Pedro Enrique.
El primer motivo de casación del Abogado del Estado se basa en la infracción del artículo 110.1.a), al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA , señalando, además de referirse al acto firme y consentido y a la cosa juzgada, a que el primero de los requisitos para extender los efectos de la sentencia es la identidad de la situación jurídica entre los interesados, pues para que pueda acordarse la extensión de los efectos de una sentencia firme es que se hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas a otras distintas ya que consiste en "que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo".
El texto de la norma es claro y las situaciones jurídicas deben ser no iguales o equivalentes sino idénticas y no son idénticas dichas situaciones pues además de lo ya indicado en la sentencia de esta Sala y Sección de 17 de mayo de 2006 (cas. 3591/03 ) en cuanto al régimen jurídico aplicable, en el caso del Sr. Fidel, según se contempla en la sentencia cuya extensión de efectos se propugna, se reconoce el abono del complemento de productividad atendiendo a su naturaleza y carácter.
En el caso del recurrente consta acreditado en las actuaciones que percibió en concepto de productividad en enero, febrero y marzo de 1998, 2.100 pesetas, según certificación del Jefe del Area de Retribuciones de la Dirección General de la Policía de 11 de septiembre de 2003, que fue compatible con el complemento de turnicidad, por importe de 15.000 pesetas durante el período enero-marzo 1998, lo que implica reconocer, como hace la sentencia cuya extensión de efectos se pretende de 18 de mayo de 2002, en el fundamento jurídico cuarto, el percibo acumulativo del complemento de productividad y la certificación por turnos rotatorios.
También consta acreditado en las actuaciones que D. Pedro Enrique, del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1998 y del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999 en concepto de productividad se le asignó el código 45, según la certificación del Secretario accidental de la Comisaría de Jerez de la Frontera -Cádiz- de 6 de agosto de 2003 y en el año 1998 percibió por el concepto de productividad 12,62 euros (enero a marzo) y 102,77 euros (abril 1998 a diciembre de 1999), según la certificación de la habilitación del personal adscrito a los servicios de la Dirección General de la Policía de Cádiz.
Además, D. Fidel interpuso recurso contencioso-administrativo en tiempo contra un determinado acto administrativo (la Resolución de 11 de diciembre de 1998) y en el caso del funcionario solicitante de la extensión de efectos D. Pedro Enrique, éste no solicitó en ningún momento a la Administración el reconocimiento de su derecho a percibir el complemento de productividad residual en cuantía de 5000 pesetas mensuales, pues, como reconoce en su escrito de 10 de enero de 2003 dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tan pronto conoció la existencia del pronunciamiento judicial favorable al Sr. Fidel se limitó a solicitar a la Dirección General de la Policía el 27 de septiembre de 2002, la extensión de efectos de la sentencia dictada por dicha Sala el 18 de mayo de 2002 en el recurso 230/99, sin interponer recurso contencioso administrativo alguno, a diferencia del Sr. Fidel, lo que hace inadecuada la identidad de la situación jurídica de la parte recurrida, que no se ha personado en forma, con la situación jurídica en la que se encontraba en el momento de la interposición del recurso la parte favorecida por el fallo, cuya extensión de efectos se pretende.
Las anteriores consideraciones conducen a estimar el primer motivo del recurso de casación formulado por el Abogado del Estado, pues la figura de la extensión de efectos debe entenderse aplicable únicamente respecto de aquellos litigios que se puedan plantear respecto de actos administrativos que afecten a una pluralidad de destinatarios que se encuentren en una situación de hecho y de derecho idéntica, lo que no consta, ya que el artículo 110 de la Ley 29/98 tiene por finalidad evitar la multiplicación de procesos sobre idénticas situaciones jurídicas en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública y tiene su aplicación, en cuestiones de personal, cuando un determinado colectivo o grupo de funcionarios se encuentra en idéntica situación respecto a sus retribuciones, encuadramiento en un Grupo de clasificación, niveles que se les asignan, complementos a los que se creen con derecho, igualdad que reclaman respecto a otro grupo o colectivo de funcionarios por la igualdad de sus servicios, u otros supuestos semejantes que pueden presentarse en el desarrollo de la relación estatutaria, circunstancias, en este caso, no concurrentes.
La estimación del primero de los motivos excluye el análisis de los motivos segundo y tercero del recurso de casación basados, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la Ley 29/98 en el artículo 110.3 y 110.1.a) respectivamente , que también inciden en la falta de identidad sustancial en la cuestión planteada.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar haber lugar al recurso de casación, sin costas.
En el recurso de casación nº 5388/2004 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 23 de octubre de 2003 y 2 de febrero de 2004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos del recurso 230/99, seguido ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , procede hacer los siguientes pronunciamientos:
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Casar, anular y dejar sin efecto los Autos recurridos, que reconocieron la extensión de efectos de la sentencia de 18 de mayo de 2002 en el recurso contencioso-administrativo nº 230/99 .
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Desestimar la reclamación formulada por D. Pedro Enrique ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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