Entidades que a la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existían con un tipo distinto de los enumerados en el artículo 84.1 del citado texto legal
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ORGANISMOS PÚBLICOS
11.21 ENTIDADES QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,
DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, EXISTÍAN CON UN TIPO DISTINTO DE LOS
ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 84.1 DEL CITADO TEXTO LEGAL
Dictamen sobre si las entidades que a la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existían con un tipo distinto de los
enumerados en el artículo 84.1 del citado texto legal, están sujetas a la obligación de
adaptación sancionada en su disposición adicional cuarta. 1
La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha
examinado, al amparo de lo dispuesto en la Instrucción 3/2010, d e 17 de mayo, sobre
Estado y actuación procesal y consultiva de los Abogados del Estado, su proyecto de
informe sobre la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público a las entidades no incluidas en los tipos
que se prevén en su artículo 84. En relación con dicha consulta, este Centro Directivo
emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
1. En fecha 25 de junio de 2021 la Dirección General de Gobernanza Pública
formuló consulta a la Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en los siguientes términos:
«Consulta de la Dirección General de Gobernanza pública en relación con la aplicación
Jurídico del Sector Público, a las entidades y organismos públicos no incluidos en la
tipología de los que se prevén en su artículo 84.
I. ANTECEDENTES
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado (en adelante LOFAGE), preveía en sus disposiciones adicionales
diversas especialidades en el régimen jurídico aplicable a determinados organismos y
entidades públicas.
1 Informe emitido el 26 de julio de 2021 por D.ª Mónica Moraleda Saceda, Abogada del Estado
adjunta, Subdirección General de Servicios Consultivos.
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