La desestimación de las demandas de responsabilidad patrimonial del Estado por la sentencia de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía
| Autor | vLex |
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2024 (recurso 43/2023) examina si la expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales determina, por sí mismo, que el abono de cantidades por el Impuesto por el Incremento del valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (Plusvalía) constituya un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial.
La entidad Asua Patrimonio, SL, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2022, que desestimaba cincuenta solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador con sustento en la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.(IIVTNU)
La Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre (publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de noviembre de 2021) que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de imposición consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución, y ello con independencia de que existiera o no incremento de valor de los terrenos en el momento de la transmisión.
La entidad recurrente plantea la existencia de responsabilidad patrimonial las Administraciones públicas en tanto que:
1) En sus recursos invocó siempre la inconstitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas por contravenir el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31 de la Constitución.
2) Se dan todas las circunstancias para exigir responsabilidad patrimonial al Estado-legislador como consecuencia de la referida declaración de inconstitucionalidad, sin que le sea aplicable la limitación de efectos contenida en el fundamento de derecho sexto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre (Sentencia que no limita en modo alguno la posibilidad de promover una...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba