DECRETO 18/2024, de 6 de febrero, del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la mejora de la eficiencia del gasto público de la Generalitat. [2024/1030]

SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorConselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Rango de LeyDecreto

ÍNDICE

Preámbulo
Artículo 1 Objeto
Artículo 2 Creación y adscripción de la Comisión
Artículo 3 Naturaleza y finalidad de la Comisión
Artículo 4

Composición de la Comisión.

Artículo 5 Funciones de la Comisión
Artículo 6 Sistema de evaluación continua
Artículo 7 Indicadores de eficacia y eficiencia
Artículo 8 Planificación estratégica
Artículo 9 Estructura presupuestaria
Artículo 10 Régimen general de funcionamiento de la Comisión Disposición adicional única

Incidencia presupuestaria Disposiciones finales.

Primera. Desarrollo normativo

Segunda. Entrada en vigor

PREÁMBULO

El contexto económico complejo descrito en la exposición de motivos de la Ley de presupuestos para 2024 plantea desafíos significativos para la Comunitat Valenciana. La situación financiera crítica ha exigido la elaboración de unos presupuestos basados en la eficiencia, responsabilidad fiscal, sostenibilidad y rigor, que pivotan sobre cuatro ejes prioritarios: la optimización de la gestión de recursos públicos, la implementación de una reforma fiscal para generar empleo y riqueza, garantizar servicios públicos de calidad y acceso a la vivienda, y apoyar al tejido productivo, la innovación y la transición energética.

La importancia de la evaluación de políticas públicas se evidencia ante la necesidad de abordar esta compleja coyuntura económica y financiera de la Comunitat Valenciana de manera eficiente, responsable y basada en resultados concretos. La evaluación de políticas proporciona la información necesaria para tomar decisiones informadas, mejorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones gubernamentales, y optimizar la gestión de los recursos públicos mediante la eliminación de duplicidades y de gasto superfluo.

Por su parte, el Consejo de Ministros, en su reunión del 12 de diciembre de 2023, aprobó el Acuerdo que fijaba los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para las administraciones públicas en el periodo 2024-2026; una etapa marcada por el regreso de las reglas fiscales, suspendidas con motivo de la pandemia de coronavirus y posteriormente por el impacto de la guerra en Ucrania. En ese Acuerdo se incluyen como objetivos para 2026 que las administraciones autonómicas, en 2026, alcancen un déficit del 0 % y una deuda pública del 20,3 %.

En este mismo sentido, la UE va a establecer próximamente el nuevo marco de reglas fiscales, que deberá empezar a aplicarse durante 2024 con un horizonte temporal que llega hasta 2028. Previsiblemente, este nuevo marco determinará una senda más exigente para la contención del déficit. Estas recomendaciones deberán ser coherentes con los criterios propuestos en las orientaciones de la Comisión, al tiempo que seguirán ajustándose a la legislación vigente en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Consecuentemente, todas las administraciones públicas de los estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho marco fiscal.

Esta perspectiva de ajuste de las reglas fiscales ahonda en la necesidad de definir medidas que permitan establecer nuevos mecanismos o mejorar los existentes, destinados a optimizar la eficiencia y eficacia de las políticas de gasto de la administración. Estas medidas no pueden limitarse a maximizar la ejecución presupuestaria, sino que deben profundizar en el gasto mediante otro tipo de indicadores que permitan

evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que las políticas pretenden alcanzar.

La evaluación de las políticas públicas se convierte en una herramienta estratégica para cumplir con los objetivos de estabilidad, techo de gasto no financiero y las reglas fiscales de la Unión Europea, así como para planificar escenarios presupuestarios plurianuales de manera efectiva. Proporciona la base necesaria para la toma de decisiones informadas, basadas en la evidencia, y para aumentar la transparencia y rendir cuentas sobre la utilización de los recursos públicos y su impacto, elementos cruciales en la gestión financiera y fiscal de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana cuenta con un marco normativo propio y suficiente para implantar un sistema de evaluación de políticas públicas. Por un lado, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, a través de la programación presupuestaria, los escenarios plurianuales a través de programas plurianuales, agrupados por Consellerias, y que establecen objetivos a conseguir, acciones para alcanzarlos y dotaciones económicas, el balance de resultados e informe de gestión relativo al cumplimiento de los objetivos fijados, entre otros. Además, en su artículo 32.3, la ley establece que los programas de gasto incluirán los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos seleccionados que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Por otro lado, la Ley 1/2022, de 13 de abril, de...

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