STS, 20 de Septiembre de 2006
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2006:5940 |
| Número de Recurso | 11121/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia dictada, con fecha 18 de Mayo de 2.002, en el recurso 230/1.999 , seguido ante esta Sección, y en su consecuencia: a) Reconocer el derecho que ostenta D. Alexander a percibir mensualmente desde 1 de Enero de 1.998 y acumuladamente, las cantidades establecidas para compensación por la realización de turnos rotatorios, los meses que los hubiera desempeñado, junto con las cantidades asignadas por productividad al puesto/s de trabajo desempeñados, (o la cantidad señalada por productividad residual en las Instrucciones de la Dirección General de la Policía para el caso de que aquél/los no tuvieran reseñada suma alguna específica en las mismas); b) Reconocer el derecho del antes citado a que por la Dirección General de la Policía se le gire liquidación, con efectos desde 1 de Enero de 1.998, conforme a lo expuesto en el apartado anterior, así como a que se le abonen las diferencias retributivas que pudieran resultar de la misma. Las cantidades a abonar devengarán los intereses correspondientes a que alude el artículo 106.2 de la Ley 29/98, de 13 de Julio . Pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y todo ello sin efectuar declaración alguna en cuanto a costas".
El primer motivo de casación del Abogado del Estado se basa en la infracción del artículo 110.1.a ), al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA , señalando, además de referirse al acto firme y consentido y a la cosa juzgada, a que el primero de los requisitos para extender los efectos de la sentencia es la identidad de la situación jurídica entre los interesados, pues para que pueda acordarse la extensión de los efectos de una sentencia firme es preciso que se hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas a otras distintas ya que consiste en "que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo".
La Sala tiene reiteradamente declarado que el artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública, la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo. El artículo 110.1.a) LJ es terminante a este respecto: exige que sean no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado, a la hora de comprobar si existe o no esa identidad. Naturalmente, tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley Jurisdiccional está pidiendo que sean las mismas las circunstancias de hecho y las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, y la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica.
Pues bien, puede comprobarse en las actuaciones que el recurrente solicitó de la sala de instancia el reconocimiento del derecho a percibir la cantidad por productividad residual, con independencia de la devengada como gratificación por desempeño de turnos rotatorios, que es lo que reconoció la sentencia extendida.
Sin embargo, los autos impugnados, excediéndose del pronunciamiento de la sentencia dictada en el rec. nº 230/99 , que se limita a declarar el derecho del actor a que por "la Administración demandada le abone, a partir del 1 de Enero de 1.998, el complemento de productividad en la cuantía de 5.000 pesetas mensuales", lo que vienen a reconocer es "el derecho que ostenta D. Alexander a percibir mensualmente desde 1 de Enero de 1.998 y acumuladamente, las cantidades establecidas para compensación por la realización de turnos rotatorios, los meses que los hubiera desempeñado, junto con las cantidades asignadas por productividad al puesto/s de trabajo desempeñados, (o la cantidad señalada por productividad residual en las Instrucciones de la Dirección General de la Policía para el caso de que aquél/los no tuvieran reseñada suma alguna específica en las mismas)".
Por otra parte, consta acreditado en las actuaciones que el recurrente, a diferencia del Sr. Millán , percibió en concepto de productividad desde enero de 1998 a mayo de 1999, 2.400 pesetas, según certificación del Jefe del Área de Retribuciones de la Dirección General de la Policía de 9 de diciembre de 2003, que fue compatible con el complemento de turnicidad, por importe de 15.000 pesetas, lo que implica reconocer, como hace la sentencia cuya extensión de efectos se pretende de 18 de mayo de 2002 , en el fundamento jurídico cuarto, el percibo acumulativo del complemento de productividad y la certificación por turnos rotatorios.
También consta acreditado, según la misma certificación que percibió por el concepto específico de productividad desde junio a diciembre de 1999 la cantidad de 3.500 pesetas.
Las anteriores consideraciones conducen a estimar el primer motivo del recurso de casación formulado por el Abogado del Estado, pues la figura de la extensión de efectos debe entenderse aplicable únicamente respecto de aquellos litigios que se puedan plantear respecto de actos administrativos que afecten a una pluralidad de destinatarios que se encuentren en una situación de hecho y de derecho idéntica, lo que no consta, ya que el artículo 110 de la Ley 29/98 tiene por finalidad evitar la multiplicación de procesos sobre idénticas situaciones jurídicas en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública y tiene su aplicación, en cuestiones de personal, cuando un determinado colectivo o grupo de funcionarios se encuentra en idéntica situación respecto a sus retribuciones, encuadramiento en un Grupo de clasificación, niveles que se les asignan, complementos a los que se creen con derecho, igualdad que reclaman respecto a otro grupo o colectivo de funcionarios por la igualdad de sus servicios, u otros supuestos semejantes que pueden presentarse en el desarrollo de la relación estatutaria, circunstancias, en este caso, no concurrentes.
La estimación del primero de los motivos excluye el análisis de los motivos segundo y tercero del recurso de casación basados, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la Ley 29/98 en el artículo 110.3 y 110.1.a ) respectivamente, que también inciden en la falta de identidad sustancial en la cuestión planteada.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar haber lugar al recurso de casación, sin costas.
En el recurso de casación nº 11121/2004 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 19 de diciembre de 2003 y 5 de mayo de 2004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos del recurso 230/99, seguido ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, procede hacer los siguientes pronunciamientos:
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Casar, anular y dejar sin efecto los Autos recurridos, que reconocieron la extensión de efectos de la sentencia de 18 de mayo de 2002 en el recurso contencioso-administrativo nº 230/99.
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Desestimar la reclamación formulada por D. Alexander ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
