La crisis en Argentina y su impacto en las relaciones jurídicas patrimoniales
| Autor | María Isabel Benavente |
| Cargo | Universidad de Buenos Aires |
Aunque el tercer milenio arrancó con una crisis gravísima, tal vez la peor de su historia, lamentablemente Argentina es un país acostumbrado a la emergencia y a las crisis económicas, políticas e institucionales como así también a las soluciones legislativas drásticas que avanzan sobre los derechos individuales a punto de convertirlos en meramente teóricos y nominales. Prueba de ello, es que a lo largo de los años se consolidó la doctrina de emergencia, tolerada por la Corte Suprema en resonantes precedentes inspirados en antecedentes jurisprudenciales norteamericanos. La nota sobresaliente de la situación actual es que, en esta oportunidad, a la crisis económico-política y financiera se sumó una inédita y generalizada crisis social, producto del marcado empobrecimiento de la clase media -mayoritaria hasta hace poco tiempo- que alcanza niveles desproporcionados.
Apartir del mes de noviembre de 2000 se sucedieron una serie encadenada de normas, preludio de la situación actual. Primero se declaró la Emergencia de la situación económico-financiera del Estado Nacional-(ley 25.344)-, a la que sucedió la refinanciación de la deuda pública, reducción de salarios, de haberes previsionales, etc.. Algunas provincias por falta de dinero, lisa y llanamente no pudieron hacer frente al pago de estos últimos y emitieron bonos, de dudosa constitucionalidad. La falta de confianza en el sistema provocó una fuga masiva de depósitos bancarios, sobre todo de grandes capitales. El punto más álgido se produjo en el mes de diciembre de 2001 cuando se creó el "corralito" financiero. Para evitar el éxodo y la consiguiente quiebra del sistema bancario, el Estado pretendió "bancalizar" la economía e ideó un programa de extracciones semanales. Dispuso que el pago de la totalidad de los sueldos, tanto del sector público como del privado, debía efectuarse a través de las cuentas de ahorro. Las deudas debían pagarse a través del débito bancario y quienes tenían sus ahorros y su salario depositados sólo podían extraer una pequeña suma semanal en dinero para atender a sus necesidades corrientes. El disgusto generado por la restricción al derecho de propiedad provocó un alzamiento popular que desembocó en la renuncia del gobierno constitucional y los sucesos posteriores, tristemente conocidos a nivel internacional.
El 6 de enero del corriente año fue sancionada la ley 25.561, que vuelve a declarar la Emergencia Pública Económica del Estado, entre cuyos propósitos explícitos...
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