STS, 17 de Marzo de 2005
| Ponente | MANUEL VICENTE GARZON HERRERO |
| ECLI | ES:TS:2005:1690 |
| Número de Recurso | 7264/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Marzo de dos mil cinco.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 7264/2000, interpuesto por la entidad "Promociones González, S.A.", contra la sentencia dictada con fecha 29 de mayo de 2000, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso 1851/97, sobre Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha seguido el recurso 1851/97, interpuesto por la mercantil "Promociones González, S.A.", contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra Acuerdo del Ayuntamiento de Cuenca de fecha 11 de marzo de 1994, aprobatorio de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, fijando la base de la liquidación en 906.635.875 pesetas, correspondiente a la construcción de 84 viviendas en parcelas B-4, B-5, B-6 y B-10 del PERI RM- 2A, así como contra la liquidación girada por dicho Impuesto, de la que resultaba una deuda tributaria de 6.517.727 pesetas.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 29 de mayo de 2000, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que rechazando la causa de inadmisibilidad postulada por la representación de la Administración demandada, debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PROMOCIONES GONZALEZ, S.A., contra acuerdo de la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca por el que se aprobó la liquidación definitiva del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, con anulación de la liquidación girada, debiendo practicares otra sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obras, sin costas".
Contra la citada sentencia la entidad "Promociones González, S.A.", no obstante la estimación del recurso contencioso-administrativo, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra el aspecto concreto contenido en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia que dice "... sin que, por otra parte, proceda indemnizar a la parte actora por los gastos financieros derivados del aval garantizador de la suspensión, pues se trata de una carga que viene impuesta por Ley y que, en el campo de la indemnización, no puede ser calificada como antijurídica ...".
Dado traslado a la parte recurrida para su oposición al recurso, dejó transcurrir el plazo concedido sin presentar escrito, por lo que se le tuvo por decaído en su derecho, elevándose las actuaciones al Tribunal Supremo, poniéndolo en conocimiento de las partes.
Recibidas la actuaciones, por providencia de 20 de noviembre de 2000, la Sección Primera de esta Sala remitió el presente recurso de casación para la unificación de doctrina a esta Sección Segunda, donde quedó pendiente de señalamiento para votación y fallo, acto procesal que tuvo lugar el día 16 de marzo de 2005 y
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero,
La sentencia impugnada estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil "Promociones González, S.A." contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cuenca de fecha 11 de marzo de 1994, aprobatorio de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, fijando la base de la liquidación en 906.635.875 pesetas, correspondiente a la construcción de 84 viviendas en parcelas B-4, B-5, B-6 y B-10 del PERI RM-2A, así como contra la liquidación girada por dicho Impuesto, de la que resultaba una deuda tributaria de 6.517.727 pesetas.
El presente recurso de casación para la unificación de doctrina se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio -disposición transitoria tercera , apartado 1, de la misma-, toda vez que la sentencia impugnada, de fecha 29 de mayo de 2000, se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
También hay que precisar que la resolución recurrida emana de una Entidad local -Ayuntamiento de Cuenca- y trata de actos de gestión tributaria, concretamente de liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, con arreglo al artículo 8.1.b) de la Ley 24/1998, de 13 de Julio, reguladora de esta Jurisdicción, los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, cuando tengan por objeto actos de gestión, inspección y recaudación de tributos y demás ingresos de Derecho Público regulados en la Legislación de Haciendas Locales, como es el caso, están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia -artículo 10.2- a las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sentadas estas premisas, la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuya competencia corresponda, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y que la disposición transitoria primera, apartado 1, de la misma preceptúa continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como aquí ha ocurrido.
Pues bien, a esas sentencias, y por ello a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, es doctrina consolidada de esta Sala (Autos de 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 2000 y 22 de Mayo de 2003, entre otros) que debe aplicárseles la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede -artículo 86.1- contra las recaídas en única instancia, y dicha previsión (como ya dijo esta Sala por Sentencia de 28 de mayo de 2003) es igualmente aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo previsto en el art. 96.1 y 2 de la vigente Ley de esta Jurisdicción que solo prevé dicho recurso contra las sentencias dictadas en "única instancia".
Es cierto que el apartado 1 de la disposición transitoria primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, guarda silencio al respecto, pero el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos" -dice-, expresión que permite entender comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la disposición transitoria primera -la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998- y es difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor - disposición transitoria tercera-, plena aplicación que comporta que sólo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la nueva Ley de esta Jurisdicción.
Debe añadirse que la aplicación de la nueva Ley de esta Jurisdicción no supone vulneración de los principios de igualdad, irretroactividad de las leyes y tutela judicial efectiva, pues el dato de que la sentencia haya sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 no es un factor discriminatorio, que es lo que proscribe el art. 14 de la Constitución, sino un supuesto de hecho contemplado objetivamente por la nueva normativa procesal, a lo que debe añadirse que la aplicación al caso de las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la Ley 29/1998, en los términos que se han expuesto, no supone una aplicación retroactiva de la Ley 29/1998 más allá de lo que resulta de sus propios términos, y por ello acorde con el art. 2.3 del Código Civil, y asimismo que el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, que garantiza el art. 9.3 de la Constitución, no es obstáculo para que una nueva normativa procesal, como la que aquí ha sido objeto de examen, cierre el acceso al recurso de casación respecto a determinados asuntos, pues, como ha puesto de manifiesto la doctrina constitucional en la STC 37/1995, de 7 de febrero, "(...) El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le de cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1995, 37/1988 y 106/1998). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983) (...)".
Procediendo, por tanto, inadmitir el presente recurso de casación, no deben imponerse las costas causadas en el mismo a la parte recurrente, al no haber intervenido en su tramitación la contraparte.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina número 7264/2000, interpuesto por la entidad "Promociones González, S.A.", contra la sentencia dictada con fecha 29 de mayo de 2000 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en recurso 1851/97, sin expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de la fecha, siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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Función saneadora en la audiencia previa
...A., La cuantía en el proceso..., ob. cit., pp. 89 y 103. [108] ATS de 22 de febrero de 2005, fto. jco. 1º (CENDOJ Id 2185/2005), STS de 17 de marzo de 2005, fto. jco. 1º (CENDOJ Id 1687/2005), De Andrés Herrero, Mª. A., La cuantía en el proceso..., ob. cit., pp. 57-59 y Díaz Martínez, M., A......