Concurso de acreedores. Especialidades si afecta a una sociedad de capital

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario

El concurso, una vez está declarado, produce importantes efectos.

Puede verse:

La tabla de correspondencias entre la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal y el Texto refundido de la Ley Concursal, (RDL 1/2020 de 5 de mayo), puede verse en: https://ficheros.mjusticia.gob.es/TabladefinitivaequivalenciasLC-TRLC(2020.06.04).pdf

Se procede a examinar las especialidades cuando se trata de concurso de una sociedad de capital.

Nota: Puede verse al final del tema las normas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Contenido
  • 1 Menciones al concurso en la LSC
  • 2 Acuerdo de pedir el concurso
  • 3 Efectos en relación con el Administrador
  • 4 Efectos en relación con los socios
  • 5 Insolvencia en el caso de liquidación
  • 6 Cuentas anuales de una sociedad en concurso
  • 7 Ejecución de bienes del concursado
  • 8 Efectos de la finalización del concurso de una sociedad
    • 8.1 Enajenación de bienes en el caso de liquidación
    • 8.2 Efectos al declararse concluso el concurso por insuficiencia de bienes
  • 9 COVID-19
  • 10 Correspondencias LSC y LSRL
  • 11 Recursos adicionales
    • 11.1 En formularios
    • 11.2 En doctrina
  • 12 Legislación básica
  • 13 Legislación citada
  • 14 Jurisprudencia y doctrina administrativa citadas
Menciones al concurso en la LSC

La Ley de Sociedades de Capital se refiere al concurso en los siguiente puntos:

  • Unipersonalidad:

El art. 16.2 de la Ley de sociedades de capital a propósito de los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad para advertir que en caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos que no hayan sido transcritos al libro-registro y no se hallen referenciados en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la ley.

  • Incapacidad para ser administrador:

El art. 213 LSC, que determina que no pueden ser administradores las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal (léase ahora Texto refundido de la Ley Concursal) mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  • Causas de disolución:

El art. 363.e LSC, después de la modificación de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, considera causa de disolución las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

  • Disolución y concurso:

El art. 361 LSC establece que la declaración de concurso de la sociedad de capital no constituirá, por sí sola, causa de disolución. Efectivamente, la disolución de una sociedad es posible, según la Resolución de la DGRN de 5 de noviembre de 2019 [j 1] durante la fase de ejecución o cumplimiento del convenio si concurre alguna causa legal o estatutaria –salvo la establecida por perdidas en el artículo 363.1.e) de la LSC,- y también en la misma fase puede disolverse la sociedad porque así lo acuerde la mayoría de los socios ex artículo 368 LSC.

Pero la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores producirá la disolución de pleno derecho de la sociedad. En tal caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura de la fase de liquidación del concurso. La especialidad viene regulada en el artículo 372 LSC según el cual, en caso de apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de la sociedad, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.

Observemos, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Mayo 2007, [j 2] que la ley prevé en determinados casos un mecanismo preconcursal que consiste en que se obliga a la sociedad -antes de que sus pérdidas lo hagan imposible- a evitar el concurso, bien sea liquidándose, bien adoptando otro acuerdo alternativo tendente a reconstruir el patrimonio social, y la efectividad de dicho mecanismo se garantiza imponiendo una responsabilidad solidaria a los administradores por las deudas sociales en caso de incumplimiento de la obligación de promoverlo.

  • Deber de convocatoria en caso de necesidad de concurso:

El art. 365 LSC impone a los administradores la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

En caso contrario incurren en la responsabilidad que impone el art. 367 LSC.

  • Liquidación.-

El art. 372 LSC refiriéndose a la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de la sociedad, indica que la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la {Ley Concursal}}

Y art. 376.2 LSC: dice, después de la modificación del precepto por la citada ley 25/2011, de 1 de agosto que en los casos en los que la disolución hubiera sido consecuencia de la apertura de la fase de liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no procederá el nombramiento de liquidadores.

El artículo 48 bis que es el actual art. 131 del Texto refundido de la Ley Concursal que dice:

Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los socios.
1. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas de esta anteriores a la declaración de concurso.
2. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento.

El artículo 48 ter que es el actual art. 133 del Texto refundido de la Ley Concursal que dice:

Embargo de bienes.
Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de los administradores o liquidadores, de derecho y de hecho, y directores generales de la persona jurídica concursada así como de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura total o parcial del déficit en los términos previstos en esta ley.
Desde la declaración de concurso de la sociedad, el juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos del socio o socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas.
El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime bastante y se practicará sin necesidad de caución con cargo a la masa activa.
A solicitud del afectado por la medida cautelar, el juez podrá acordar la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito.
Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cualquier afectado podrá interponer recurso de apelación.

El artículo 48 quáter que es el actual art. 133.1 del Texto refundido de la Ley Concursal que dice:

Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los administradores, liquidadores o auditores de la sociedad deudora.
Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados.
Acuerdo de pedir el concurso

Es competencia de la Junta General.

El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de la sociedad, determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales; en efecto, el art. 367 LSC, dice que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Naturalmente, este precepto que tiene su origen en la Ley 16/2007, de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación mercantil contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, como advierte la Sentencia de 12 de Noviembre 2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, [j 3] carece de carácter retroactivo, dado que dicha Ley nada prevé al respecto y como es sabido las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario (art. 2.3 del Código...

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