Conclusiones
| Autor | Bruno Amaral Machado |
| Páginas | 389-402 |
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I
La existencia de diversos modelos de MP permite afirmar, al contrario de lo que ocurre con otras profesiones jurídicas, en que se observa una mayor homogeneidad (caso de los jueces y abogados), que hay una gran diversidad de interpretaciones sobre el rol del fiscal y su posición en la ingeniería institucional de los Estados de Derecho. De la diversidad existente, se puede, sin embargo, establecer un punto de convergencia: la institución se constituye en el cuerpo burocrático del Estado encargado de la acusación penal. La factibilidad de que los actores del sistema de justicia desempeñen sus funciones de forma autónoma se conecta con escenarios concretos. Es decir, deben ser consideradas las presiones externas, no solamente políticas sino de otros sectores sociales, tales como la sociedad civil, las empresas o los medios de comunicación. El ejercicio de la política criminal por el Gobierno presupone el control de la acusación penal. La «vía punitiva» para la corrupción (incluso política) amplía el interés por el status de la institución responsable de la persecución criminal.
En esta investigación pretendí utilizar categorías de la sociología de las organizaciones y de la teoría de los campos de poder para examinar, a partir de los casos seleccionados, el modelo «construido» en Brasil y en España (organización-construcción).
En el Capítulo 1 intenté identificar el proceso histórico que llevó al modelo políticamente autónomo. Aunque independiente, reconozco la existencia de mecanismos de control sobre la organización, tales como la fórmula elaborada para el nombramiento del procurador-geral da República y de los procuradores-gerais de los es-
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tados miembros. En el caso brasileño, la organización-respuesta surgió, en gran medida, de factores endógenos. La CONAMP ha sido un agente privilegiado en la consolidación de un proyecto unificado nacionalmente y que llevó a la elaboración de un texto coherente con el ideario político hegemónico en la Asamblea Constituyente de 1986-1987. La CF/88, que consagró la autonomía del MP brasileño, no es, así, resultado de un accidente histórico sino de la confluencia de factores estructurales y coyunturales que favorecieron que fuera aprobado el modelo autónomo. La ampliación de las funciones del MP brasileño, en particular en cuanto a la defensa de los intereses colectivos y difusos, superando la imagen tradicional de «acusador penal», antecedió a la CF/88 y fue condicionada por un fuerte lobby de los integrantes de la organización.
En el Capítulo 2 presenté el trabajo de campo realizado con el MPF. Busqué distinguir dos niveles: intraorganizacional e interorganizacional. En la interacción diaria entre los integrantes de la organización el modelo formal es modificado a consecuencia de necesidades concretas. El principio de la independencia funcional y la estructura autónoma de los Ofícios (Fiscalías) no elude la construcción de formas de actuación conjunta. La consolidación de estrategias entre procuradores da República, regionais y subprocuradoresgerais es relatada por los entrevistados como distante de la situación ideal y los contactos se entablarían a partir de necesidades específicas y puntuales. La experiencia de los grupos de trabajo (GT) parece estimular la actuación en equipo, rompiéndose con el mode-lo de actuación aislada. Los grupos coordinados por la 5.ª Câmara, aparentemente, estimulan el debate sobre la necesidad de compatibilizar el principio de la independencia funcional con la definición de directrices y metas de actuación. En la interacción con los órganos de la Administración Pública federal del Gobierno actual, observé una mayor sintonía respecto al Gobierno anterior, aunque las relaciones aún son retratadas como alejadas de lo que los entrevistados valoran como ideal. Las investigaciones de los casos que involucran a integrantes del gobierno del PT o funcionarios de la administración actual, podrían (y pueden), sin embargo, retomar conflictos existentes con el Gobierno de FHC. El caso Waldomiro ha sido el primer test importante para el Procurador-geral y puso en evidencia las tensiones internas sobre las distintas interpretaciones acerca de la forma de actuación del MPF. La Policía Federal, considerada como aliada importante por parte de los entrevistados, no estaría en condiciones de investigar al gobierno, ya que depende del Ejecutivo, argumento usado como justificación para incrementar
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las funciones investigadoras del MP. En la interacción con los jueces surgen algunos de los conflictos en el campo jurídico, a raíz, en parte, de la conquista de nuevas atribuciones por el MP. Parte de los entrevistados (Ofícios civiles) valoran positivamente la actuación extrajudicial, representada como alternativa a un Poder Judicial ineficiente. El Poder Judicial es representado como benevolente con el poder económico y político. En la visión de algunos procuradores, existiría, además, cierta tendencia a restringir, por parte de los jueces, el ámbito de actuación del MP en lo que se refiere a la defensa de los derechos difusos y colectivos. Las relaciones con los integrantes del Poder Legislativo a través de las CPI revelan los límites de las alianzas construidas por actores que integran dos campos distintos, el político y el jurídico. Aunque la política sea representada como el espacio de las confabulaciones, las investigaciones parlamentarias pueden coincidir con los intereses de la «justicia». El integrante del MPF debería establecer alianzas coyunturales y usar de forma racional la prueba obtenida en la investigación política. Asimismo, las forças-tarefas se constituirían en experiencia importante de trabajo en equipo, incluso con diversas organizaciones, especialmente la Policía. En el desempeño de las funciones emergen, sin embargo, disputas por «reservas de mercado» y la interacción depende de la colaboración entre los integrantes para que sean alcanzados los objetivos comunes, superándose, así, disputas por cuotas de poder en el campo jurídico. La consolidación de la prensa como institución de control del poder y el interés mediático en la divulgación de los casos de corrupción explicarían el acercamiento de los periodistas a los actores del sistema de justicia. En lo que se refiere a la interacción entre periodistas e integrantes del MPF, identifiqué posiciones antagónicas en la propia organización. Una parte de los procuradores defiende abiertamente la proximidad entre MP y los medios de comunicación. Es decir, la prensa es percibida como aliada. Otra parte de los procuradores se revela reticente a la exposición mediática y defiende que los procuradores deben ser más cautelosos en esta relación. Los entrevistados son, sin embargo, unánimes al resaltar el rol de la prensa para fomentar y divulgar las acciones del MP. El voluntarismo político de los miembros del MPF, favorecido por la independencia funcional y la ausencia de un modelo jerárquico, depende muchas veces, especialmente en los casos en que están involucrados integrantes del gobierno, de una actuación en sintonía con otros órganos y actores que integran el MPF, ya que la acción penal debe ser propuesta en los tribunales en los que la autoridad procesada posea su fuero especial.
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En el Capítulo 3 presenté el trabajo de campo realizado con el MPDFT en la actividad de control de la parcelación irregular del suelo en Brasília. Busqué, a partir del marco teórico, profundizar en los SAC que se forman a partir de las prácticas, lo que me estimuló, nuevamente, a examinar los casos concretos. La interacción con los mass media fue uno de los aspectos en los cuales intenté profundizar. A pesar de no estar, aparentemente, articulada de forma institucional, en el...
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