STSJ Castilla-La Mancha , 12 de Julio de 2005
| Ponente | MIGUEL ANGEL PEREZ YUSTE |
| ECLI | ES:TSJCLM:2005:1729 |
| Número de Recurso | 12/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1 ALBACETE SENTENCIA: 00353/2005 Recurso nº 12/02 CIUDAD REAL SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Sección Primera.
Presidente:
Iltmo. Sr. D. José Borrego López.
Magistrados:
Iltmo. Sr. D. Mariano Montero Martínez.
Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pérez Yuste.
SENTENCIA Nº 353 En Albacete, a doce de Julio de dos mil cinco.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 12/02 del recurso contencioso- administrativo, seguido a instancia de D. Darío , representado por la Procuradora Sra. Navarro Gabaldón, contra la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, representada y dirigida por los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de concesión de ayudas. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pérez Yuste.
Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 4 de Enero de 2.002, recurso contencioso-administrativo contra la desestimación, por silencio administrativo negativo, del recurso de alzada formulado contra resolución de la Dirección General de Desarrollo Industrial de 20 de Julio de 2.001.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando se dicte sentencia de conformidad con lo interesado en el suplico de su demanda.
Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 5 de Julio de 2.005, en que tuvo lugar.
Se revisa la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 20 de Julio de 2001, que denegó la ayuda correspondiente a 2000, para la compensación de rentas en los regadíos de las zonas de la Mancha Occidental y Campo de Montiel.
Las cuestiones aquí suscitadas han sido ya resueltas por este Tribunal en diversas Sentencias; concretamente las dictadas en los recursos 169/01, 170/01, 172/01, 439/01, 485/01, 577/01, 578/01, 668/01, 669/01, 571/01 y 661/01, entre otros.
De entre ellos, por su similitud en el planteamiento que se hace en la demanda, destacamos la Sentencia recaída en el procedimiento 485/01 de 8 de Julio de 2.004 ; por propia coherencia jurídica del Tribunal, procede trasladar a la presente lo allí manifestado; se decía a partir del Fundamento Jurídico Segundo: "Segundo.- La Administración denegó la ayuda solicitada por la recurrente porque el actor había incumplido un requisito esencial para la concesión de las ayudas, y es que no habría acreditado debidamente el derecho al uso del agua, en la forma prevenida por el art. 2 de la Orden de 26 de febrero de 1999, dictada en desarrollo del Decreto Autonómico 6/98 , por el que se establecía el régimen de Ayudas para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, de acuerdo con el artículo 5.1.e) del Reglamento 2078/92 del Consejo Europeo . La citada disposición concretaba los medios a través de los cuales los titulares de explotaciones que soliciten las ayudas podrían acreditar el derecho al uso de agua, concretamente serían:
la certificación de inscripción definitiva en el Catálogo de aprovechamiento de aguas privadas, la certificación de inscripción en el Registro de Aguas, o "la autorización anual de riego expedida para cada campaña por la Administración hidráulica competente, durante los cinco años de duración de los compromisos, siempre que la solicitud para la inscripción de los aprovechamientos de agua en la citada Administración se haya efectuado dentro los plazos establecidos en las Disposiciones Transitorias de la Ley 29/85 de Aguas, de 2 de agosto ".
Como motivos del recurso el recurrente aduce, en primer lugar que la petición de Ayudas debió considerarse estimada por silencio administrativo; que se ha interpretado indebidamente por la Administración el articulo 2º de la Orden de 26 de Febrero de 1.999, en cuanto al no concretar las Disposiciones Transitorias de la Ley 29/85, de 2 de Agosto de Aguas de aplicación, ha de entenderse comprendidas no sólo las 2ª y 3ª que establecen plazos, como la 4ª que no fija plazo alguno, considerando que la citada Orden de 26 de Febrero de 1.999 es ilegal, por lo que pide su anulación; así como alega que se ha vulnerado el principio de igualdad, produciéndose discriminación al haberse aprobado Ayudas a expedientes que estaban en las mismas condiciones que el del recurrente.
En primer lugar hemos de examinar la cuestión suscitada por el recurrente de que, habiendo transcurrido más de tres meses desde la presentación de la solicitud de subvención o ayuda, sin que se resolviere, debería entenderse estimada la pretensión por silencio administrativo positivo, al amparo de lo prevenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/92 . Cuestión que suscita desde un punto de vista teórico, puesto que no formula petición concreta en el suplico de su escrito de demanda.
Dicha petición que fue desestimada por la Administración demandada, al resolver el recurso de Alzada, no puede ser acogida por la Sala, que considera válidas las razones consignadas en la Resolución del Consejero de Agricultura de 2 de Abril, (Fundamento de Derecho Cuarto), ya que, en efecto la Ley 4/1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/92 , dada la trascendencia de las modificaciones establecidas, estableció dos Disposiciones Adicionales, la primera de las cuales fija al Gobierno un plazo de un año para establecer las disposiciones reglamentarias de adecuación y desarrollo de la Ley 30/92 , para la simplificación de los procedimientos administrativos y un plazo de dos años para adaptar en los procedimientos administrativos el sentido del silencio administrativo establecido en la presente Ley, disposición aplicable a los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas; Disposiciones que completó con dos Disposiciones Transitorias, la primera de ellas de "Subsistencia de las normas preexistentes", dispone que en tanto no se lleve a efecto lo previsto en la Disposición Adicional Primera continuarán en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes, conservando validez el sentido del silencio administrativo establecido en ellas. Además la Disposición Transitoria Segunda establece que a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de dicha Ley (tres meses a partir de la publicación en el BOE, según la D.Final 2ª) no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa...
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