Aproximación a la litigación civil
| Autor | Juan Manuel Alcoceba Gil |
| Cargo del Autor | Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 79-101 |
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Aproximación a la litigación civil
J M A G
Universidad Carlos III de Madrid
Jalcoceb@der-pu.uc3m.es
https://orcid.org/0000-0003-2225-0177
Sumario: Introducción. 1. Estado actual del sistema de justicia civil. 1.1. El contexto de
partida. 1.2. La justicia civil en cifras. 2. Ultimas reformas en la materia. 2.1. El
Proyecto de Eficiencia Procesal. 2.2. El Proyecto de Eficiencia Organizativa.
2.3. El Proyecto de Eficiencia Digital. 3. Problemática asociada a la eficiencia
de la jurisdicción civil. 3.1. Jurisdicción civil y mercado. 3.2. Jurisdicción civil y
democracia. 4. Conclusiones
INTRODUCCIÓN
Según el Oxford Dictionary of Economics, la eficiencia es la propiedad que per-
mite a una determinada sociedad aprovechar de la mejor manera posible sus
recursos finitos. Se trata de un concepto que implica, en resumidas cuentas, la
generación de mayor valor con idéntico uso de recursos, o la generación de idén-
tico valor con menor uso de recursos. En las últimas décadas se ha recurrido con
habitualidad creciente al uso de este concepto a la hora de diseñar estrategias y
esquemas decisionales aplicables al ámbito de la gestión pública. El caso de la jus-
ticia civil no es una excepción.
De hecho, la maximización de las capacidades productivas de los órganos ju-
diciales civiles a partir del menor consumo posible de recursos públicos, constitu-
ye el centro de gravedad de buena parte de las políticas actuales en materia civil.
Así se desprende claramente de la lógica empleada por las instituciones naciona-
les y europeas para identificar los aspectos del sistema de Derecho privado que
requieren de un mayor refuerzo o intervención por parte de los poderes públicos.
Lo mismo ocurre con la mayoría de reformas procesales y orgánicas recien-
temente proyectadas sobre el modelo jurisdiccional civil vigente, cuya principal
justificación reposa sobre las ideas de eficiencia, agilización o celeridad. Un claro
ejemplo de esta tendencia en España lo constituyen las tres «leyes de eficiencia»
Juan Manuel Alcoceba Gil
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actualmente en tramitación, cuya finalidad declarada es optimizar la productivi-
dad de la Administración de Justicia a través de una serie de modificaciones estra-
tégicas realizadas de forma coordinada en los ámbitos procesal, organizativo y tec-
nológico. El mayor exponente de esta tendencia son los Mecanismos Adecuados
de Solucion de Controversias, que se proyectan como alternativa a la jurisdicción
civil hasta el punto de exigirse como requisito de procedibilidad para tener acce-
so a la misma.
La preocupación institucional por mejorar los resultados arrojados por la jus-
ticia civil parece comprensible si se atiende a los elevados tiempos de tramitación
que el sistema presenta y que, lejos de reducirse, se incrementan con el paso de
los años pese al constante aumento de la inversión pública en el sector. A ello,
debe sumarse además la creciente desafección que la opinión pública expresa
respecto del tercer poder del Estado, cuyo funcionamiento considera deficitario a
causa precisamente de los elevados tiempos de espera.
Pero, si bien el objetivo de conseguir una justicia civil más eficiente es amplia-
mente compartido, no parece existir el mismo consenso en cuanto a qué debe en-
tenderse por un sistema eficiente; cuáles son los factores que están motivando la
posible ineficiencia y, sobre todo, qué medidas deben adoptarse para corregir la
actual situación. La forma de comprender y planificar la justicia en base al cálcu-
lo de sus rendimientos no entusiasma a todos por igual. Parte de la academia ha
mostrado objeciones que parecen estar relacionadas con el trasfondo ideológico
de este paradigma de pensamiento o, lo que es lo mismo, con la idea de justicia
que subyace al discurso o retórica de la eficiencia.
Se hace, por tanto, necesario, analizar las diferentes dimensiones que el con-
cepto de eficiencia presenta cuando es aplicado al sistema judicial atendiendo a
cuestiones como: i) qué escenario se dibuja a partir de los datos disponibles sobre
el funcionamiento del servicio público de justicia; ii) de qué forma se materializa
este concepto en propuestas legislativas concretas; y iii) cuáles son las reacciones
en los distintos actores que integran la comunidad jurídica ante esas propuestas.
1. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA CIVIL
1.1. El contexto de partida
Aplicar el concepto económico de eficiencia al ámbito de la justicia es posible
en la medida que esta institución presenta una dimensión material y humana,
cuya gestión influye de forma determinante en la consecución de los fines que
le son propios. Tal dimensión se identifica, en la práctica, con un determinado
aparato administrativo, al que se suele nombrar, según el contexto, mediante las
expresiones Sistema judicial, Administración de justicia o Servicio público de jus-
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