SJCA nº 1 221/2007, 4 de Julio de 2007, de Salamanca
| Ponente | MARIA TERESA ALONSO DE PRADA |
| Fecha de Resolución | 4 de Julio de 2007 |
| Número de Recurso | 97/2006 |
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
Salamanca
SENTENCIA: 00221/2007
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
Salamanca
Procedimiento Abreviado nº 97/2006
SENTENCIA nº 221/07
En Salamanca, a cuatro de Julio de dos mil siete.
La Ilma. Sra. Dª María Teresa Alonso de Prada, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Salamanca y su provincia, ha visto el presente recurso contencioso administrativo tramitado como Procedimiento Abreviado seguido en este Juzgado con el nº 97/2006, contra la Resolución de la Subdelegación de Gobierno de Salamanca de fecha 20-03-2006, en el que son partes: recurrente Juan Alberto, representado y defendido por el letrado D. Pablo Domínguez Riba; y como demandada, la Subdelegación de Gobierno de Salamanca representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, que versa sobre expulsión de extranjeros.
En fecha 5-05-2006 tuvo entrada en este Juzgado, procedente del Decanato, demanda suscrita por la parte actora formulando recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Subdelegación de Gobierno de Salamanca de 20-03- 2006 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español y la prohibición de entrada al mismo durante un período de tres años, demanda en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia por la que declare no ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada, procediendo su anulación y subsidiariamente la sustitución de la resolución de expulsión por una salida obligatoria del país o la imposición de una sanción de carácter económico en la cuantía de 301,00 €.
Admitida a trámite la demanda fue reclamado el expediente administrativo y convocadas las partes para la celebración de la comparecencia prevista en la Ley.
El día señalado compareció la parte actora quien se afirmó y ratificó en la demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba y la Administración demandada se opuso efectuando las alegaciones que estimó oportunas y que aquí se dan por reproducidas, solicitando su desestimación previo recibimiento del pleito a prueba. Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron admitidas. En la fase de conclusiones las partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este Juzgado se dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando el juicio concluso para dictar sentencia.
La cuantía del recurso ha quedado fijada como indeterminada.
En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución de la Subdelegación de Gobierno de Salamanca por la que se decretaba la expulsión del territorio nacional español del recurrente, nacional de Brasil y prohibición de entrada al mismo durante tres años.
Funda la parte actora, en síntesis, su pretensión de nulidad en la inexistencia de la infracción alegando que estaba de tránsito por España con dirección a Portugal donde tiene su residencia y domicilio; que no lleva más de noventa días en territorio español; que no ha cometido delito alguno ni se ha incoado contra el mismo ningún expediente de expulsión previamente; vulneración del derecho a libertad de circulación; indefensión al no haberse designado intérprete durante la tramitación del procedimiento administrativo, desconociendo el idioma español; que en la actualidad ha abandonado ya España y regresado a su país, asumiendo los costes de repatriación, entendiendo infringido el art. 141.8 del Reglamento de Extranjería que faculta a sustituir la expulsión por la salida obligatoria cuando el extranjero dispusiera de medios económicos y asumiera el coste de la repatriación; vulneración del art. 28.1 de la LO 4/2000 y 158 del R.D. 2393/2004 que aprueba el Reglamento de Extranjería al no advertirle de la salida obligatoria previa a la incoación del expediente y vulneración del principio de proporcionalidad estimando procedente en su caso imponer la sanción de multa por importe de 300,51 €.
En el presente supuesto, de la documentación aportada con el expediente administrativo se acredita que el recurrente es nacional extranjero, de Brasil, que se encuentra irregularmente en España, pues carece de documentación alguna que ampare su estancia regular en este territorio, sin que conste que hubiera intentado regularizar su situación.
No se ha probado que el actor se hallare en España de tránsito con destino a Portugal ni su residencia en referido país sino todo lo contrario; según se deduce de la actuación de las autoridades portuguesas, aquél carecía de residencia en Portugal pues fue entregado a las autoridades españolas por el Servicio de extranjeros y Fronteras de Portugal en virtud del Tratado de readmisión hispano portugués, hecho que demuestra que tampoco se hallaba en situación legal de tránsito teniendo en cuenta la definición que de tal situación realiza el art. 21 del Reglamento de Extranjería aprobado por R.D. 2393/2004, según el cual: "Se encuentran en tránsito aquellos extranjeros habilitados para atravesar el Espacio Schengen en viaje desde un Estado tercero hacia otro Estado que admita a dicho extranjero o para permanecer en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español, sin acceder al territorio nacional, durante las escalas o enlaces de vuelos". En el presente supuesto, tratándose en su caso de un tránsito terrestre, no se está ante tal situación legal de tránsito porque en Portugal, supuesto Estado de destino del recurrente, no se había admitido al citado extranjero que fue rechazado en la frontera y entregado a las autoridades españolas por las autoridades policiales portuguesas.
Por otro lado, aparece acreditado que el actor había entrado en España por el aeropuerto de Madrid-Barajas con fecha 9-03-2005 según obra en el sello de entrada estampado en su pasaporte (f. 4 del expediente administrativo), lo que evidencia un exceso de permanencia en este país, pues independientemente de que no precisara de visado de estancia por ser ciudadano brasileño según refiere su defensa, lo cierto es que habían transcurrido más de los noventa días permitidos para reputar su estancia en este país como regular, precisando una vez transcurrido dicho período de tiempo y para que su estancia fuera legal, obtener una prórroga de estancia o autorización de residencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30.2 de la LO 4/2000, según el cual: "Transcurrido dicho tiempo (se refiere a los 90 días de estancia), para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o autorización de residencia", documentación ésta exigible independientemente de que se hubiera entrado en este país con o sin visado según se deduce del resto de los apartados del precepto: 3. "En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses. 4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses". En el presente supuesto el actor carecía de prórroga de estancia y de autorización de residencia, según la información que obra en el expediente administrativo al indicarse en el mismo que no le consta registro alguno por el que haya intentado regularizar la situación según consulta efectuada en el Banco de Datos de la Dirección General de la Policía.
Tal conducta constituye un hecho típico en virtud de una norma con rango de Ley pues está prevista en el artículo 53 a) de la LO 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sucesivas modificaciones, que califica de infracción grave:...
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