STSJ Andalucía 2294, 8 de Septiembre de 2005
| Ponente | ENRIQUE GABALDON CODESIDO |
| ECLI | ES:TSJAND:2005:2294 |
| Número de Recurso | 1424/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 2294 |
| Fecha de Resolución | 8 de Septiembre de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA SECCIÓN TERCERA RECURSO Nº 1424/98 Ilmos. Sres.
D. Ruperto Martínez Morales, Presidente D. Alfonso Martínez Escribano D. Enrique Gabaldón Codesido SENTENCIA En Sevilla, a 8 de septiembre de 2005 Vistos los autos citados, seguidos ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el que ha sido parte actora la Administración General del Estado y demandada D. Julián (posteriormente sus herederos), turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. D. Enrique Gabaldón Codesido, se ha dictado ésta de acuerdo con los siguientes
Previa declaración de lesividad del acto administrativo impugnado, acordada por Orden del Director General del Catastro, por delegación del Ministro de Economía y Hacienda, se presentó por el Sr. Abogado del Estado demanda de recurso contencioso-administrativo de lesividad, que se dirige contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, por la que se estimó la reclamación económico administrativa contra acuerdo de asignación de valor catastral. A la demanda se acompañó expediente administrativo y la copia de la declaración de lesividad.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando por no ser conforme a Derecho la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía impugnada.
Admitido a trámite el recurso se acordó emplazar personalmente al demandado, y, constatado su fallecimiento, se emplazó a su herederos que no comparecieron.
Señalado día para su votación y fallo esta tuvo lugar con el resultado que a continuación se expone.
La Administración General del Estado interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEARA que, estimando la reclamación formulada por el demandado, anulaba el valor catastral inicialmente notificado por la Gerencia Territorial del Catastro. La resolución del TEARA estimando la pretensión del reclamante se fundamentaba en la interpretación sobre la correcta aplicación de la formula valorativa contemplada en la norma 16 de "modulación de valores" del Real Decreto 1020/93 , necesaria para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Conforme a la interpretación del TEARA, en la línea de anteriores resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, el valor catastral sería el resultante de multiplicar el coeficiente 0.5 "RM" a la suma del valor del suelo más valor de construcción.
Frente a dicha interpretación se interpone el presente recurso en el que la Administración General del Estado sostiene que se ha incurrido en error interpretativo por cuanto en dicho sistema de valoración se omite aplicar el coeficiente 1.4 (coste de producción y beneficio de promoción).
Las cuestiones planteadas ya han sido resueltas por la Sala en una serie continuada de sentencias reiterando argumentos que reproducimos a continuación.
La primera cuestión a resolver es la viabilidad de la acción de impugnación deducida por la Administración General del Estado, previa declaración de lesividad del acto impugnado adoptada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en que se encuadra el TEARA, órgano administrativo del que procede el acto impugnado.
Desde el punto de vista formal, la declaración de lesividad se ha acordado por el órgano administrativo competente, dentro del plazo de cuatro años de haberse dictado el acto impugnado, y mediante orden ministerial del Departamento ministerial del que procede el acto administrativo impugnado, con lo que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 56 de la LJCA en relación al artículo 103, 2, 3 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común .
En cuanto a la concurrencia de los requisitos de fondo de la declaración de lesividad, el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 , se limita a señalar que cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiera demandar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha en que se hubiere dictado.
Aunque la interpretación jurisprudencial del precepto ha esclarecido que los intereses públicos que se estimen lesionados no se reducen a los de naturaleza económica, la orden ministerial declarativa de la lesividad del acto se fundamenta en la lesión de intereses del Estado de carácter económico, y al examen de éste requisito hemos de ceñirnos. El razonamiento de la resolución declaratoria de la lesividad pone de manifiesto como la valoración catastral de los inmuebles incide no sólo en la recaudación tributaria directa del Ayuntamiento, a través del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana dado que tanto en uno como en otro, el valor catastral incide en la determinación de la base imponible de estos impuestos, y por tanto, en la recaudación derivada de los mismos (artículo 60 y ss, y artículo 108 y ss de la Ley de Haciendas Locales), aspectos que aunque inciden en el ámbito de intereses de otras Administraciones, no pueden orillarse en cuanto a la consideración del perjuicio para el interés público, que no cabe confundir con el exclusivo interés de la Administración accionante, máxime si se considera que el principio constitucional de suficiencia de las
Haciendas locales atañe evidentemente al interés general, de forma que siendo la determinación del valor catastral de los inmuebles competencia de la Administración estatal (artículo 78,1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de Haciendas Locales), la cuestión planteada afecta directamente a los intereses...
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