Acreditación del conocimiento de idiomas extranjeros en los procesos selectivos
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FUNCIÓN PÚBLICA
CUESTIONES DIVERSAS
7.21 ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS EN LOS PROCESOS SELECTIVOS
Posibilidad de que la acreditación del conocimiento de lengua extrajera sea un
requisito especico. Análisis de la doctrina constitucional y la legislación de función
pública. Determinación del nivel exigible por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Admisibilidad certicados extranjeros. 1
Se ha recibido en esta Abogacía del Estado petición de informe relativa a diversas
cuestiones referidas a la acreditación del conocimiento de idiomas extranjeros en los
procesos selectivos, y respecto de aquella se informa cuanto sigue.
ANTECEDENTES
La petición de informe se efectúa en los siguientes términos.
«Por medio del presente escrito se formula consulta a la Abogacía del Estado en
el departamento en relación con diversas cuestiones referidas a la acreditación del
conocimiento de idiomas extranjeros en los procesos selectivos.
1. Antecedentes.
Son numerosos los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado que
exigen a los aspirantes a ingresar en ellos el conocimiento de idiomas extranjeros,
exigencia también presente en los sistemas de provisión.
Sin embargo, el conocimiento de lenguas extranjeras no se contempla por lo general
el marco de la libre concurrencia entre los aspirantes a través de su valoración en las
pruebas de la oposición o entre los méritos de los concursos.
Estas previsiones carecen de una regulación normativa homogénea, en coherencia
con el amplio margen de determinación que nuestro ordenamiento atribuye a las bases
de las convocatorias de los procesos selectivos. De este modo puede apreciarse una
gran heterogeneidad en las convocatorias en cuanto al carácter obligatorio o voluntario
de las pruebas, los idiomas exigidos o los criterios para su valoración.
1 Informe emitido el 5 de marzo de 2021 por D. Antonio Panizo García. Abogado del Estado-Jefe de la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
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