Sentencia AP Madrid, 31 de Marzo de 2003
| Procedimiento | 310421 |
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid |
Sentencia de 26 de Diciembre de 2001
Sentencia nº 939
Audiencia Provincial de Madrid Sección 12
Ponente: D. Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo
Acción rescisoria
Establece la Jurisprudencia que "sometida al plazo de caducidad que establece el artículo 1.299 del Código civil, y en cuanto al cómputo de dicho plazo ha de señalarse que como quiera que no existe referencia legal alguna para el supuesto que nos ocupa, el cómputo del mismo deberá realizarse atendidas las peculiaridades del caso concreto, armonizándose los intereses generales que exigirían hacerlo a partir de la celebración del acto, evitando la prolongación de la situación de interinidad creada y los propios de los interesados, que exigen el conocimiento del daño y la posibilidad de actuar para remediarlo y habida cuenta, de que en el supuesto de autos, el ejercicio de la acción penal imposibilitaba, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ejercicio de la oportuna acción civil, procederá estimar válidamente ejercitada por la parte actora la acción de rescisión".
Legislación citada: artículo 1295 Cc art° 1299 Cc art° 5 y 22 de la LSP
SENTENCIA N° 939
Magistrados:
Ilmo. Sr. D. José Vicente Zapater Ferrer
Ilma. Sra. Dª. María Jesús Alia Ramos
Ilmo. Sr. D. Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo
En Madrid, a veintiséis de Diciembre de dos mil uno.
La Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre indemnización por daños y perjuicios y otros extremos, procedentes del Juzgado de 1ª instancia n° 2 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelada XXXXXXX, S.P.A. representada por el Procurador D. Carlos Ibañez de la Cadiniere y defendida por el Letrado D. Juan Manuel López Delgado, de otra como demandados-apelantes BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (antes BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.) y D. AVM, representados por el Procurador D. Federico José Olivares de Santiago y defendidos por la Letrada Dª. Diana Olmedo Pérez, D. JFC y D. ALC, representados por la Procuradora Dª. Blanca María Grande Pesquero y defendidos por el Letrado D. José Francisco CarballoPujals, y de otra como demandada-apelada ENTIDAD MERCANTIL XXXXXXX S.A. que se encuentra declarada en rebeldía y no se ha personado en este instancia, seguidos por el trámite de juicio de Mayor Cuantía.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo.. Sr. D. Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
Por el Juzgado de 1ª instancia n° 2de Madrid, en fecha 11 de octubre de 1996, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo declarar y declaro la obligación solidaria de los demandados de indemnizar por los daños y perjuicios causados a la actora -COMPAÑIA MERCANTIL XXXXXXXX, S p A. (SITI)- como intervinientes o partícipes en la adjudicación efectuada o como adquirientes de mala fe y en fraude de acreedores de todo el patrimonio de la entidad XXXXXXX S.A. y, concretamente de las máquinas suministradas a esta compañía mercantil por la actora, en contratos de fecha 29 de octubre de 1979 y 16 de octubre de 1980, en los que se estableció sobre dichas máquinas, Cláusula de Reserva de Dominio y Prohibición de Disponer, a favor de la misma; obligación indemnizatoria ésta que es procedente por concurrir a la adquisición efectuada por el Banco Exterior de España S.A. todos los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de la pretensión deducida y no ser posible la devolución de los bienes adquiridos por aquel. Declarando que la indemnización de daños y perjuicios a abonar a la actora por los demandados con carácter solidario estará integrada por los siguientes conceptos: A) 242.345.178 pesetas o en su caso la cantidad que resulte después de deducir de la mencionada suma los pagos que ejercite la compradora haber realizado a cuenta del precio de la maquinaria adjudicada fraudulentamente sin respeto de la reserva de dominio y prohibición de disponer, consignadas en los contratos antes mencionados; actualizando el importe de dicho crédito, de forma que sea percibido por la acreedora SITI S p a en pesetas constantes a la fecha de su efectividad, con base a los datos que se reclamen en ejecución de sentencia del Banco de España del INE o del Organismo Oficial Pertinente. B) El importe de los intereses procedentes devengadospor la cantidad expresada en el apartado A anterior, desde el 26 de enero de 1983, hasta la fecha en que se haga efectivo su pago; cuyo importe se cuantificará mediante las respectivas liquidaciones que se practicarán en ejecución de sentencia. Condenando igualmente a todos los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y abonar solidariamente a la actora las cantidades reseñadas en el epígrafe anterior. Se imponen igualmente todas las costas causadas en el presente procedimiento a los demandados de modo solidario." Con fecha 29 de noviembre de 1996 se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DISPONGO: Haber lugar ala aclaración de la Sentencia dictada el once de octubre de mil novecientos noventa y seis de estos autos, en los términos solicitados por el Procurador D. Carlos Ibañez de la Cadiniere en la representación que de la parte actora, XXXXXXXXX S p A. ostenta, en lostérminos y extremos contenidos en los razonamientos jurídicos de esta resolución, quedando en lo demás invariada la sentencia dictada."
Notificada la anterior sentencia y posterior auto de aclaración, contra la misma se interpusieron recursos de apelación por los codemandados BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARLA, S.A. D. AVM, D. ALC y D. JFC, que fueron admitidos en ambos efectos, y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, ante la que comparecieron la parte demandante y los codemandados apelantes, sustanciándose el recurso por sus trámites legales, no siendo interesado el recibimiento del pleito a prueba en esta alzada.
Lavista pública celebrada el día 19 de diciembre de 2001, tuvo lugar con asistencia de los letrados de las partes personadas, que informaron en apoyo de sus pretensiones.
En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales en ambas instancias.
El actor formuló demanda en la que, en síntesis, indicó que el Banco Exterior de España, BEX en lo sucesivo, que tenía una preeminente situación en el seno de la entidad Vitrocerámica, urdió una maniobra para hacerse con determinada maquinaria de esta entidad, burlando los derechos de la actora, la cual era propietaria de tales bienes por haberlos vendido a la citada entidad con reserva de dominio. Para conseguir su propósito se instó expediente de suspensión de pagos, en cuyo seno fue designado interventor el propio BEX, negándose la intervención de dicha entidad a lo largo del proceso de suspensión a reconocer el derecho de abstención que le reconoce la Ley en virtud de la reserva de dominio que pesaba sobre los bienes. Paralelamente se instó juicio ejecutivo del artículo 131 LH en el que se perseguía, por el Banco de Crédito Industrial, BCI en lo sucesivo, ejecutar su garantía hipotecaria sobre los bienes por ella gravados, entre los que quedaba incluida la maquinaria de la hoy actora. Celebrada subasta en tal procedimiento, se adjudicó los bienes de la suspensa la entidad BEX, la cual conocía la reserva de dominio que existía con respecto a la maquinaria por constar así en escritura pública en la que la citada entidad se constituía como acreedor de la posteriormente suspensa Vitrocerámica. Verificado el remate, BEX cedió éste en favor de un tercero. Una vez verificada tal adjudicación de bienes y cesión del remate, en la suspensión de pagos se reconoció el derecho de abstención de la actora, la cual sin embargo nada pudo hacer entonces ya que los bienes habían sido adjudicados a un tercero. La entidad BEX y el interventor Sr. Valdeolmillo, en esencia, negaron cualquier tipo de concierto o maniobra para obtener la adjudicación de los bienes, indicando que cuando acudió a la subasta del bien éste salió a subasta libre de cargas y como tal se lo adjudicó. Por su parte, los interventores Sres. López Cediel y Fernández Cánovas se opusieron a la demanda, alegando en resumen que su actuación al no declarar el derecho de abstención de la actora estuvo en todo momento justificada ya que ésta aportó inicialmente un escrito que hacía referencia a otro contrato previo a consecuencia del cual se habían extendido diversas letras de cambio, no concordando los importes de uno y otro, negando todo artificio o convenio para permitir la adjudicación de la maquinaria a la entidadBEX.
La entidad BEX, en el acto de la vista señaló que no había sido resuelta su alegación sobre la prescripción de la acción ejercitada manifestada en escrito de dúplica.
Dado que ninguno de los apelantes hizo manifestación alguna en torno a las restantes excepciones planteadas en la instancia y desestimadas por la sentencia apelada, es por lo que deben tenerse éstas por consentidas.
Con relación a la caducidad y prescripción indicadas, ni en la dúplica ni en el escrito de contestación figuran tales excepciones planteadas por dicha apelante, ya que tales alegaciones figuran en su escrito de conclusiones. En todo caso, la simple enunciación de la cuestión ya sería motivo para desestimar tales alegaciones dado que como...
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