STSJ Comunidad de Madrid 103/2023, 27 de Octubre de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Octubre 2023 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala Contencioso Administrativo |
| Número de resolución | 103/2023 |
T103ribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
C/ General Castaños, 1, Planta Baja - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2022/0012665
Procedimiento Ordinario 189/2022
Demandante: D. Victorio
PROCURADOR: D. JUAN BOSCO HORNEDO MUGUIRO
Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID MEH
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 103/2023
Presidente:
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
Magistrados:
D. CARLOS VIEITES PEREZ
D. LUIS MANUEL UGARTE OTERINO
D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU
D. ALFONSO RINCÓN GONZÁLEZ-ALEGRE
En Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés.
Vistos por esta Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 189/2022, interpuesto por el Procurador don Bosco Hornedo Munguía, en nombre y representación de don Victorio, bajo la dirección letrada del Abogado don Daniel Eduardo Márquez Lasso, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de marzo de 2021, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa número NUM000, presentada contra el acuerdo de imposición de sanción, dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2017.
Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.
Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2022, acordándose mediante decreto de 21 de febrero de 2022 su admisión a trámite como procedimiento ordinario y la reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 4 de julio de 2022, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de su pretensión y anular la sanción impuesta.
Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, las siguientes:
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- El expediente sancionador que nace de una interpretación de la norma por parte del contribuyente, amparada en el artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pues consideraba que resultaba aplicable la normativa tributaria que justificaba la presentación de declaración por el IRPF en el ejercicio 2017, al tener pleno convencimiento de que su vínculo con la entidad pagadora es laboral en su condición de "gerente de las filiales que la sociedad Técnicas Eléctricas Urbanas Sociedad Anónima tiene fuera del territorio español", y que su cargo como miembro del Órgano de Administración está limitado a las obligaciones formales y materiales impuesta por la ley.
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- En la conducta del contribuyente no concurre culpabilidad, ni se ha justificado su concurrencia.
La Abogacía del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2022, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto administrativo impugnado, con expresa condena en costas a la parte actora.
Las alegaciones de la Administración demandada en sustento de su pretensión son, en síntesis, las siguientes:
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- La relación que vinculaba al recurrente con la sociedad era de naturaleza mercantil, dada su condición de administrador único de la misma, por lo las dietas no gozaban de la exención de la exención del artículo 9.A.3 del RIRPF.
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- La actuación del recurrente no puede ampararse en una interpretación razonable de la norma, la cual excluiría la culpabilidad de conformidad con el artículo 179.2 d) de la LGT, sino lisa y llanamente de su inaplicación sin razones que lo justifiquen, pues la aplicación de la norma no ofrece dudas. Además, su culpabilidad se encuentra motivada en el acuerdo sancionador.
La cuantía del recurso ha sido fijada en 4.274,54 euros, mediante decreto de fecha 4 de octubre de 2022, y no habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se declararon las actuaciones conclusas.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 17 de octubre de 2023, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Presidente de la Sala Ilmo. Sr. don Juan Pedro Quintana Carretero, quien expresa el parecer de la misma.
Objeto del recurso y argumentos de las partes.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de marzo de 2021, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa número NUM000, presentada contra el acuerdo de imposición de sanción número NUM001, dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2017, por cuantía de 4.274,54 euros.
En el presente caso, el recurrente es sancionado, como consecuencia del procedimiento de comprobación limitada del ejercicio 2017 que concluyó con liquidación provisional de la que resultaba una cantidad a pagar de 8.549,08 euros como consecuencia de la no declaración correcta de los rendimientos del trabajo, correspondientes a dicho ejercicio fiscal, como autor de una infracción leve del artículo 191.3 de la LGT, consistente en dejar de ingresar dentro del plazo establecido parte o la totalidad de la deuda tributaria, en relación con los artículos 184 y 187 del mismo cuerpo legal.
La infracción se califica como leve porque la base de la sanción, deuda tributaria dejada de ingresar (8.549,08 euros), es superior a 3.000 euros, sin que se aprecie la existencia de ocultación, ni de otras circunstancias que agraven la calificación.
El acuerdo sancionador expone que no procedía la aplicación del régimen de dietas exentas del artículo 9.A.3 del Real Decreto 439/2007, Reglamento del I.R.P.F., dado que el contribuyente no obtenía por parte de la empresa pagadora rendimientos como trabajador por cuenta ajena, si no como administrador de la entidad.
El contribuyente ocupaba el cargo de "gerente de las filiales que la sociedad Técnicas Eléctricas Urbanas Sociedad Anónima tiene fuera del territorio español", y era miembro del Órgano de Administración de la mercantil. La empresa pagadora Técnicas Eléctricas Urbanas SA imputa en 2017 al contribuyente, mediante el Modelo 190 (informativo anual de retenciones del IRPF), las siguientes rentas: dietas exentas del trabajo de 27.953,10 euros (306 días x 91,35 euros).
La Administración Tributaria considera que los rendimientos imputados como rendimientos de trabajo lo han sido incorrectamente, dado que correspondía imputarlos como rendimientos satisfechos por su condición de administrador, que es en el concepto en el que se perciben. De modo que el contribuyente se había aplicado indebidamente la exención de dietas que regula el artículo 9.A.3 del RIRPF, dada la naturaleza mercantil de su relación con la empresa, como administrador de la sociedad, frente a lo sostenido por el contribuyente que estimaba aplicable dicha exención por entender que su relación con la mercantil era laboral.
Las razones que fundan la existencia de negligencia en la conducta infractora, y que se desarrollan en el Acuerdo sancionador son las siguientes:
"Don Victorio fue desde 2008 y de forma ininterrumpida el administrador único de la entidad pagadora Técnicas Eléctricas Urbanas SA, con cuyos propietarios estaba claramente vinculado (su hija era propietaria al 74% de la sociedad), por lo que se aprecia en él toda la responsabilidad por la declaración de las dietas exentas: es Don Victorio, como prestador de servicios a la empresa, quien informa a la misma y se encarga de documentar sus supuestas dietas exentas; es Don Victorio, como administrador de la entidad, quien se las concede e informa de ellas en el Modelo 190, y es Don Victorio, como contribuyente de IRPF, quien se aplica la exención.
No cabe, por tanto, apreciar una menor responsabilidad por declarar conforme a la información facilitada por la empresa pagadora, dado que dicha información provenía, en última instancia, de sí mismo.
En cuanto a la improcedencia de las dietas, es evidente que los contribuyentes tienen la obligación de incluir en su declaración del IRPF cuantos rendimientos perciban como consecuencia de su trabajo, siendo la aplicación del régimen de dietas exentas una excepción a dicha norma general; y que la posición de administrador único es claramente distinta de la de trabajador por cuenta ajena.
Por ello, se juzga que Don Victorio tenía una obligación reforzada de diligencia por cuanto pretendía la aplicación de un régimen de exención de rentas, corriendo de su cargo la obligación de informarse convenientemente de los requisitos del mismo, siendo exigible que lo hiciera con antelación a su aplicación, máxime dada su condición de administrador, posición claramente distinta a la de trabajador por cuenta ajena a estos efectos. Y ello teniendo presente que tal actitud no conllevaría la pérdida de derecho alguno a la exención de tales ingresos, sino simplemente el requisito previo de informarse, o, en su caso, la opción de declarar los rendimientos íntegros y posteriormente presentar una rectificación de su autoliquidación a fin de que los órganos de gestión tributaria se pronunciaran sobre la misma, evitando así causar un perjuicio a la Hacienda Pública.
En el presente...
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