SJPI nº 6 47/2017, 8 de Junio de 2017, de Lleida
| Ponente | EDUARDO MARIA ENRECH LARREA |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2017 |
| ECLI | ECLI:ES:JPI:2017:837 |
| Número de Recurso | 171/2015 |
Juzgado de Primera Instancia n.6 de Lleida(mercantil)
Edificio Canyeret, 3-5, planta 3 - Lleida - C.P.: 25007
TEL.: 973700136
FAX: 973700135
N.I.G.: 2512047120158002773
Procedimiento ordinario - 171/2015 -M
Materia: Juicio ordinario por cuantía
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Parte demandante/ejecutante: MOTOR TÀRREGA, S.A.
Procurador/a: Natalia Puigdemasa Domenech
Abogado/a: M. Lourdes Sanchez Lopez Parte demandada/ejecutada: TRANSPORTS PARCERISA VENDRELLS S.L., Juan Antonio, Fermina
Procurador/a:
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 47/2017
Magistrado: Eduardo M Enrech Larrea
Lugar: Lleida
Fecha: 8 de junio de 2017
Que la representación de la parte actora, se formuló demanda de Juicio Ordinario, arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de hechos y fundamentos de derecho, que se
dictará Sentencia, por la que se condene a al demandada a pagar a la parte actora la suma de 12.004,15 €, más intereses legales, todo con más las costas.
Que admitida la demanda por decreto de fecha 31 de marzo de 2015, se dispuso el emplazamiento de las partes demandada, para que en el término legal compareciera en autos, asistida de Abogado y Procurador, y contestara aquella, lo cual no verificó, en tiempo y forma, siendo declarado en situación de rebeldía procesal con fecha 18 de abril de 2017.
Se acordó convocar a la parte actora a la vista prevista en el art. 443 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, L. 1/2000 de 8 de enero, que tuvo lugar el día de hoy.
Haciendo uso de lo que dispone el art. 429-8º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, L. 1/2000 de 7 de enero, como se han propuesto únicamente la prueba documental ya aportada, quedaron los autos vistos para sentencia.
En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
La actora ejercita una acción de reclamación de cantidad por falta de pago de les obligaciones legales derivadas de trabajos de reparación y revisión realizados a la sociedad demandada. También se ejercita la acción de responsabilidad objetiva de los administradores del art. 363 y 367 de la LSC; contra el administrador de la sociedad deudora.
Según el art. 1.091 del Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos, quedando obligados, no solo a lo expresamente pactado, sino también, a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley - art. 1.258 C.C.-; sin que en ningún caso, el cumplimiento del contrato pueda quedar al arbitrio de uno de los contratantes - art.1.256 C.C.-En este caso queda acreditado la existencia del objeto de la relación contractual que ahora reclama (doc. 1 y 2), y la falta de pago de dichas obligaciones, (letras de cambio, doc. núm. 3 a 17, más gastos de devolución doc. 18 y 19). Por tanto, la existencia de la deuda de TRANSPORTES PARCERISA-VENDRELLS SL está perfectamente acreditada.
Y como tal, los hechos de los que se desprende la obligación de pago conforme a las normas jurídicas aplicables, el efecto que se pretende, conforme al art. 217, sin que la parte demandada, dada su condición de rebelde haya aportado hechos impeditivos, extintivos o enervatorios de los citados efectos.
3.1 La actora ejercita una acción solidaria o objetiva de responsabilidad de los administradores de los arts. 367 en relación con el art. 363.1, todos con una redacción idéntica a aquella que tenían les disposiciones derogadas de la LSA y LSRL en los artículos 262 y siguientes y 104 y siguientes respectivamente, siendo por tanto perfectamente aplicable la jurisprudencia desarrollada en relación a aquellas.
3.2 Conviene recordar aquí que la L.S.A. establecía un sistema de responsabilidad enérgico, con relación al sistema anterior. Así el tercero no socio, puedía ejercitar dos tipos de acciones para obtener la satisfacción de su derecho sobre el patrimonio particular de los administradores. La llamada acción individual a la cual se refiere el art. 135, en relación con el art. 133 del texto citado, y la acción de responsabilidad solidaria por la falta de cumplimento por los administradores de su deber de disolver la sociedad, del art. 262-5º del mismo texto.
Se trata de dos acciones diferentes que se basan en diferentes presupuestos que la jurisprudencia ha indicado ya de forma consolidada, "respecto a las acciones de responsabilidad por negligencia en el ejercicio del cargo ( arts. 69 LSRL y 135 TRLSA) y por incumplimiento del deber de disolver concurriendo causa legal para ello ( arts. 105.5 LSRL y 262.5 TRLSA). Como hemos tenido ocasión de declarar en múltiples resoluciones, se trata de acciones distintas, con presupuestos, requisitos y efectos diversos.
En efecto, la acción individual de responsabilidad del artículo 69 LSRL es una acción de responsabilidad por daño, derivada de un acto propio de los administradores que exige culpa o negligencia y la relación causal entre este comportamiento y el daño causado, cuyo contenido puede ser equivalente al de la cuantía de la deuda, pero puede ser distinto, pues es una acción de resarcimiento por daños, dirigida a obtener una indemnización.
Distinta de ella, autónoma y sujeta a sus propios presupuestos y requisitos, es la acción sancionada por el artículo 105.5 LSRL, que sanciona al administrador con su responsabilidad personal solidariamente con la sociedad por las deudas sociales en caso de incumplimiento de la obligación de gestión para disolver y liquidar, que es obligado cuando, a tenor del art. 104 LSRL, concurra alguna de tales causas ("la sociedad se disolverá...". dicen tales preceptos).
Se establece así una cuasi-objetivación de la responsabilidad, desconectada de la causación del daño provocado por el propio comportamiento, que ha de calificarse de sanción civil.
Se trata, por tanto, de una responsabilidad no ya por daño, derivado en relación causa-efecto de un comportamiento malicioso, abusivo o negligente -no se trata ya de buscar la relación de causalidad entre esta conducta omisiva y el impago de la deuda, cual si se tratara de la acción individual de responsabilidad del art. 135 LSA y 69 LSRL-, sino que responderá por "deuda ajena" y con carácter cuasi-objetivo en función del incumplimiento de un deber legal que aparece claramente definido, cual es el de promover la disolución de la sociedad cuando concurre alguna de las causas de disolución imperativa, permitiendo de este modo con su comportamiento omisivo la continuidad operativa de una sociedad que debe disolverse, lo que redunda de forma inmediata en la seguridad del mercado y constituye, en determinados supuestos de pérdidas patrimoniales, una garantía en protección de terceros acreedores de la sociedad. (para todo AP Barcelona, sec. 15ª 20-01-2004, Ponente Sr. Garnica)
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