SAP Santa Cruz de Tenerife 57/2023, 7 de Marzo de 2023
| Ponente | EMILIO MORENO BRAVO |
| ECLI | ECLI:ES:APTF:2023:820 |
| Número de Recurso | 1152/2022 |
| Procedimiento | Recurso de apelación. Delitos leves |
| Número de Resolución | 57/2023 |
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2023 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Santa Cruz de Tenerife, Sección 6ª |
? SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
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Santa Cruz de Tenerife
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Rollo: Apelación Juicio sobre delitos leves
Nº Rollo: 0001152/2022
NIG: 3803843220210011404
Resolución:Sentencia 000057/2023
Proc. origen: Juicio sobre delitos leves Nº proc. origen: 0002152/2021-00
Jdo. origen: Juzgado de Instrucción Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife
Interviniente: Rollo De Sala 147/2022 (e)
Apelante: Valentina ; Abogado: Maria Candelaria Velazquez Padilla; Procurador: Maria Eugenia Beltran Gutierrez
SENTENCIA
En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 2023
En nombre de S.M. el Rey, visto ante esta Audiencia Provincial constituida como órgano unipersonal, y actuando, en tal concepto, el Ilmo. Sr. Magistrado D. Emilio Moreno y Bravo, se ha dictado sentencia en la causa correspondiente al Rollo de Sala número 1152/2022 procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, seguido por un DELITO LEVE DE INJURIAS ENTRE PARIENTES, habiendo sido parte como apelante, DÑA. Valentina, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Eugenia Beltrán Gutiérrez y defendida por la Letrada Dña María Candelaria Velázquez Padilla.
Ha sido parte el Ministerio Fiscal, en ejercicio de la acción pública.
Con fecha 19/04/2022 se dictó sentencia en Juicio sobre Delitos Leves nº 2152/2021, del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife.
En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos, como probados: "ÚNICO .- Resulta acreditado que doña Ana reside en la vivienda de su madre doña Valentina, sita en la CALLE000 NUM000, piso NUM001, Santa Cruz de Tenerife, siendo la relación entre ellas tensa produciéndote entre ellas discusiones con frecuencia en el término de las cuales Ana le dice a su madre "eres un mala madre". Doña Valentina le habría pedido a su hija que abandonara la vivienda, no habiéndose resuelto la situación hasta el momento".
Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:
"Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a Ana de los hechos denunciado, declarando de oficio las costas procesales".
Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la Defensa de DÑA. Valentina .
El recurso se fundaba en los siguientes motivos:
-
Error en la valoración de la prueba e infracción de ley por indebida aplicación del art. 173.4 CP.
El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso.
Remitido a este Tribunal, pasó al Magistrado a quien por turno correspondió, quedando el recurso pendiente para sentencia.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Se aceptan los contenidos en la resolución recurrida.
En la resolución del recurso debemos reflejar la doctrina plasmada en la SAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 5ª, de 28 de marzo de 2019 donde se expone: "En la actual redacción del artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley 41/2015, vigente a partir del 6 de diciembre de 2015 para los procedimientos incoados con posterioridad a dicha fecha, se restringe en la norma positiva la posibilidad de revisión de sentencias absolutorias o el agravamiento de la condenatoria por error en la valoración de la prueba, remitiendo la disposición procesal a la eventual declaración de nulidad de la sentencia (-Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.-). En cierta medida, estas disposiciones incorporan al derecho procesal positivo principios que desde la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, progresivamente, han venido a restringir la posibilidad de revisión de sentencias penales absolutorias o el agravamiento de condenatorias, fundada en una revisión de los hechos de la sentencia apelada. Al respecto, resulta obligado invocar la doctrina del Tribunal Constitucional, seguida desde la sentencia 167/2002 de 18 de septiembre, que en la práctica limitó la posibilidad de revisión fáctica en la apelación penal, singularmente cuando se pretende un nuevo examen de elementos de prueba (personales) en los que el respeto a los principios de inmediación y contradicción impide llegar a conclusiones distintas a las asumidas por el Juez que directamente intervino en el juicio oral. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias como las de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) o 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández) aprecia vulneración del Art. 6 1º del CEDH cuando la revisión condenatoria se realiza modificando la apreciación de los hechos, y considera, "a contrario sensu", que es admisible la revisión de sentencias absolutorias, aun cuando no se celebre nueva audiencia del acusado, si se trata exclusivamente de decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica, es decir de modificar la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, (Ver SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández c. España, § 25; 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez c. España, § 39; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España, § 38; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España, § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España, § 31; o STEDH de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García c. España). Además, en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 88/2013, de 11 de abril de 2013, "se descarta una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia de instancia sino sobre cuestiones
estrictamente jurídicas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio o 2/2013, de 14 de enero)", insistiendo en que "si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril; o 153/2011, de 17 de octubre)-. En suma, se considera en esta resolución que "vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su...
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