SJCA nº 2 74/2023, 5 de Mayo de 2023, de Santiago de Compostela
| Ponente | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ CARLIN |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2023 |
| ECLI | ECLI:ES:JCA:2023:2231 |
| Número de Recurso | 339/2020 |
XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SENTENCIA: 00074/2023
- Modelo: N11600
RUA BERLIN S/N
Teléfono: 981 540 343 / 346 Fax: 981 540 344
Correo electrónico: Contencioso2.santiago@xustiza.gal
Equipo/usuario: MF
N.I.G: 15078 45 3 2020 0000594
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000339 /2020 /
Sobre: ADMON. AUTONOMICA
De D/Dª : Celestina, Joaquín
Abogado: ALFONSO IGLESIAS FERNANDEZ, ALFONSO IGLESIAS FERNANDEZ
Procurador D./Dª : RAQUEL CEINOS REAL, RAQUEL CEINOS REAL
Contra D./Dª CONSELLERIA DE SANIDADE, XL INSURANCE COMPANY, S.E XL INSURANCE COMPANY, S.E
Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD,
Procurador D./Dª, MARIA SOLEDAD SANCHEZ SILVA
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Procedimiento Ordinario nº 339/2020
SENTENCIA
En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 5 de MAYO de 2023.
Vistos por mí, doña María Eugenia Rodríguez Carlín, Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitado como Procedimiento Ordinario nº 339/2020, entre las siguientes partes: como recurrente, doña Celestina y don Joaquín, representada por la Procuradora doña Raquel Ceinos Real y asistida del letrado don Alfonso Iglesias Fernández; como demandada, la Conselleria de Sanidade SERGAS, representado y asistido por el Letrado de su Asesoría Xurídica; como codemandada, XL INSURANCE COMPANY, representada por la procuradora doña
Soledad Sánchez Silva y asistida jurídicamente del letrado don Iñigo Cid-Luna Clares; contra la resolución notificada el 10 de julio de 2020 del Conselleiro de Sanidade por la que se desestima el recurso de reposición respecto de la denegación de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los actores en el marco del expediente de responsabilidad patrimonial NUM000 .
Se formuló recurso contencioso-administrativo contra la resolución notificada el 10 de julio de 2020 del Conselleiro de Sanidade por la que se desestima el recurso de reposición respecto de la denegación de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los actores en el marco del expediente de responsabilidad patrimonial NUM000 .
Una vez recibido el expediente administrativo de la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la parte recurrente a fin de que se formalizase la correspondiente demanda, lo que así hizo a medio de escrito presentado en legal tiempo y forma. En la demanda, tras los hechos y fundamentos de derecho que consideró procedentes, terminó suplicando que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que estime íntegramente la demanda por no ajustarse a derecho el acto recurrido y sea condenada la Administración en los concretos términos que se explicitan en el suplico de dicha demanda que aquí se dan por reproducidos.
Conferido traslado a la parte demandada, por el Letrado de la Xunta de Galicia y la letrada de la aseguradora se presentó sendos escritos de contestación oponiéndose a la demanda e interesando la desestimación de esta por ser la resolución impugnada ajustada a derecho. Recibido el pleito a prueba, se practica la misma en el acto de vista de 26 de octubre de 2022. Tras formular sus respectivas conclusiones, el juicio se declara concluso y visto para sentencia.
La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en 632.495,00 euros.
En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las formalidades legalmente previstas.
El objeto del presente procedimiento es la resolución notificada el 10 de julio de 2020 del Conselleiro de Sanidade por la que se desestima el recurso de reposición respecto de la denegación de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los actores en el marco del expediente de responsabilidad patrimonial NUM000 .
En síntesis, los hechos en los que se sustenta la presente demanda se describen de forma detallada en el propio escrito de demanda si bien, a los efectos que aquí interesan, podemos resumirlos del siguiente modo, en términos del recurrente:
La señora Celestina, de 39 años, ingresó para finalización del embarazo por inducción el día 27.06.2018 en el DIRECCION000 de Pontevedra, tras un embarazo normal. Tras un proceso expulsivo que incluyó el uso de ventosas y una cesárea, nace Camila, que sufre un DIRECCION001 del cual se han derivado secuelas. Entiende la recurrente que ha existido una mala praxis por la cual reclama una indemnización de 632.495,00 euros.
Frente a tal pretensión, los codemandados se oponen al considerar que no hubo infracción alguna de la lex artis y, subsidiariamente, en caso de que se estime lo contrario, por considerar excesiva y desproporcionada la indemnización solicitada.
Así fijados los hechos controvertidos, lo cierto es que nos encontramos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración cuyo régimen jurídico básico está contenido actualmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( artículos 91 y 92) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 32 a 35). Además, existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial plenamente consolidado que declara que esta responsabilidad, de naturaleza directa y objetiva, exige la concurrencia de determinados requisitos constitutivos, citando a título de ejemplo las Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1990 y 13 de junio de 1995 y por todas la de 25 de febrero de 1998, concretándose tales requisitos, en los siguientes:
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Realidad objetiva del daño que ha de ser evaluado económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
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El daño debe ser antijurídico o lo que es lo mismo, la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo.
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Que la lesión sea imputable a la Administración a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
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Relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público, sea ésta normal o anormal, en relación directa inmediata y exclusiva de causa o efecto, sin intervención de circunstancias extrañas que pudieran alterar el nexo causal. La jurisprudencia ha exigido tradicionalmente que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo, - SS Tribunal Supremo 20 de enero 1984, 24 de marzo 84, 30 de diciembre 85, 20 enero 86-.
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Ausencia de fuerza mayor.
En todo caso, para que el daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, debe ser imputable a la Administración y por último debe derivarse, en una relación de causa a efecto, de la actividad de aquélla, correspondiendo en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia de la antijuridicidad, del alcance y valoración económica de la lesión, así como del substrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración al que reclama, salvo que la Administración alegue como circunstancia de exención de su responsabilidad la fuerza mayor, en cuyo caso es a ella a quien, según reiterada jurisprudencia, corresponde la prueba de la misma.
Por otra parte, el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo ha de dirigirse a dilucidar, como se señala en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997, "...si, dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo". Aportándose, en la propia sentencia, el siguiente criterio metodológico: "...Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución Española a la actuación administrativa".
Según expone la STSX, Contencioso (Sección 1) de 18 de febrero de 2009, "La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración obliga a deducir que la conducta del personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino más bien desde la estricta objetividad mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado ( STS de 13 de julio de 2000).
Ahora bien, al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de medios, no de resultados, en ocasiones la jurisprudencia ( STS 10 de febrero de 1998), ha hecho depender la obligación de indemnizar de la vulneración o no de la "lex artis ad hoc". En este sentido la STS de 22 de diciembre de 2001 razona que cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a las propias dolencias del paciente. En efecto, aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por consiguiente, resultarían en principio irrelevantes para...
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