SAP Murcia 61/2023, 31 de Enero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 61/2023 |
| Fecha | 31 Enero 2023 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
MURCIA
SENTENCIA: 00061/2023
Modelo: N10250
1- UPAD CIVIL, PASEO DE GARAY Nº 3, 3ª PLANTA. 30003 MURCIA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Teléfono: 968229180 Fax: 968229184
Correo electrónico: audiencia.s1.murcia@justicia.es
Equipo/usuario: MPG
N.I.G. 30030 42 1 2021 0007693
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000861 /2022
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 16 de MURCIA
Procedimiento de origen: OR5 ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0001475 /2021
Recurrente: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Procurador: GEMMA DONDERIS DE SALAZAR
Abogado: PATRICIA NAVARRO MONTES
Recurrido: Celso
Procurador: REBECA PEREZ MORALES
Abogado: BERNARDINO GUIRAO GALAN
SENTENCIA Nº 61/23
Ilmos. Sres.
D. Miguel Ángel Larrosa Amante
Presidente
D. Fernando López del Amo González
D. Cayetano Blasco Ramón
Magistrados
En la ciudad de Murcia, a 31 de enero de 2023
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 1475/21 - Rollo nº 861/22 -, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia, entre las partes: como actor D. Celso, representado por el/la Procurador/a Dª Rebeca Pérez Morales y dirigido por el Letrado D. Bernardino Guirao Galán, y como demandado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, representado por el/la Procurador/a Dª Gemma Donderis de Salazar y dirigido por el Letrado Dª Patricia Navarro Montes. En esta alzada actúan como apelante Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y como apelado D. Celso .
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel Larrosa Amante, que expresa la convicción del Tribunal.
Por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia en los referidos autos de Juicio Ordinario nº 1475/21, se dictó sentencia con fecha 21 de abril de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Estimar la demanda formulada por la representación procesal Celso, contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A y:
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Declaro la nulidad de pleno derecho por abusiva y por no puesta la cláusula sobre gastos inserta en el contrato de préstamo con garantía real concertado por las partes el 10
de diciembre de 2009, formalizada ante el Notario D. Agustín Navarro Núñez, bajo el número 4340;, condeno a la entidad demandada a que abone a la parte demandante la
cantidad de 516,83 € más el interés legal de la referida cantidad desde su efectivo pago hasta la fecha de la presente resolución y el interés legal incrementado en dos puntos desde esta última fecha hasta su completo pago.
-
Declaro nula y sin efecto la cláusula que establece una comisión de apertura y condeno a la demandada al pago de la suma de 516,83 euros más los intereses legales.
Todo ello con expresa condena en las costas procesales a la
parte demandada".
Por auto de 20 de junio de 2022 se aclaró la citada sentencia en el siguiente particular: " las cantidades a restituir en concepto de gastos debe entenderse que asciende a 1.770,69 €".
Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA exponiendo por escrito y dentro del plazo legal, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a D. Celso, emplazándola/s por diez días para que presentara/n escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le/s resultara desfavorable, dentro de cuyo término, se presentó escrito de oposición al recurso. Seguidamente, previo emplazamiento de las partes por término de diez días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el nº 861/22, que ha quedado para resolución sin celebración de vista, tras señalarse para el día 31 de enero de 2023 su votación y fallo.
En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.
Objeto del recurso de apelación.
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- Se interpone recurso de apelación por la entidad de crédito demandada contra la sentencia que estima íntegramente la demanda, declarando la nulidad de la cláusula gastos y la comisión de apertura, condenando a la demanda al abono de las cantidades correspondientes consecuencia de la nulidad de las citadas cláusulas, más intereses y costas de la primera instancia.
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- La recurrente basa su recurso en los siguientes motivos: a) improcedente declaración de nulidad de la comisión de apertura; b) indebida condena al pago de las costas; c) solicitud de suspensión del procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre la comisión de apertura.
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- Por los apelados se oponen al recurso y solicitan la desestimación del mismo, confirmando la sentencia apelada.
Improcedencia de la suspensión del procedimiento por el planteamiento de la cuestión prejudicial .
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- Por la parte apelante solicita que se suspenda la tramitación del presente rollo de apelación como consecuencia de la cuestión prejudicial sobre la comisión de apertura planteada por el Tribunal Supremo en su auto de 10 de septiembre de 2021. Debe anticiparse que este tribunal entiende que no es procedente dicha suspensión, dando respuesta motivada a dicha petición en la presente sentencia que resuelve el recurso interpuesto, sin necesidad de dictar resolución separada al respecto.
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- Lo primer que es preciso señalar es que no es procedente el planteamiento por este tribunal de una cuestión prejudicial ante el TJUE. El mismo es una facultad exclusiva al órgano judicial que resuelve el litigio y que, en principio, no existe vulneración de los derechos garantizados en el artículo 24 de la Constitución Española cuando el Juez o Tribunal estima que no alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una norma de derecho comunitario o sobre su aplicación en relación con los hechos enjuiciables en el litigio.
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- Por lo que respecta a la posibilidad de suspensión del curso del procedimiento por el planteamiento de una cuestión prejudicial por otro tribunal, en este caso la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no es en ningún caso preceptiva dicha suspensión. Es evidente, y no se puede desconocer que, por el Tribunal Supremo se ha formulado al TJUE petición de decisión prejudicial sobre la cláusula de apertura. El TS, considerando que la cuestión prejudicial resuelta por la sentencia TJUE de 16 de julio de 2020 fue planteada de un modo distorsionado, interesando del TJUE se conteste, en síntesis: si es conforme al derecho comunitario la consideración de la comisión de apertura como parte del precio, atendiendo a la específica regulación nacional; si son conformes los criterios establecidos en la jurisprudencia del TS para considerar la cláusula que establece la comisión de apertura como transparente; y, finalmente, si es conforme al derecho comunitario una jurisprudencia nacional que considera que una cláusula como la que aquí es objeto de litigio no causa, contrariamente a las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.
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- Respetando el razonamiento del Alto Tribunal, ante las dudas generadas al mismo, no tanto sobre el alcance de la decisión del TJUE en la sentencia de 16 de julio de 2020 sino al entender que dicha decisión estaba condicionada por un planteamiento distorsionado de la cuestión ante el tribunal comunitario, lo cierto es que ha de tenerse en cuenta que el TJUE ya ha resuelto en la sentencia que acabamos de reseñar las dudas que, desde la perspectiva del derecho de la Unión, podría plantear la cláusula que establece la comisión de apertura, aunque ahora se reelabore la cuestión desde otra perspectiva. Resulta, entonces, aplicable la propia doctrina del TJUE sobre la no obligación de plantear cuestión prejudicial, aunque ya se haya planteado una nueva cuestión y sobre la no obligación de esperar una nueva respuesta. Estaríamos, además, ante un acto aclarado por el propio TJUE en la sentencia de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C- 259/19), particularmente cuando expresa que: " una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido ".
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- Dicha doctrina, para este tribunal es clara y permite que este tribunal, partiendo de la indiscutible vinculación de los tribunales nacionales al ordenamiento europeo y a la doctrina emanada del TJUE, lleve a cabo el control de transparencia de la comisión de apertura conforme a un criterio ya fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicando al mismo las previsiones del Derecho nacional, de la jurisprudencia nacional y comunitaria que ha interpretado el régimen del examen de abusividad en condiciones generales aplicables a consumidores y a las concretas circunstancias del caso enjuiciado, en virtud de una doctrina fijada por el TJUE con respecto de la comisión de apertura, que es vinculante para los tribunales españoles y que es la que actualmente debemos seguir, por lo que no se dan las exigencias para poder acordar la suspensión en los términos señalados en el ATS de 12 de abril de 2016 (suspensión en relación con la cláusula suelo). En consecuencia, no procede acceder a la suspensión solicitada y debemos entrar a conocer del fondo del motivo planteado sobre la validez de la...
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