STSJ Asturias 183/2023, 22 de Febrero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 183/2023 |
| Fecha | 22 Febrero 2023 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-administrativo
Sección Primera
N.I.G: 33044 33 3 2022 0000208
SENTENCIA: 00183/2023
RECURSO P.O. nº 207 /2022
RECURRENTE Colegio Oficial de Médicos de Asturias
PROCURADOR Don Antonio Álvarez Arias de Velasco
LETRADO Don Javier Álvarez Arias de Velasco
RECURRIDO Consejería de Salud del Principado de Asturias
SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Don Pablo Álvarez Bertrand
CODEMANDADOS Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería de España
PROCURADORES
LETRADOS Doña Eva Cortadi Pérez, doña María José Nogueroles Andrada
Don Ramón Robles González, don Francisco Corpas Arce
SENTENCIA
Ilmos. Señores Magistrados:
Don David Ordóñez Solís, presidente
Don Julio Luis Gallego Otero
Doña María Olga González-Lamuño Romay
Doña María Pilar Martínez Ceyanes
En Oviedo, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 207/2022, interpuesto por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, representado por el procurador don Antonio Álvarez Arias de Velasco y asistido por el letrado don Javier Álvarez Arias de Velasco, contra la Consejería de Salud del Principado de Asturias, representada y asistida por el letrado de su Servicio Jurídico don Pablo Álvarez Bertrand, siendo
codemandados el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias y el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería de España, representados, respectivamente, por las procuradoras doña Eva Cortadi Pérez y doña María José Nogueroles Andrada y defendidos por los letrados don Ramón Robles González y don Francisco Corpas Arce, relativo a hacienda autonómica.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña María Pilar Martínez Ceyanes.
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Conferido traslado a las partes codemandadas para que contestasen a la demanda lo hicieron en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.
Por auto de 22 de julio de 2022, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 14 de febrero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es el Decreto 87/2021 de 30 de Diciembre por el que se nombra como Directora General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria a Dª. Enriqueta (BOPA del día 31 de Diciembre de 2.021).
Con la acción ejercitada el Colegio Oficial de Médicos de Asturias interesa se dicte sentencia declarando la nulidad y/o anulabilidad del acto objeto de recurso dejando sin efecto dicho nombramiento por carecer de los requisitos legales para su desempeño, con la adopción de las medidas necesarias para restaurar la legalidad que se considera conculcada.
El fundamento jurídico de esa pretensión se articula en base a los siguientes motivos, expuestos en síntesis:
-
/ Vulneración del artículo 30 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, buen gobierno y grupos de interés, por falta de idoneidad del nombramiento al carecer el designado de la formación y experiencia necesaria para el desempeño del cargo de Director General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, en la comparativa entre las funciones de esa Dirección General y la reserva de ley para Licenciados en Medicina del artículo 6.2 a) de la Ley 44/2003, de 14 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Ley 41/2002 y normativa complementaria relacionada.
-
/ Motivación insuficiente que deviene en arbitrariedad causante de indefensión, con vulneración de lo dispuesto en los artículos 35 y 88.3º de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo por basarse el nombramiento en un informe de idoneidad precipitado, genérico e indocumentado y no publicado en el registro electrónico de la Consejería de Salud.
Se invoca igualmente la Sentencia nº 653/2021, de la Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 10/05/21 (rec. casación 6437/2019) respecto al ejercicio de la profesión de enfermería en relación con la profesión médica, delimitación de funciones y responsabilidades.
La Administración demandada defiende la legalidad del nombramiento en cuanto aparece realizado con estrictos criterios legales. Pone de manifiesto, en esencia, que no nos encontramos ante el
nombramiento de un funcionario público, sino de un alto cargo (nombramiento político) para el que desde el año 2014 no se exige reunir la condición de funcionario público. Añade que si la función específica como cargo político de toda Dirección General no es otra que la de dirigir y coordinar los servicios que estén bajo su dependencia, tanto la formación como la experiencia del discrecionalmente elegido debe ir encaminada a una competencia en dicho ámbito, que no necesariamente debe circunscribirse a la materia específica sobre la que pivote su dirección general. En el caso que nos ocupa, un diplomado en enfermería posee una formación universitaria acreditada en el ámbito sanitario y, simultáneamente, en su experiencia profesional puede ser un excelente gestor de un departamento administrativo. Asimismo pone de relieve que las funciones de la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria recogidas en el artículo 10 del Decreto 83/2019 resultan de discutible encaje único en el perfil de un graduado en medicina, siendo perfectamente asumibles por cualquier profesional del sector sanitario con independencia de su titulación.
En la misma línea de defensa del acto impugnado se posicionan las dos partes codemandadas en el procedimiento.
Delimitada la controversia que enfrenta a las partes, para su adecuada resolución es preciso partir de la normativa aplicable, exponiendo incluso cuál ha sido su evolución en esta Comunidad Autónoma.
Así y en primer lugar es preciso destacar que la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en su actual redacción, establece unos requisitos para el nombramiento de cargos del nivel de Director General menos intensos que los establecidos para los nombramientos de este nivel en el ámbito estatal.
En efecto, en la Administración General del Estado se ha consagrado un principio de profesionalización de los cargos administrativos que afecta, en particular, a los Directores Generales. En este sentido, el art. 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) dispone:
"Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario."
Esta regulación ha sido interpretada por el Tribunal Supremo que, en sustancia, ha establecido una línea jurisprudencial, como expone, por ejemplo, la sentencia de 19 de febrero de 2013, de la Sección 4ª de la Sala Tercera, recurso nº 241/2021, ES:TS:2013:884, conforme a la cual se reitera que la Ley estatal consagra "un régimen riguroso de profesionalización (funcionarización, en realidad) de los más altos cargos de la estructura administrativa estatal, por encima de los cuales sólo se encuentran los Secretarios de Estado y los Ministros quienes, dada su cualidad de miembros del Gobierno (Ministros) o de titulares de órganos directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno (Secretarios de Estado), no están, obviamente, sujetos a aquellos...
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