SJCA nº 2 244/2022, 7 de Diciembre de 2022, de Santiago de Compostela
| Ponente | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ CARLIN |
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JCA:2022:2639 |
| Número de Recurso | 428/2020 |
XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SENTENCIA: 00244/2022
- Modelo: N11600
RUA BERLIN S/N
Teléfono: 981 540 343 / 346 Fax: 981 540 344
Correo electrónico: Contencioso2.santiago@xustiza.gal
Equipo/usuario: MF
N.I.G: 15078 45 3 2020 0000749
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000428 /2020 /
Sobre: ADMON. AUTONOMICA
De D/Dª : AMBULANCIAS AS BURGAS UTE LEY 18/1982
Abogado:
Procurador D./Dª : MARIA DEL CARMEN CAMBA MENDEZ
Contra D./Dª SERVICIO GALEGO DE SAUDE (SERGAS)
Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD
Procurador D./Dª
SENTENCIA
En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 7 de DICIEMBRE de 2022.
Vistos por mí, doña María Eugenia Rodríguez Carlín, Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitado como Procedimiento Ordinario nº 428/2022, entre las siguientes partes: como recurrente, AMBULANCIAS AS BURGAS UTE LEY 18/1982, representada por Procurador y asistida de Letrado; como demandada, el Servicio Galego de Saúde (SERGAS), representado y asistido por el Letrado de su Asesoría Xurídica; contra la resolución dictada por la Administración demandada de 28 de agosto de 2020, que acuerda, por razones de interés público, la continuidad de prestación de los servicios de transporte sanitario objeto de contrato de 26 de agosto de 2016.
Se formuló recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Administración demandada de 28 de agosto de 2020, que acuerda, por razones de interés público, la continuidad de prestación de los servicios de transporte sanitario objeto de contrato de 26 de agosto de 2016.
Una vez recibido el expediente administrativo de la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la parte recurrente a fin de que se formalizase la correspondiente demanda, lo que así hizo a medio de escrito presentado en legal tiempo y forma. En la demanda, tras los hechos y fundamentos de derecho que consideró procedentes, terminó suplicando que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que estime íntegramente la demanda por no ajustarse a derecho el acto recurrido y sea condenada la Administración en los concretos términos que se explicitan en el suplico de dicha demanda que aquí se dan por reproducidos.
Seguidamente se dio traslado de la demanda a la parte demandada para su contestación, lo que así hizo, también en legal tiempo y forma, interesando la desestimación de la misma. Y recibiéndose el procedimiento a prueba se practicaron aquéllas de las propuestas que fueron admitidas, con el resultado que obra en las actuaciones, evacuándose el trámite de conclusiones por las partes y quedando los autos, sin más trámite, vistos para dictar sentencia.
La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en 124.243,28 euros.
En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las formalidades legalmente previstas.
El objeto del presente procedimiento son la resolución dictada por la Administración demandada de 28 de agosto de 2020, que acuerda, por razones de interés público, la continuidad de prestación de los servicios de transporte sanitario objeto de contrato de 26 de agosto de 2016.
Alega el recurrente, en síntesis, que el 26 de agosto de 2016 se suscribió un contrato entre las partes de 4 años para prestar servicios de transporte sanitario no urgente que se ha venido ejecutando con normalidad; que la Administración comunicó a la actora el 18 de agosto de 2020 la propuesta unilateral de prórroga del contrato; que la actora comunicó por escrito de 25 de agosto de 2020 no aceptar la prórroga por su disconformidad por las condiciones económicas propuestas, pues como consecuencia de diversas circunstancias sobrevenidas (como, por ejemplo, la aprobación de un nuevo convenio colectivo que ha implicado un importante aumento salarial para los profesionales del sector), el contrato ha devenido excepcionalmente gravoso para la contratista; que, a pesar de lo anterior, se impuso una prórroga forzosa del contrato por resolución de 28 de agosto de 2020 aduciendo razones de interés público; que no se fijó una indemnización a la contratista derivada del desequilibrio económico provocado por la prórroga forzosa y que la administración demandada no puede beneficiarse de su propia demora en la adjudicación del nuevo contrato.
La Administración demandada se opuso a la estimación del recurso. Alega, en esencia, que la tramitación del nuevo expediente de contratación se vio afectada por la suspensión de los plazos administrativos decretada por el RD 463/2020; que habiéndose llevado a cabo actuaciones preparatorias para la tramitación del expediente de contratación y rigiendo para las mismas, en defecto de previsión en la LCSP, los plazos administrativos previstos en la ley 39/2015 es obvio que tales actuaciones se vieron también afectadas por la suspensión de plazos administrativos prevista en el RD 463/2020 antes mencionado; que, además de la prórroga del contrato de mutuo acuerdo prevista en el PCAP, sería aplicable la prórroga forzosa del art. 23.2 del TRLCSP; que es incontrovertido que en la contratación del sector público existen dos tipos de prorroga: la primera, de mutuo acuerdo y con los límites fijados para el acuerdo de que se trate ( art. 23 TRLCSP y para los contratos de servicio, art. 278 TRLCSP y 29 LCSP) y la segunda, la denominada prórroga forzosa, acordada unilateralmente por la Administración y regulada en el art. 23.2.2 TRLCSP y, actualmente, 29 LCSP; que no puede entenderse que la imposición de la prórroga suponga una modificación del contrato sino que supone simplemente una duración mayor, conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato y en el propio pliego de cláusulas administrativas, por lo que la demandante no tendría derecho a indemnización alguna; que conforme al art 23.2 del TRLCSP, es condición inherente a la prórroga ya sea por mutuo acuerdo o forzosa, el mantenimiento de las características esenciales del contrato durante el periodo de duración de esta, por lo que siendo plenamente ajustada a derecho la prórroga forzosa acordada, no ha lugar al reconocimiento de la pretensión económica articulada de contrario; que el desequilibrio económico de un contrato con la administración nunca puede nacer del incremento de costes laborales generado por convenio colectivo, ya que se trata de un riesgo previsible o incidencia normal en la dinámica de las relaciones laborales y que se opone, con carácter subsidiario, a las pretensiones indemnizatorias solicitadas de adverso; y, por último, que carece de justificación atender, para justificar el importe reclamado, al importe de una nueva licitación, pues
se trata de contrataciones distintas, pues en la nueva contratación constan un numero distinto de servicios estimados y vehículos superiores al anterior y se incluyen traslados dentro y fuera de la comunidad autónoma lo que vendría a justificar, junto con el incremento del convenio colectivo, el mayor importe de la licitación.
El artículo 23.2. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), dispone:
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
Y el art. el art 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece:
... cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la...
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