STSJ Andalucía 3591/2022, 15 de Septiembre de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 3591/2022 |
| Fecha | 15 Septiembre 2022 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SEDE GRANADA
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO Nº 786/2019
SENTENCIA NUM. 3591 DE 2022
Ilmo. Sr. Presidente:
Don Jesús Rivera Fernández
Ilmos. Sres. Magistrados
Doña María Salud Ostos Moreno
Don Miguel Pardo Castillo (ponente)
En la ciudad de Granada, a quince de septiembre de dos mil veintidós.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 786/2019 presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, contra la resolución de fecha 30 de enero de 2019, dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que desestimó el recurso de reposición formulado frente al acto administrativo del mismo órgano, de fecha 28 de septiembre de 2018, que impuso a la administrada una sanción de multa de 4600 euros, entre otros pronunciamientos.
Interviene como parte actora el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, representado por el procurador D. David Ángel Ruiz Lorenzo y asistido por el letrado D. Bernabé Lara Álvarez.
Es parte demandada la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en cuya representación y defensa actúa el abogado del Estado.
La cuantía del recurso es 4.600 euros.
El recurso se interpuso el día 13 de mayo de 2019 frente a la resolución de fecha 30 de enero de 2019, dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que desestimó el recurso de reposición formulado frente al acto administrativo del mismo órgano, de fecha 28 de septiembre de 2018, que impuso a la administrada una sanción de multa de 4600 euros, entre otros pronunciamientos.
Admitido a trámite el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar el dictado de sentencia que, estimando el recurso, anule la resolución impugnada y deje sin efecto la sanción de multa.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó que se dictase sentencia íntegramente desestimatoria del recurso en cuanto al fondo.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes la sala admitió y declaró pertinentes, y se incorporaron a los autos con el resultado que en estos consta.
Declarado concluso el período de prueba, se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.
Ha actuado como magistrado ponente el Ilmo. Sr. don Miguel Pardo Castillo, que expresa el parecer de la sala.
Objeto del recurso.
Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de fecha 30 de enero de 2019, dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que desestimó el recurso de reposición formulado frente al acto administrativo del mismo órgano, de fecha 28 de septiembre de 2018, que impuso a la administrada una sanción de multa de 4600 euros, entre otros pronunciamientos.
Causas de impugnación de la resolución.
La representación legal de la parte actora interesa la anulación de la resolución sancionadora y expone, en síntesis, los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
En primer lugar, alega la ausencia de dolo o culpa por parte de la sancionada. Suscribió con la Junta de Andalucía un convenio de colaboración para la ejecución y financiación de las obras precisas para la mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua y los ámbitos territoriales correspondientes al entorno metropolitano de Granada. Si la Agencia Andaluza del Agua hubiera cumplido con sus pactos no estaríamos ante los hechos que dan lugar al presente expediente sancionador.
Alega, igualmente, la vulneración de las normas reguladoras de la toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. La iniciación del procedimiento sancionador se realiza por personal que no dispone de facultades que impliquen ejercicio de autoridad, como establece el artículo 52.3 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Además, la iniciación del expediente se basa en un simple peligro potencial cuya producción y efectividad no ha sido contrastada por la demandada. Las muestras analizadas solo serían representativas de la carga contaminante en el momento puntual en el que fueron tomadas. Además, el análisis vulnera frontalmente el procedimiento legalmente establecido y cita las normas UNE que considera aplicables respecto de cada uno de los parámetros analizados.
Motivos de oposición al recurso.
La representación legal de la Administración demandada interesa la desestimación del recurso y en apoyo de su posición procesal esgrime los siguientes argumentos, que pasamos a exponer de forma sucinta:
Invoca el artículo 77.3 de la Ley 39/2015, en cuanto a la presunción de exactitud de que gozarán los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Igualmente, tras citar el artículo 116 del TRLA, señala que no excluye la responsabilidad del recurrente el hecho de que pueda ser responsable solidario la Junta de Andalucía, pues con independencia del convenio existente, el responsable es el que realiza divertido y no adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la legislación sobre aguas.
Ausencia de dolo o culpa.
Se alega la nulidad de pleno derecho del acuerdo sancionador ante la inexistencia de dolo o culpa por parte de la actora, comoquiera que la supuesta infracción de la normativa vigente, según su criterio, se ha producido por circunstancias ajenas a la voluntad y posibilidades de la actora.
Hemos mantenido en reiteradas ocasiones - sentencia de esta sala y sección de 25-7-2017, nº 1699/2017, rec. 1086/2013- que " se trata de una cuestión ya resuelta en la sentencia del TSJ Andalucía (Granada) Sala
de lo Contencioso- Administrativo, sec. 1ª, S 5-5-2014, nº 1212/2014, rec. 542/2009, que señala lo siguiente "es cierto y consta en el expediente que la Agencia Andaluza del Agua se comprometió a la elaboración y aprobación de los proyectos, contratación y ejecución de los mismos, en virtud del convenio suscrito en fecha 6 de octubre de 2006 entre ésta, los consorcios implicados y los ayuntamientos de la vega de Granada, en aplicación del Plan General de Saneamiento de la Vega de Granada, que además se encuentran en ejecución. Pero ello, como decimos, ni exime a la actora del cumplimiento de sus obligaciones ni justifica la renuncia al ejercicio de una de las competencias atribuidas por la ley (las competencias de las Administraciones Públicas son irrenunciables, artículo 12 de la Ley 30/92 ), pues ello es lo que se pretende en definitiva al remitir al proyecto que elabore la Agencia Andaluza del Agua. Por otra parte la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es conocedora de estos relevantes extremos, y es destinataria de las normas del artículo 266 RDPH que establece el procedimiento de intervención en instalaciones de depuración: "1. El Organismo de cuenca practicará las inspecciones pertinentes en las instalaciones de depuración de aguas residuales correspondientes a un vertido autorizado. Cuando de esas inspecciones resulte el mal funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales, y sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador, podrá requerir al titular para que tome las medidas necesarias que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones, en el plazo determinado en cada caso. Si el titular no atiende el requerimiento, el Organismo de cuenca propondrá al órgano competente la suspensión cautelar y temporal de las actividades que producen el vertido.
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El Organismo de cuenca podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales, cuando no fuera posible la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.
En este supuesto, el Organismo de cuenca reclamará del titular de la autorización, incluso por vía de apremio:
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Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los términos previstos en la autorización.
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Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 107 del texto refundido...
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