SAP Sevilla 249/2022, 13 de Junio de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 249/2022 |
| Fecha | 13 Junio 2022 |
SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
NIG: 4109143220220012854
RECURSO: Apelación resoluciones ( arts. 790 - 792 Lecrim ) 5584/2022
Negociado: H
Proc. Origen: Juicio inmediato sobre delitos leves 28/2022
Juzgado Origen : JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 12 DE SEVILLA
Recurrente: Susana
Abogado : ENCARNACION DELGADO MARQUEZ
Recurrido: MINISTERIO FISCAL
SENTENCIA nº 249/22
En la Ciudad de Sevilla a trece de junio de dos mil veintidós.
Vistos en grado de apelación por el Ilmo. Sr. D. Carlos Mahón Tabernero los autos de juicio por delito leve núm. 28/22 del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Sevilla.
El referido Juzgado de Instrucción dictó con fecha 25 de abril de 2022, sentencia cuyo relato de hechos probados es el que sigue "el 22 de Marzo de 2022 sobre las 11 horas en el Hospital Virgen del ROCÍO, consulta de radiología, se encontraba Berta, siendo golpeada la puerta.
Ante la insistencia de las llamadas de Susana, sale Berta y le dice que espere.
Que Susana alega que está esperando mucho su madre, horas tarde porque se habían perdido.
En este momento la denunciante le dice " pues te jodes" y la denunciada le da un bofetón tardando 5 días en curar".
Siendo el fallo del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno al denunciado Susana a la pena de 30 días de multa, con cuota diaria de 3 euros así como indemnice en la cantidad de 190 euros a la denunciante y con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código penal, según la cual si el/los condenado/ s no satisficiere/n la multa voluntariamente o por la vía de apremio, cumpliría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y al pago de las costas".
Notificada la sentencia se interpuso recurso de apelación por Susana por los motivos que a continuación se expondrán. El Ministerio Fiscal se adhirió parcialmente a dicho recurso.
Turnadas las actuaciones a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, se designó para conocer del recurso al Magistrado Carlos Mahón Tabernero.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan los hechos declarados como probados en la resolución recurrida.
Contra la sentencia dictada en primera instancia que condena a Susana como autora de un delito leve de lesiones se interpuso recurso de apelación por el mismo alegando, en primer lugar, error en la valoración de la prueba, de otra parte, que violación del principio de presunción de inocencia, y, por último, con carácter subsidiario, se solicita que se deje sin efecto la responsabilidad civil concretada o, por lo menos, que la misma se atenúe.
Respecto a la valoración de la prueba desarrollada en el juicio debe partirse de la singular autoridad de la que goza el juez ante el que se ha celebrado el juicio para la valoración de la prueba, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y, únicamente debe ser rectificado, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin en el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
Corresponde, conforme al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la L.E.Cr., al Juez o Tribunal de instancia valorar el significado de los distintos elementos de prueba y establecer su trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia, pues dicho juzgador se encuentra en una mejor situación para evaluar el resultado del material probatorio, pues las pruebas se practican en su presencia, y con cumplimiento de las garantías procesales (inmediación, contradicción, publicidad y oralidad). La declaración de hechos probados hecha por el juez "a quo" no debe ser sustituida o modificada en la apelación ( S. TS. entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero), salvo que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio; o que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia ( SS. TS. de 11- 2-94, 5-2-1994).
La valoración conjunta de la prueba practicada, como se acaba de decir, es una potestad exclusiva del órgano judicial de la instancia en la forma antes señalada ( Sentencias del Tribunal Constitucional números 120 de 1994, 138 de 1992 y 76 de 1990). El órgano de apelación, privado de la inmediación imprescindible para una adecuada valoración de las pruebas personales, carece de fundamento objetivo para alterar la fuerza de convicción que han merecido al Juzgador de instancia unas declaraciones que sólo él, ha podido "ver con sus ojos y oír con sus oídos", en expresión de las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero y 2 de febrero de 1989. Por ello, cuando la valoración de la prueba esté fundada en la inmediación debe prevalecer salvo que se aprecie un evidente error; pues sólo el órgano de primera instancia ha dispuesto de una percepción sensorial, completa y directa, de todos los factores concomitantes que condicionan la fuerza de convicción de una declaración, incluido el comportamiento mismo de quien la presta, respecto a su firmeza, titubeos, expresión facial, gestos, etcétera ( Ss. TS. 5 de junio de 1993 o de 21 de julio y 18 de octubre de 1994 y 13 de junio de 2003). En parecidos términos se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2002 al señalar que "Especialmente cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en casación, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria", y la sentencia de 9 de diciembre, de 2005 que dice que "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar es la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizado tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".
Así, el Tribunal Supremo tiene dicho que el testimonio es el producto de la capacidad sensorial de las personas y de su aptitud para captar el entorno, interiorizando lo percibido y transmitiéndolo con mayor o menor fidelidad según su poder de retención y su habilidad narrativa; siendo clara la facultad de la instancia para valorar todas las declaraciones testificales en su justa medida, en conciencia y conforme a las reglas de la sana crítica, mediante las posibilidades de percepción directa que la inmediación ofrece y así lo proclama una sólida e inveterada línea de doctrina legal - Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1998 y 20 de...
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