STSJ Cataluña 1296/2022, 4 de Abril de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1296/2022 |
| Fecha | 04 Abril 2022 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
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Recurso de apelación de Sala núm. 1823/21 y de la Sección Tercera núm. 658/21
Recurso ordinario núm. 121/21 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 16 de Barcelona, pieza separada de medidas cautelares núm. 26/21
Parte apelante: EMISSIONS DIGITALS DE CATALUNYA
Parte apelada: CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
S E N T E N C I A nº 1296/2022
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. Manuel Táboas Bentanachs
MAGISTRADOS
D. Francisco López Vázquez
Dª. María Luisa Pérez Borrat
En Barcelona, a cuatro de abril de dos mil veintidós.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA) constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY esta sentencia para resolver el recurso de apelación arriba referenciado, interpuesto por la entidad EMISSIONS DIGITALS DE CATALUNYA, representado por el Procurador de los Tribunales D. ALBERTO RAMENTOL NORIA y asistido por el Abogado D. Juan Font Torrent, contra la parte demandada, ahora apelada, el CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, representado por el Procurador D. ANGEL QUEMADA CUATRECASAS y en defensa de la misma la Abogada Dª M. Angela Saperas Barrufet.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Mª Luisa Pérez Borrat, quien expresa el parecer de la Sala.
La parte apelante interpuso en tiempo y forma legal recurso de apelación contra la Resolución judicial que se especifica en el primer fundamento de la presente.
Elevadas las actuaciones a la Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente y, no habiéndose abierto el procedimiento a prueba en esta alzada ni celebrado vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.
En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Resolución judicial objeto del presente y crítica de la parte apelante
La representación de la parte demandante impugna en esta segunda instancia el Auto nº 137/21, de 29 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Barcelona, en la pieza separada de medidas cautelares nº 26/21, del procedimiento ordinario nº 116/21 que desestimó la solicitud de medidas cautelares de suspensión de las dos sanciones impuestas por la demandada por importe de 34.287,00 euros y 23.143,00 euros, por entender que era incorrecta la identificación del prestador de los servicios de comunicación audiovisual, en primer caso, y por incumplimiento del horario de teletienda en el segundo caso, en total 57.430,00 euros.
En primer lugar, alega que existe una contradicción e incoherencia entre la actividad del COAC que suspendió la ejecutividad de la sanción en fase administrativa, probablemente conocedora de la extraordinariamente delicada situación económica del sector audiovisual y, muy especialmente, el televisivo, suspensión a la que ahora se opone en sede jurisdiccional. Entiende que si entonces concurría el periculum in mora, también ha de concurrir ahora.
Coincide con el Auto impugnado en relación con la finalidad de las medidas cautelares porque la suspensión sería lógica y pertinente porque el proceso se demorará años y podría obtenerse en favor de la actora cuando, eventualmente, podría haber cesado en su actividad, como consecuencia de la acumulación de daños causados por la crisis económica anterior, al que haya que añadir la generada y que se podría generar como consecuencia de la pandemia actual, teniendo en cuenta la situación económica actual en general y el colapso de la justicia que demora la resolución del proceso, lo que podría hacer perder al recurso su finalidad legítima.
Cuestiona, además, la afirmación del Auto impugnado que toma en consideración la solvencia de la Administración, citando como hecho público y notorio la demora, si no el impago, de las cantidades devengadas por los ERTEs con la consiguiente precariedad económica que solo se ve paliada por la solidaridad de las familias, lo que priva de garantía a la solvencia económica de la Administración.
Por otra parte, afirma que caso de concederse la suspensión no se perjudicaría al interés público porque el objeto del proceso descansa en la interpretación legal del alcance que deban tener determinados artículos de la LGCA. La suspensión no genera peligro para las personas ni riesgo que justifique la adopción inflexible de exigir una sanción pecuniaria, extraordinariamente gravosa, cuando sí se pone en peligro la viabilidad de la empresa lo que perjudica los intereses públicos.
Finalmente, cuestiona los fundamentos del auto en tanto que fundamenta la denegación en que la parte actora no ha llevado a cabo una actividad probatoria suficiente para justificar sus alegaciones y lo gravoso que pudiera ser para la parte la exigibilidad de la sanción. Al respecto, entiende que en estos momentos resulta notorio y evidente para cualquier persona mínimamente informada que la cantidad exigida en concepto de sanción es elevada y gravosa para cualquiera, pues la economía española está gravemente afectada, implorando la recepción de los Fondos europeos. Y el sector audiovisual, cuyas empresas se hallan en situación de graves pérdidas, dependen de la publicidad y está afectado por la crisis de forma especialmente grave, como cualquier ciudadano socializado conoce y sabe por los medios de comunicación.
Por todo ello, solicita que se dicte nueva resolución mediante la cual, revocando el auto de instancia, en virtud de la que se acuerde de conformidad con lo solicitado y, muy especialmente, se acuerde haber lugar a medida cautelar solicitada.
Oposición de la parte apelada
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) se opone a la petición de contrario. Niega que existiera contradicción alguna por el hecho de haber suspendido la resolución sancionadora en vía administrativa, porque el interesado manifestó ante la Administración su intención de interponer recurso contenciosoadministrativo.
También cuestiona que la ejecutividad del acto haga perder al recurso su finalidad legítima, alegación que no ha de ser genérica sino que el daño ha de estar suficientemente acreditado.
Por lo que se refiere a los intereses públicos alega que no quedarían perjudicados por la adopción de la medida cautelar.
Por todo ello, solicita que se desestime el recurso.
Resolución de la controversia planteada en esta segunda instancia
No existe incoherencia alguna por el hecho de que la parte demandada hubiera suspendido la ejecutividad del acto ante la alegación de la parte interesada de su intención de impugnar en vía contencioso-administrativa el acto administrativo, por lo demás sancionador.
Si bien el art. 117 de la Ley 39/2015 dispone que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado y faculta en su apartado 2º al órgano "a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran...
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