AAN 105/2022, 13 de Junio de 2022
| Ponente | MARIA ALICIA SANCHEZ CORDERO |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2022:5364A |
| Número de Recurso | 1948/2021 |
AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 5
MADRID
AUTO: 00105/2022
-Modelo: N35350
C/ GOYA 14
Teléfono: 91400 72 98/99/7300 Fax:
Correo electrónico:
Equipo/usuario: FMG
N.I.G: 28079 23 3 2021 0015461
Procedimiento: PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0001948 /2021 0001 PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001948 /2021
Sobre: DENEGACION RECONOCIMIENTO CONDICION REFUGIADO
De D./ña. Eva, Abilio
ABOGADO,
PROCURADOR D./Dª. BEGOÑA LOPEZ CEREZO, BEGOÑA LOPEZ CEREZO
Contra D./Dª. MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DEL INTERIOR E00003801
ABOGADO DEL ESTADO
A U T O
ILMO. SR. PRESIDENTE
Dª. ALICIA SANCHEZ CORDERO (PONENTE)
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
Dª. MARGARITA PAZOS PITA
Dª. FÁTIMA DE LA CRUZ MERA
En MADRID, a trece de junio de dos mil veintidós.
ÚNICO . - Por otrosí del escrito de demanda se solicita como medida cautelar la suspensión del acto administrativo recurrido en este procedimiento y la consiguiente paralización salida obligatoria decretada, invocando el artículo 46.3 de la Ley 12/2009. Se solicita que se acuerde la suspensión conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y régimen de las administraciones públicas y el art. 46.5 de la Directiva de Procedimientos, en la interpretación dada por la STJUE C-808/18, de 17 de diciembre de 2020, esto de forma automática e incondicional.
Asimismo, por otrosí se solicita se conceda al recurrente una autorización de residencia y trabajo provisional, apoyados en lo dispuesto en la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, en su artículo 15.3.
Dado traslado al Abogado del Estado ha presentado alegaciones genéricas oponiéndose a la medida.
Con la medida solicitada se pretende el mantenimiento del derecho a permanecer en territorio del Estado tras la denegación de la protección internacional solicitada.
Hay que tener en cuenta que el recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de la Subsecretaria del Interior, dictada por delegación del Ministro del Interior, que se limita a denegar al interesado el derecho de asilo, así como la protección subsidiaria, advirtiendo, al notificarse dicha resolución, que: «De carecerse de los requisitos necesarios para permanecer en España, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 12/2009 . En caso de proceder la salida obligatoria del territorio español, deberá efectuarse en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la presente resolución, según establece el artículo 24 del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.»
La relevante consecuencia que cabe extraer de ello es la de que no está en peligro la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, presupuesto básico para el otorgamiento de la tutela cautelar.
Así, no se puede olvidar que la Ley de la Jurisdicción quiere asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte (artículo 129.1) y, en relación con ese objetivo, preservar la finalidad legítima del recurso mediante las medidas cautelares ( artículo 130.1) siempre que no concurran intereses generales o de tercero que deban prevalecer, según la ponderación judicial, frente a los que asisten a quien pide la medida (artículo 130.2). A partir de esas previsiones, será menester, en principio, acordar la medida cautelar cuando sin ella se origine una situación irreversible, o sea cuando haya peligro en la demora de privar a la sentencia de todo efecto, de ser estimatoria, salvo que, como se ha dicho, medien intereses generales que reclamen una solución diferente ( ATS 16 de febrero 2021 (recurso 12/2021).
Pues bien, la sentencia únicamente puede pronunciarse sobre la corrección o no de la resolución por la que se deniegan el derecho de asilo y la protección subsidiaria conforme a la motivación de la evaluación de la solicitud de protección y las pretensiones de la demanda.
Esto es lo que se desprende también del artículo 46.3 de la Directiva 2013/32, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional, que indica que el recurso efectivo ante el juzgado o tribunal de primera instancia « suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95 »
Siguiendo el razonamiento de la STS de 5 de diciembre de 2012 (casación 1723/2012), cuando la Administración denegó la protección internacional solicitada mediante la resolución impugnada lo hizo estrictamente en aplicación de unos preceptos de la Ley de Asilo, sobre requisitos de la protección internacional. No hubo en esa decisión de la Administración la menor alusión, toma en consideración o referencia a los efectos de tal denegación.
En modo alguno la resolución recurrida adopta ninguna medida de expulsión ni ordena la salida del territorio nacional, sólo hace una advertencia sobre la posibilidad de permanencia en España si concurren los requisitos necesarios para permanecer en situación de...
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