SAN, 1 de Junio de 2022
| Ponente | MARIA LUZ LOURDES SANZ CALVO |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2022:2447 |
| Número de Recurso | 317/2020 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso: 0000317 / 2020
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 03458/2020
Demandante: Clemencia
Procurador: JOSÉ MANUEL SAURA ESTRUCH
Demandado: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Abogado Del Estado
Ponente IIma. Sra.: Dª. LOURDES SANZ CALVO
S E N T E N C I A Nº :
IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. LOURDES SANZ CALVO
Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA
Madrid, a uno de junio de dos mil veintidós.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo número 317/2020 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Saura Estruch en nombre y representación de Dª Clemencia frente a la Resolución de 25 de septiembre de 2019 de la Directora General de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, dictada por delegación de la Ministra para la Transición Ecológica, posteriormente ampliado a la Resolución de 8 de septiembre de 2020 que la confirma en reposición; ha sido parte en autos, la Administración General del Estado demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Interpuesto recurso Contencioso-administrativo el 8 de diciembre de 2019 ante esta Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, por el Procurador de los Tribunales Sr. Saura Estruch, contra una serie de resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica, de fecha 25 de septiembre de 2019, mediante providencia de 16 de diciembre de 2019 se acordó, al no estimar pertinente la acumulación y al amparo del artículo 35.2 de la Ley Jurisdiccional, que la parte interpusiera recursos separados respecto de las resoluciones recurridas. Providencia que, recurrida en reposición, fue confirmada por Auto de fecha 14 de febrero de 2020.
En cumplimiento de lo acordado, por el referido Procurador se presentó escrito de interposición de recurso contencioso administrativo, en nombre y representación de Dª. Clemencia .
Admitido a trámite el recurso contencioso administrativo, se reclamó el expediente administrativo, y una vez recibido, se emplazó a la actora para que formalizara la demanda, lo que así se hizo en escrito datado el 7 de noviembre de 2020, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho qué consideró oportunos, terminó solicitando que se estime el recurso interpuesto, se anule el acto recurrido y, en consecuencia, " se declare el derecho a la prórroga en aplicación de la legislación de Costas", con condena en costas a la Administración demandada.
Por auto de 14 de abril de 2021 se amplió el recurso a la Resolución de 8 de septiembre de 2020 que desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente frente a la Resolución de 25 de septiembre de 2019. Reclamada la ampliación de expediente, por la actora en escrito de 9 de enero de 2021 se ratificó en el de formalización de demanda.
El representante de la Administración General del Estado, en el escrito de contestación a la demanda presentado el 8 de octubre de 2021, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho qué consideró aplicables, solicitó que se dicte sentencia desestimando la demanda y confirmando el acto al ser conforme con expresa imposición de costas a la demandante.
Re cibido el recurso a prueba, practicada la admitida en los términos del Auto de 15 de octubre de 2021 y evacuado el trámite de conclusiones por la actora y el Abogado del Estado en sendos escritos presentados el 3 de noviembre de 2021 y 14 de diciembre de 2021, respectivamente, se señaló para votación y fallo el día 18 de mayo de 2022, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. María Lourdes Sanz Calvo.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de 25 de septiembre de 2019 de la Directora General de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, dictada por delegación de la Ministra, que deniega la prórroga de la concesión solicitada por Dª Clemencia (C-453 y C-228 Alicante), dado el impacto paisajístico y ambiental que produce su ubicación así como el problema de inseguridad para las personas, teniendo en cuenta además que permanece la posible causa de extinción contemplada en el apartado m) del artículo 78.1 de la Ley 22/1988, de Costas por existir riesgo cierto de ser alcanzada por el mar.
Concesión que, añade dicha resolución, se entiende extinguida por vencimiento del plazo desde el 29 de julio de 2018, de conformidad con lo establecido en la disposición decimosexta del Reglamento de Costas; por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 22/1988, de Costas, y en los artículos 147, 149 y 170 de su Reglamento, acuerda la demolición y retirada del dominio público marítimo terrestre de las obras e instalaciones objeto de la concesión y a sus expensas.
Resolución confirmada en reposición por la de 8 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico, dictada también por delegación de la Ministra.
Se trata de una concesión otorgada por Orden Ministerial de 30 de junio de 1934 a D. Jose Daniel para ocupar terrenos de la zona marítimo terrestre de la playa de Babilonia, parcela nº NUM000 de la AVENIDA000, T.M de Guardamar de Segura, para la construcción de una casa destinada a vivienda y guardar aperos de pesca (documento 1 del expediente); que tras una transferencia en 1971 a favor de Dª Flora, por Orden Ministerial de 8 de enero de 2017 (documento 2 del expediente) se autoriza su transmisión a Dª. Clemencia .
El 26 de enero de 2018, y dentro del plazo establecido en el artículo 172.2 del Reglamento General de Costas (RGC), aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se solicita la prórroga de la concesión, al amparo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1988, de Costas y del citado Reglamento General de Costas.
Previamente, se había incoado por el Servicio Provincial de Costas de Alicante un procedimiento de revocación de la concesión, en virtud de lo establecido en el artículo 78.1.m) de la Ley de Costas, en tramitación cuando se solicita la prórroga, que se declaró caducado por transcurso del plazo de 18 meses sin haberse dictado resolución.
La resolución de 25 de septiembre de 2019 impugnada, argumenta que del artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, al amparo del cual se solicitó la prórroga, se desprende la posibilidad de prorrogar las concesiones que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la citada Ley, pero no se establece su obligatoriedad, máxime cuando hay razones de interés público que aconsejan su denegación.
A tal fin, señala que el tramo de costa en cuestión está enclavado en uno de los ecosistemas dunares más valiosos de la geografía española y declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000, sufre un grave estado de deterioro que causa un grave impacto negativo tanto paisajístico como medioambiental, añadiéndose en la situación actual un problema de inseguridad al haberse constatado el alcance del mar, permaneciendo la causa de extinción contemplada en el apartado n) del artículo 78.1 de la Ley 22/1988, que motivó el inicio del expediente de revocación caducado por transcurso del plazo máximo para resolver, el cual contaba con informes favorables de la Abogacía del Estado en Alicante y de la Abogacía del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica de 1 de agosto de 2018, Consejo de Obras Públicas (COP) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que se han incorporado al presente procedimiento. Señala que con posterioridad se han incorporado también el informe de 14 de enero de 2019, emitido por la Abogacía del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica sobre algunos aspectos del R.D. 876/2014, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, en relación con las prórrogas extraordinarias de las concesiones demaniales y un CD con material visualizado realizado con motivo del temporal acaecido a finales de abril de 2019.
Transcribe varios párrafos relevantes de dichos informes, de los que cabe destacar algunos del dictamen del COP de 30 de julio de 2018 que hacen referencia a la disposición transitoria decimoséptima del Reglamento General de Costas de 2014 y señalan que estas concesiones, que están destinadas a viviendas, no pueden ser prorrogadas pues este uso está prohibido por el artículo 32.1 de la Ley de Costas, citando en este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional ( STC) 233/2015, de 5 de noviembre. STC que también es invocada por el informe de la Abogacía General del Estado de 14 de enero de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica.
Hace mención a la Sentencia de 14 de julio de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso promovido por la Asociación de Vecinos DIRECCION000 que desestima las pretensiones formuladas por dicha Asociación consistentes en requerimiento a la Administración del Estado para que materializara las operaciones necesarias en relación con la playa y procediera urgentemente a la adopción de las medidas necesarias de contención del mar y en evitación del derrumbe de las casas en el ejercicio de sus propias competencias.
Finalmente, cita el artículo 72 de la Ley de Costas y los artículos 147, 148 y 170 de su Reglamento, y detalla las razones por las que procede la...
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