STSJ Comunidad de Madrid 279/2022, 23 de Marzo de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 279/2022 |
| Fecha | 23 Marzo 2022 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Sexta
C/ General Castaños, 1, Planta Baja - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2021/0040978
Procedimiento Ordinario 939/2021 SECCIÓN DE APOYO
Demandante: GRUAS TERRAMAR SL
PROCURADOR D./Dña. IGNACIO BATLLO RIPOLL
Demandado: MINISTERIO DE FOMENTO
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 279/2022
Presidente:
D./Dña. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
Magistrados:
D./Dña. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU
D./Dña. MARÍA PRENDES VALLE
En la Villa de Madrid a veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
Vistos por esta Sección de Apoyo a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso- administrativo número 939/2021, interpuesto por el Procurador don Ignacio Batlló Ripoll, en nombre y representación de GRUAS TERRAMAR, S.L., bajo la dirección letrada de don José Luis Ortega Gaspar, contra las resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, por las que se rechazan las solicitudes de indemnización complementaria o prórroga adicional a la habilitación temporal, relativas a autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), prevista en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que fueron presentadas por la parte recurrente.
Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.
Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el 10 de septiembre de 2021, acordándose mediante decreto de 27 de septiembre de 2021 su admisión a trámite como procedimiento ordinario y la reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2021, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos:
"A. La nulidad y/o anulabilidad de las resoluciones administrativas al haberse tramitado los expedientes que las motivan a través de la empresa pública INECO, y todo ello, conforme a los fundamentos impugnatorios de este escrito, y a la sentencia aportada como documento núm. 5
Subsidiariamente 1º,
-
La nulidad y/o anulabilidad de las resoluciones impugnadas por inconstitucionalidad bien del propio Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, y/o de su disposición transitoria única, en los términos del motivo de los fundamentos jurídicos de esta demanda planteando, previamente, la oportuna cuestión ante el Tribunal Constitucional conforme al otrosí correspondiente de esta demanda
Y Subsidiariamente 2º,
-
La nulidad y/o anulabilidad de las resoluciones impugnadas por Infracción de los artículos 49, 102, 106 del TFUE, y art. 17.1 de la Carta de Derechos Fundamentales Europea, por la Disposición Transitoria Única del Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, en los términos del motivo de los fundamentos jurídicos de esta demanda, planteando previamente la oportuna cuestión prejudicial al TJUE conforme al correspondiente otrosí de esta demanda.
Subsidiariamente 3º
-
Nulidad y/o anulabilidad de las resoluciones impugnadas por expropiación forzosa y/o modificación de las condiciones esenciales de explotación de las autorizaciones motivada en inexistencia de causa justificada de utilidad pública o interés social, y en todo caso, sin que haya existido una correcta indemnización, con retroacción de actuaciones, a fin de que se formalice el procedimiento administrativo y se resuelva conforme a los parámetros fijados judicialmente en base a:
* El carácter indefinido de cada autorización conforme al artículo 51.1 de la LOTT
* La modificación de las condiciones esenciales de la explotación de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor que establece el RDL y /o su Disposición Transitoria Única.
* El tiempo de paralización de actividad, e incluso de reducción como consecuencia del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, y sucesivos, hasta el levantamiento del Estado de Alarma el 09/05/202, y la situación infraeconómica posterior.
* El valor real de cada autorización VTC sin tener en cuenta el fondo de comercio de la empresa
* El lucro cesante y el daño emergente no valorado
* Cualesquiera otros que resulten de aplicación.
Y subsidiariamente 4º, y para el supuesto de que la Sala entendiese la incorrecta valoración de las prórrogas de las resoluciones administrativas impugnadas, a los efectos indemnizatorios por modificación de las condiciones de su explotación, y/o del carácter expropiatorio a las autorizaciones VTC del demandante, sin necesidad de retroacción del procedimiento administrativo indicado en el apartado anterior, se otorgue prórroga de cien años para cada autorización VTC de la actora.
- Sin costas"
Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, las que siguen:
- La nulidad de los expedientes administrativos que motivan cada resolución recurrida por infracción de los artículos 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público; 8 y 9 del Texto Refundido de la Ley del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de enero, y 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- La inaplicabilidad del Real Decreto-ley 13/2018 previo el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- La nulidad o anulabilidad de las resoluciones impugnadas por efectuar una "expropiación encubierta". El sistema implantado por el Real Decreto-ley 13/2018 impide injustificadamente la obtención de una indemnización acorde con el verdadero valor de una autorización de transporte de la clase VTC-N (arrendamiento de vehículo con conductor). La fórmula matemática aplicada es incorrecta e injusta, al resultar imposible la recuperación de la inversión y la indemnización por lucro cesante.
La Abogacía del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2022, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia que desestime, el recurso contencioso-administrativo, con expresa condena en costas a la parte actora, previo rechazo de las solicitudes de promover la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad planteadas por la demandante.
Las alegaciones de la Administración demandada en sustento de su pretensión son, en síntesis:
- Improcedencia de la nulidad de las resoluciones por la intervención de INECO.
- Improcedencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Adecuación al Derecho de la Unión del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre.
- No existe duda sobre la constitucionalidad del Real Decreto-ley 13/2018 y no procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad propuesta de contrario.
- Excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer demanda, en relación con la pretensiones subsidiarias de nulidad o anulabilidad de los actos recurridos y los parámetros con respecto a los cuales debe ser fijada la indemnización que reclama o la prórroga de cien años para cada autorización que solicita también subsidiariamente, dado que la parte actora no ha expuesto los fundamentos jurídicos en que apoya tales pretensiones ( artículos 416 LEC).
- Ausencia de base legal de la reclamación formulada por la recurrente. Los actos administrativos recurridos que son objeto del presente procedimiento y que, bien conceden parcialmente, bien deniegan a la actora la indemnización complementaria prevista en el Real Decreto-ley 13/2018, ante la modificación legal de las condiciones de sus licencias, por no acreditar la concurrencia de los requisitos normativamente requeridos para ello, se ajustan a Derecho y, en particular, a la citada disposición legal.
La cuantía del recurso ha sido fijada como indeterminada, mediante decreto de fecha 7 de febrero de 2022.
Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 24 de febrero de 2022, y se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que consta en los autos.
Mediante providencia de fecha 2 de marzo de 2022, con la conformidad de las partes, se acordó:
- Tener por reproducida la vista del PO 500/2019, uniéndose a las presentes actuaciones en el mismo soporte digital que la ratificación pericial.
-La incorporación a las actuaciones, en formato digital, de los documentos aportados por el Ministerio de Fomento en el procedimiento ORD 500/2019, relativos a los encargos realizados por el Ministerio de Fomento a Ingeniería y Economía del transporte S.M.E. M.P. S.A. (INECO) de asistencia técnica para la resolución de expedientes de indemnización complementaria por la nueva delimitación del ámbito territorial de las autorizaciones VTC.
-Conferir traslado de tal documentación a las partes para que, en el plazo de diez días, realicen las alegaciones que estimen oportunas, así como para que la Administración demandada, en el mismo plazo, presente escrito de conclusiones.
Evacuado el trámite de conclusiones y conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo de este recurso el día 17 de marzo de 2022, en...
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