ATS, 6 de Julio de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Julio 2022 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 06/07/2022
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2627/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 DE LUGO
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
Transcrito por: BOG/ML
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2627/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Pedro José Vela Torres
D. José Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 6 de julio de 2022.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
La representación procesal de Enercomparad Gestao de Activos Unipersoal LDA presentó escrito en el que interpuso recursos extraordinario de infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 2 de junio de 2020, por la Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1.ª, en el rollo de apelación n.º 374/2019, dimanante del juicio ordinario n.º 152/2015, seguido ante Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Chantada.
Por la indicada Audiencia Provincial se tuvo por interpuesto el recurso y se acordó la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo, Sala Primera, con emplazamiento de las partes.
Recibidos los autos en este Tribunal han comparecido el procurador D. Jesús María Cedrón Trigo, en nombre y representación de Enercomparad Gestao de Activos Unipersoal LDA, como parte recurrente, y el procurador D. Juan Carlos Fernandez Rodriguez, en nombre y representación de D. Pio, D.ª Luisa , D. Roque, y de la Comunidad Hereditaria de D. Torcuato, como partes recurridas.
Por providencia de 1 de junio de 2022 se acordó, en cumplimiento del artículo 483.3 LEC, poner de manifiesto a las partes personadas la posible concurrencia de causas de inadmisión de los recursos, que consta notificada.
La representación procesal de la mercantil recurrente ha presentado escrito en el que expone las razones por las que considera que el recurso es admisible.
La representación procesal de las recurridas ha presentado escrito en el que solicitan la inadmisión del recurso.
Los recursos extraordinario de infracción procesal y de casación planteados se interponen contra una sentencia dictada en segunda instancia, en un juicio ordinario de reclamación de cantidad (cuya cuantía no excede de 600.000 euros) en el que es demandante quien hoy es recurrente. La sentencia de apelación confirmó la sentencia de primera instancia que desestimaba parcialmente las pretensiones del demandante.
Nos encontramos ante un juicio que accede al recurso de casación en su modalidad de existencia de interés casacional de conformidad con lo previsto en el artículo 477. 2. 3.º LEC, por lo que en aplicación de la d. f. 16.ª 1. 5.ª II LEC debe decidirse en primer término si procede la admisión del recurso de casación, ya que de no ser así la inadmisión del recurso de casación comportaría la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se fundamenta en cinco motivos, si bien deben ser inadmitidos, ya que en todos ellos motivos concurre la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ya que no acreditan una verdadera infracción normativa sino que sólo pretenden plantear una alternativa de interpretación y eluden además la base fáctica y los razonamientos de la sentencia ( art. 483. 2. 4.º LEC).
En el primer motivo de casación se denuncia la infracción del art. 1281, apartado 1.º del CC, y de la doctrina que exige estar a la literalidad del contrato.
En el segundo se denuncia la infracción de los arts. 1281.2, y 1282 del CC, y de la doctrina que exige que, en caso de duda en la literalidad del contrato, ha de buscarse la voluntad conjunta de las partes atendiendo a los actos coetáneos al contrato.
En el tercer motivo se denuncia la infracción de los arts. 1261, 1281, 1254, 1256 y 1278 CC, y la doctrina relativa a la interpretación de los contratos y al reconocimiento de deuda.
En el cuarto motivo se denuncia la infracción de los arts. 1256 y 1091 CC, y la doctrina jurisprudencial relativa a la fuerza vinculante d ellos contratos y la prohibición de dejar su cumplimiento al arbitrio de las partes.
En el quinto motivo se denuncia la infracción de los arts. 115 y 1119 del CC, sin justificar la existencia de interés casacional.
Concurre en todos los motivos alegados la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, toda vez que el recurrente elude la base fáctica de la sentencia recurrida, que ha entendido acreditado que para generar el derecho de crédito que reclama la recurrente debía darse la condición necesaria de que se otorgase escritura pública de compraventa entre las demandadas y Puesta en Marcha S.L., y esa compraventa no se produjo, subsistiendo el contrato de opción de compra de 2003. Tal cuestión no se combate en el motivo. No justifica además el recurrente que la interpretación que realiza la sentencia de apelación (que confirma la de primera instancia) sea ilógica o arbitraria.
No se pueden considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en dichas normas o al derecho a la tutela judicial, el recurrente se limita a intentar justificar el desacierto de la apreciación realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituirla por sus propias conclusiones al respecto. El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello, salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia, aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS 20 de marzo de 2009 [RC n.º 128/2004] y 19 de diciembre de 2009 [RC n.º 2790/1999]).
La sentencia n.º 290/2016, de 4 de mayo, remitiéndose a la sentencia núm. 514/2010, de 21 de julio, recuerda una reiterada doctrina según la cual la interpretación de los contratos es una facultad propia de la instancia que sólo ha de ser revisada en casación cuando tal interpretación lleve a resultados absurdos o contrarios a toda lógica o, en su caso, viole directamente alguna norma que imponga determinado criterio de interpretación. Así, dice la referida sentencia, que no se trata de obtener mediante el recurso de casación un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles, considerando que no es tal la seguida por la sentencia impugnada. El recurso de casación tiene por objeto velar por la correcta aplicación de las normas jurídicas, corrigiendo las infracciones de las mismas que puedan haber dado lugar a una solución errónea en derecho, pero no constituye una tercera oportunidad para buscar la obtención de un pronunciamiento favorable a los intereses del litigante que, tras dos instancias, ha visto desestimadas sus pretensiones; lo que supondría, en la práctica, la aplicación por esta sala de sus propios criterios en orden a la resolución de la controversia, fuera de los casos en que se hubiera apreciado una infracción legal por la sentencia impugnada, lo que se aparta de la propia naturaleza del recurso extraordinario. Cabe citar en igual sentido otras sentencias como las de 4 de mayo, 19 de febrero y 8 octubre 2007, 8 mayo 2008, 17 febrero y 12 junio 2009 y 8 febrero 2010.
En aplicación de esta doctrina no puede plantearse un motivo de casación para proponer a la sala una interpretación del contrato a la que ha sido la alcanzada por la sentencia recurrida, sino que debe ponerse de manifiesto el carácter ilógico, irracional o arbitrario de la interpretación de la sentencia recurrida.
En consecuencia, no pueden acogerse las alegaciones formuladas por el recurrente en el trámite de audiencia previo al dictado de la presente resolución.
La inadmisión del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso en este caso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.
La inadmisión de los recursos implica las siguientes consecuencias:
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Por aplicación de los artículos 483.4 LEC y 473.3 LEC debe declarase la firmeza de la sentencia recurrida.
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Abierto el trámite de audiencia previo a esta resolución y efectuadas alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas de los recursos a la recurrente.
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La recurrente perderá el depósito constituido de conformidad con lo establecido en la d.a 15.ª, apartado 9, LOPJ.
De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo el artículo 483.5 y 473.3 de la LEC LEC.
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de sentencia dictada en segunda instancia, el 2 de junio de 2020, por la Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1.ª, en el rollo de apelación n.º 374/2019, dimanante del juicio ordinario n.º 152/2015, seguido ante Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Chantada.
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) Declarar firme la sentencia recurrida.
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) Imponer las costas de los recursos a la recurrente, que perderá los depósitos constituidos.
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) Devolver las actuaciones con testimonio de esta resolución a la Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1.ª.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
