STSJ Castilla-La Mancha 134/2022, 16 de Mayo de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 16 Mayo 2022 |
| Número de resolución | 134/2022 |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1
ALBACETE
SENTENCIA: 00134/2022
Recurso Contencioso-administrativo nº 45/20
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 1ª
Presidente:
Iltmo. Sr. Dª Ricardo Estévez Goytre.
Magistrados:
Iltmo. Sr. D. Constantino Merino González
Iltmo. Sr. D. Guillermo B. Palenciano Osa
Iltmo. Sr. D. Fernando Barcia González.
Iltmo. Sr. D. Antonio Rodríguez González.
SENTENCIA Nº 134
En Albacete, a dieciséis de Mayo de 2022
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el presente recurso tramitado, procedimiento ordinario con el número 45/2020 a instancias de DON Cesareo que actúa bajo la representación del Procurador de los tribunales doña María Pilar Cuartero Rodríguez frente a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (TEARCM) que ha actuado bajo la representación y defensa del señor letrado del Estado , sobre IRPF; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Constantino Merino González.
Por la representación procesal de la parte actora se presentó escrito interponiendo recurso contencioso administrativo frente a resolución del TEARCLM de 21 de noviembre de 2019 que desestima la reclamación económico administrativa NUM000 planteada frente a liquidación definitiva por el IRPF -2012 y, acumuladamente, la reclamación económico administrativa número NUM001 planteada frente al acuerdo sancionador por infracción leve.
En la demanda solicita el dictado de sentencia que sentencia por la por la que estimando las pretensiones de esta parte, declare, total o parcialmente, la nulidad y/o anule y/o revoque dejando sin efecto la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 15 de noviembre de 2019 y, consecuentemente, declare, total o parcialmente, la nulidad y/o anule y/o revoque el acuerdo de liquidación emitido por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla La Mancha de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 del recurrente.
Se ha dado traslado a la administración demandada que presentó escrito de contestación a la demanda pidiendo la desestimación del recurso contencioso administrativo.
Se admitieron las pruebas propuestas y consideradas pertinentes. Se acordó trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes en virtud de escritos que han quedado unidos a los autos.
Se señaló después día para votación y fallo, en el que tuvo lugar, quedando los autos vistos para dictar la correspondiente sentencia.
EL recurso contencioso administrativo se interpone frente a resolución del TEAR de Castilla-La Mancha de 21 de noviembre de 2019 que desestima la reclamación económico administrativa NUM000 planteada frente a liquidación definitiva por el IRPF -2012 y, acumuladamente, la reclamación económico administrativa número NUM001 planteada frente al acuerdo sancionador por infracción leve.
La parte actora, en la demanda, explica que con fecha 19 de febrero de 2015 la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla La Mancha notificó el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 y que ".. el objeto único y exclusivo de las actuaciones inspectoras consistió en la determinación de si resulta de aplicación el régimen especial previsto para reorganizaciones empresarias en el entonces vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a una operación de reestructuración realizada por esta parte mediante la que se aportaron determinadas participaciones poseídas en una sociedad a un vehículo único en el que se unificaron y centralizaron dichos activos"
Se añade, explicando esos antecedentes, que a pesar de las alegaciones formuladas por esa parte frente a la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla La Mancha dictó con fecha 2 de febrero de 2016 un acuerdo de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 por el que se confirmaba la propuesta de liquidación y, en definitiva, se exigía a esta parte un importe a ingresar de 134.705,73 euros.
Hace también referencia a que la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla La Mancha inició un procedimiento sancionador -en la misma fecha que se dictó la propuesta de liquidación- que finalizó mediante la emisión de un acuerdo de imposición de sanción por los que se impone, además de la regularización, una sanción a ingresar por importe de 60.023,72 euros.
El único motivo de impugnación que articula frente a la liquidación lo desarrolla en el primero de los epígrafes: IMPROCEDENCIA DEL ACUERDO DE LIQUIDACIÓN EN LA MEDIDA EN QUE LA OPERACIÓN DE REORGANIZACIÓN REUNÍA LOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL PREVISTO PARA REORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y ESTABA JUSTIFICADA Y REUNÍA LOS DENOMINADOS "MOTIVOS ECONÓMICOS VÁLIDOS".
En el resto de los epígrafes de la demanda correspondientes al fondo del asunto articula motivo de impugnación que se refiere al acuerdo sancionador :
1-SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR COMO CONSECUENCIA DE QUE SU INICIO SE PRODUJO AL MISMO TIEMPO QUE SE DICTABA LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN.
2-IMPROCEDENCIA DEL ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DICTADO A ESTA PARTE EN LA MEDIDA EN QUE SE BASAN EN LA INEXISTENCIA DE "MOTIVOS ECONÓMICOS VÁLIDOS" QUE ES UN CONCEPTO ABSOLUTAMENTE SUBJETIVO LO QUE HA PROVOCADO QUE EL TRIBUNAL SUPREMO HAYA FIJADO JURISPRUDENCIA QUE IMPIDE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN EN SUPUESTOS COMO LOS QUE NOS OCUPAN
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- IMPROCEDENCIA DEL ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DICTADO A ESTA PARTE CON BASE EN LA AUSENCIA DE CULPABILIDAD EN SU CONDUCTA. DIRECTA VIOLACIÓN DE LO ESTABLECIDO POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR Y JUSTIFICAR LA CONCURRENCIA DE LA NECESARIA "CULPABILIDAD" EN LA CONDUCTA DEL SUJETO PASIVO.
Comenzando por la impugnación de la liquidación, la defensa de la administración coincide con la parte actora en lo que se refiere la delimitación del alcance del debate explicando que : " Lo único que se discute en el presente proceso es si procede la aplicación del régimen especial y por tanto si la ganancia patrimonial generada está exenta o no del IRPF, sin que se plante cuestión alguna sobre la determinación de los valores de adquisición, de transmisión ni sobre el importe de la ganancia determinado por la Agencia Tributaria."
Acto seguido destaca que es evidente que el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones y canje de valores supone un beneficio fiscal para los aportantes ya que la ganancia patrimonial resultante de esa operación queda exenta en el ejercicio en que se realiza la aportación, y queda diferida el momento en que se transmitan las nuevas participaciones de la sociedad, sí es que cuando se trasmitan existe. Concluye que por ello el que versa sobre la aplicación de un beneficio fiscal.
Resumiendo el planteamiento de la Agencia Tributaria añade que estima que no procede la aplicación del régimen especial y que por tanto la ganancia patrimonial puesta de manifiesto por la aportación de las participaciones para crear una nueva sociedad por tres razones:
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porque la nueva sociedad no adquiere con la aportación la mayoría de los derechos de voto de cada una de las tres sociedades, requisito exigido por el artículo 83.5 de la Ley del Impuesto sobre sociedades ,
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porque dos de las sociedades, Castipro y Prorechi no ejercían actividad económica, requisito necesario conforme al artículo 94 de la Ley del impuesto sobre sociedades,
y c) porque la aportación no se justifica por un motivo económico válido, requisito exigido por el artículo 96 de la Ley.
Sigue explicando en la contestación a la demanda que la Agencia Tributaria estima que en realidad la operación de aportación de participaciones y canje por las nuevas participaciones de Iniciativas Postas no puede acogerse a ese régimen especial, por lo que no procede la exención de la ganancia patrimonial obtenida, razón por la cual gira liquidación a cada cónyuge en el impuesto sobre la renta, por la ganancia generada por la diferencia entre el valor de adquisición de las participaciones de Castipro, Prorechi e Iniciativas Inmobiliarias de la Sagra y el valor de transmisión de esta participaciones en el momento de la creación de Iniciativas Postas S.L.
Frente a ello la parte actora mantiene en la demanda que "... dejando de lado si la operación debió haberse denominado como "canje de valores" o como "aportación no dineraria" a efectos de la aplicación del régimen fiscal especial lo cierto es que reunía los requisitos objetivos para que resultase de aplicación.
Así, por una parte el Tribunal de instancia reconoce que la aportación de las participaciones de Desarrollo Inmobiliario de la Sagra, S.L. -recordemos que de la aportación de estas participaciones es de dónde surge la mayor parte de la regularización- sí que reunía los requisitos para ser considerada como una aportación no dineraria regulada en el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por lo que desde un punto de vista objetivo esta aportación sí que podía acogerse a la aportación del régimen fiscal especial.
Adicionalmente, tampoco se puede exigir que la sociedad tenedora de las participaciones (holding), en nuestro caso, la sociedad Iniciativas Postas S.L., desarrolle una actividad económica a efectos tributarios porque, por su propia definición, su principal objeto es la tenencia de participaciones en otras...
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