ATS 572/2022, 19 de Mayo de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 572/2022 |
| Fecha | 19 Mayo 2022 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 572/2022
Fecha del auto: 19/05/2022
Tipo de procedimiento: R.CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA
Número del procedimiento: 20878/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Luis Hurtado Adrián
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA (SECCIÓN 5ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
Transcrito por: MTCJ/MAJ
Nota:
R.CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA núm.: 20878/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Luis Hurtado Adrián
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 572/2022
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gómez, presidente
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Andrés Martínez Arrieta
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Ángel Luis Hurtado Adrián
En Madrid, a 19 de mayo de 2022.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Luis Hurtado Adrián.
Por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 5ª), en autos nº Rollo de Sala 1139/2017, dimanante de Expediente de Reforma 574/2016 del Juzgado de Menores nº 1 de Valencia, se dictó sentencia de fecha 21 de septiembre de 2017, en cuya parte dispositiva se acordó desestimar el recurso de apelación interpuesto por Juan., contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Valencia, en el Expediente de Reforma tramitado con el nº 212/2020, confirmando todos los pronunciamientos de dicha resolución.
Contra la citada sentencia se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina por Juan., mediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Aranda Vides. El recurrente menciona como motivos susceptibles de casación la infracción del derecho a la presunción de inocencia, y la infracción de ley ( artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por aplicación indebida del artículo 147.1 del Código Penal.
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Ángel Luis Hurtado Adrián.
ÚNICO.- Se formaliza por la representación procesal del recurrente el recurso de casación para unificación de doctrina, alegando la infracción del derecho a la presunción de inocencia, y la infracción de ley ( artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por aplicación indebida del artículo 147.1 del Código Penal.
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La argumentación de la parte recurrente viene a aducir que la sentencia recurrida condena al menor sin que exista prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del mismo, cuestionando las declaraciones de los testigos que alega incurrieron en contradicciones, y solicita su absolución.
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El recurso de casación para unificación de doctrina, establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores, es un remedio extraordinario cuya finalidad es reforzar, a través de la jurisprudencia de esta Sala, la garantía de la unidad de doctrina -y consiguientemente del principio de seguridad jurídica y del derecho a la igualdad de todos ante la ley- en el ámbito del derecho sancionador de menores.
La finalidad de este recurso es reforzar la garantía de la unidad de doctrina "en el ámbito del derecho sancionador de menores", quedando explicitado el sentido de esta frase en el art. 42.2 LRPM en que se dispone que las contradicciones doctrinales que pueden dar lugar al recurso tienen que estar referidas a "hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos" ( STS 3-2-03). Significa esto que las discrepancias susceptibles de ser corregidas y resueltas mediante el recurso de casación para unificación de doctrina son las que se concretan en medidas impuestas a un determinado menor que, en su contenido, duración y objetivos, se apartan sensiblemente de otras que tomaron en consideración datos idénticos o muy parecidos sobre la gravedad objetiva del hecho, la personalidad y situación del menor, su entorno familiar o social, su edad, sus necesidades, etc., porque lo que se persigue a través de este remedio es alcanzar, en el tratamiento de la responsabilidad penal de los menores y en su orientación educativa, siempre inspirada por el principio del superior interés del menor, el grado de coherencia y previsibilidad, dentro de la propia jurisdicción, que exigen los principios de igualdad y seguridad jurídica ( STS 7-11-02).
La función de unificación que corresponde a esta Sala no comprende la concreta duración de la medida y el internamiento acordado. Se trata de facultades de individualización que competen al juzgado y tribunal atento a los presupuestos de actuación que establece la propia ley en su art. 7.3, edad, circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, sobre los que no es factible establecer la identidad fáctica sobre la que aplicar la norma y la sanción dispuesta por el ordenamiento. La identidad precisa no va referida al tipo de delito sino, en todo caso, a los presupuestos de individualización siempre distintos, unos y de otros ( STS 24-09-12).
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En este caso, no resulta procedente la admisión del recurso. La cuestión central en este tipo de recursos estriba en la unificación de doctrina, esto es, deben alegarse sentencias de contraste que pongan de manifiesto que la sentencia recurrida se ha apartado de la interpretación de la norma que en las otras sentencias se mantiene. No estamos ante una tercera instancia.
En este caso el recurrente, condenado por un delito de lesiones, viene a reiterar los motivos que interpuso en el recurso de apelación de error en la valoración de la prueba por entender que la prueba practicada en el juicio oral no era suficiente para acreditar su autoría. Cuestión ajena al ámbito propio del recurso de casación para unificación de doctrina.
En definitiva, las discrepancias del recurrente con la condena confirmada en la sentencia de apelación que ahora recurre, no pueden sustentar la pretensión articulada a través del recurso de casación para unificación de doctrina. El artículo 42 LRPM exige que se presente una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, y aquí la materia que se plantea es ajena a este recurso de unificación de doctrina; el recurrente denuncia la validez y la valoración que de las pruebas se realiza en la sentencia recurrida, teniendo pues su queja como objeto los juicios de valoración de las pruebas que llevaron a declarar los hechos probados.
Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la improcedencia de plantear en este recurso de casación de unificación de doctrina temas no referidos a hechos y valoraciones de las circunstancias del menor. Así en la STS 115/2003, de 3 de febrero, hemos dicho que la finalidad del recurso de casación para unificación de doctrina es reforzar la garantía de la unidad de doctrina "en el ámbito del Derecho sancionador de menores"; las contradicciones doctrinales que pueden dar lugar al recurso tienen que estar referidas a "hechos y valoraciones del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos". Ello supone -decíamos en la STS 1836/2002- que lo perseguido a través de este remedio "es alcanzar, en el tratamiento de la responsabilidad penal del menor y en su orientación educativa, siempre inspirada por el superior principio del interés del menor, el grado de coherencia y previsibilidad, dentro de la propia jurisdicción, que exigen los principios de igualdad y seguridad jurídica".
En atención a las consideraciones expuestas, el recurso articulado carece manifiestamente de fundamento, por no ajustarse a las disposiciones del artículo 42 de la LRPM, y procede su inadmisión de acuerdo con lo dispuesto en el art. 884.1 de la LECrim.
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por la parte recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
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Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
