SJMer nº 3 32/2022, 7 de Marzo de 2022, de Murcia
| Ponente | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS |
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMMU:2022:2644 |
| Número de Recurso | 310/2021 |
JDO. DE LO MERCANTIL N. 3
MURCIA
SENTENCIA: 00032/2022
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE MURCIA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 310-AN/2021
SENTENCIA
En Murcia, a 7 de marzo de 2022.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, los autos de Juicio Ordinario con número 310-AN/2021, en el que son parte demandante las entidades mercantiles Transportes Cecilio García, S.L. (en adelante, C. GARCÍA), Hormigones Blacedisa, S.L. (en adelante, BLACEDISA), Hormiza 2015, S.L. (en adelante, HORMIZA) y Contenedores y Grúas Mobelsa, S.L. (en adelante, MOBELSA), y el señor don Adelaida, todos ellos representados por el Procurador de los Tribunales don Fernando Espinosa Gahete y asistidos por el Letrado don José Miguel Roda Alcantud; y parte demandada la entidad mercantil Renault Truck SAS (en adelante, RENAULT), representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio de Vicente y Villena y asistida por el Letrado don Manuel Martínez González, en sustitución de los Letrados don Rafael Murillo Tapia y doña Natalia Gómez Bernardo; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (ACCIÓN FOLLOW ON ), dicto la presente sentencia.
El día 25 de abril de 2021, el Procurador de los Tribunales don Fernando Espinosa Gahete, actuando en nombre y representación de C. GARCÍA, BLACEDISA, HORMIZA, MOBELSA y don Adelaida, presentó demanda de juicio ordinario contra RENAULT.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de RENAULT por medio de escrito presentado en este Juzgado el día 25 de junio de 2021.
El día 25 de octubre de 2021 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 3 de marzo de 2022 como día para la celebración de la vista. La vista tuvo lugar el día indicado, en cuyo seno se practicaron los siguientes medios de prueba:
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Pericial de don Carlos Francisco .
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Pericial de don Luis María .
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Delimitación del objeto controvertido.
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Acción ejercitada en la demanda.
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La parte demandante ejercita en la demanda una acción de responsabilidad extracontractual, derivada de la Decisión de la Comisión Europea, de 19 de julio de 2016, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (Asunto AT. 39824 - Cártel de Camiones) (en adelante, Decisión de la CE), encaminada a lograr el resarcimiento del daño causado como consecuencia del acuerdo colusorio a que se refiere la Decisión de la CE, y que la parte demandante cifra en la cantidad de 42.045,26 euros, respecto de C. GARCÍA; de 13.926,14 euros, respecto de BLACEDISA; de 16.139,57 euros, respecto de don Adelaida ; de 35.859,20 euros, respecto de HORMIZA; y de 26.066,11 euros, respecto de MOBELSA. En total, la reclamación alcanza la cifra de 134.036,28 euros.
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Se trata de la acción precursora de la denominada en la doctrina acción follow on, prevista en la Directiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (en adelante, Directiva de daños), transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (en adelante, RDLey 9/2017), y que consiste en una nueva acción, de cuantificación de los daños causados por infracciones del Derecho de la competencia, declaradas por la autoridad competente de defensa de la competencia, de ámbito comunitario, esto es, la Comisión Europea, que dulcifica los presupuestos de su aplicación, facilitando la prueba de la concurrencia de estos presupuestos.
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En concreto, respecto de todos aquellos supuestos en los que se pretende la determinación del daño derivado de acuerdo colusorio declarado por el órgano supervisor de la competencia, y más en concreto, respecto de las Decisiones de la CE, anteriores a la entrada en vigor de la Directiva de daños, el TS ha construido la doctrina relativa a que la acción a ejercitar para la cuantificación de los daños sea la acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil (en adelante, CC). Conviene tener presente cómo se ha llegado a esta construcción jurisprudencial, para luego poder analizar los presupuestos de la acción ejercitada en la demanda a la luz de la doctrina jurisprudencial, en el caso de que, como defiende la asistencia letrada de la parte demandada, no sea de aplicación al caso presente, la Directiva de daños.
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Doctrina jurisprudencial del TS previa a la Directiva de daños.
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Entiendo que resulta muy útil para la comprensión de la controversia, que nos detengamos, siquiera brevemente, en la evolución que las acciones de competencia han sufrido en nuestro país hasta el momento de la transposición de la Directiva de daños, ya que este breve recorrido por la historia de nuestros Tribunales nos ayudará a entender el estado en el que nos encontramos y nos permitirá afrontar en mejor condición la problemática del encaje de la acción follow on en el cártel de camiones.
B.1.- Situación anterior a la creación de los Juzgados de lo Mercantil.
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En el recorrido por la historia de las acciones de defensa de la competencia, en nuestro país, hay un hito fundamental, que va a dividir este capítulo: la creación de los Juzgados de lo Mercantil, con una asignación tasada de competencias.
B.1.1.- Introducción.
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Antes de entrar a analizar la evolución de las acciones de defensa de la competencia en nuestro país, hemos de tener presente un punto de partida fundamental, que afectará a la configuración de las citadas acciones. El punto de partida es que el derecho de defensa de la competencia tiene dos ámbitos a los que debe atender:
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Un plano público, de protección de la libre competencia, constituido en uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea, razón por la que todo el sistema de protección de la competencia se deposita en el actuar de órganos administrativos, ya sea la autoridad comunitaria de la competencia (la Comisión Europea), ya sea la autoridad nacional de la competencia (la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (en adelante, CNMC), que sustituyó al Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC)). Estos órganos tienen
una doble función: (i) tutelan el mercado desde una óptica del derecho público ( public enforcement ); y (ii) realizan una función de regulador del derecho de la competencia. Para asegurar esta última función, se le confiere a los citados organismos potestades de declaración de ilícitos anticompetenciales, de cesación de las conductas colusorias o anticompetitivas, y de sanción, como mecanismo de coerción, para garantizar la libre competencia. Estas potestades desvirtúan el comportamiento de los Tribunales, como veremos, pues éstos están encargados del ámbito privado de protección de la libre competencia, y obliga a establecer mecanismos de coordinación en la actuación de los órganos administrativos y judiciales. Ahora bien, en ningún caso se otorga a los órganos administrativos, como quiera que afecta al interés privado, potestad para conocer de la acción tendente a la reparación de los daños y perjuicios causados a los particulares.
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Un plano privado, el plano de la actuación de los particulares, donde surge la necesidad de que un órgano declare la nulidad de los contratos que amparen actuaciones colusorias, o procedan a la reparación de los daños y perjuicios causados con las conductas anticompetitivas, dando lugar a las correspondientes acciones de responsabilidad. Es decir, se hace necesaria la presencia de órganos, no administrativos y distintos de las autoridades de competencia, que preserven y tutelen los intereses privados del mercado ( private enforcement ). Estos órganos son los jurisdiccionales.
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Como se podrá ver, ha de existir una ordenada relación entre los dos planos, por cuanto que una conducta anticompetitiva puede afectar tanto al public enforcement, como al private enforcement . Este diálogo entre los dos planos es lo que ha provocado la mayor dificultad a la hora de configurar el sistema de acciones a ejercitar ante los Tribunales ordinarios, que, no olvidemos, actúan también como Tribunales encargados de velar por la correcta aplicación del Derecho Comunitario, y las Decisiones de la Comisión Europea forman parte del Derecho Comunitario.
B.1.2.- Antes del Reglamento 1/2003.
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Antes del Reglamento (CE) nº 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia en los artículos 81 y 82 del Tratado (en adelante, Reglamento 1/2003), no encontramos en la normativa comunitaria ninguna norma, mucho menos un sistema, que vehiculara la manera en la que debía articularse la private enforcement, a qué órganos debía atribuirse la citada tutela y la manera en la que debía relacionarse con la public enforcement . El Tratado de las Comunidades Europeas (en adelante, TCE) no preveía ninguna norma al respecto, sino que únicamente se limitaba a conformar el...
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