STSJ Andalucía 3839/2021, 11 de Noviembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 3839/2021 |
| Fecha | 11 Noviembre 2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
ROLLO DE APELACIÓN NÚMERO 1923/2021
SENTENCIA NÚM. 3839 DE 2021
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
DON JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ
MAGISTRADOS
DOÑA MARÍA SALUD OSTOS MORENO
DON MIGUEL PARDO CASTILLO
_________________________________________
En la ciudad de Granada, a once de noviembre de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado la siguiente sentencia en el rollo de apelación número 1923/2021, dimanante del procedimiento de autorización de entrada número 305/2021, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Granada, de cuantía indeterminada, siendo parte apelante D.ª Constanza, representada por la procuradora de los tribunales D.ª Ana Reyes Millán Martín, y dirigida por el letrado D. Rafael Martínez de las Heras, y el MINISTERIO FISCAL ; y parte apelada, la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA ("AVRA"), representada por el procurador de los tribunales D. José Juan Peral Gómez, y asistida por el letrado D. José Manuel Benavides de Arcos.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Rivera Fernández, quien expresa el parecer de la Sala.
En el mencionado procedimiento, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo citado, se dictó auto en fecha 7 de mayo de 2021, interponiéndose frente a dicha resolución recurso de apelación dentro de plazo.
Tras ser admitido por el Juzgado, se dio traslado a las demás partes personadas para que en el plazo de quince días formularan su oposición al mismo, presentándose por la parte apelada escrito de impugnación de dicho recurso y adhesión a la apelación por el Ministerio Fiscal.
Elevadas las actuaciones a esta Sala, se formó el oportuno rollo, se registró, se designó ponente, y, al no haberse practicado prueba, ni celebrado vista o conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones para dictar la resolución procedente.
Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día referido en las actuaciones, en que efectivamente tuvo lugar.
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación el auto de fecha 7 de mayo de 2021, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Granada, en cuya parte dispositiva, en lo que interesa, se resolvió:
" Se autoriza a la AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA-AVRA la entrada en horas hábiles en el domicilio en la vivienda protegida sita en CALLE000, NUM000, del municipio de Granada, a fin de la ejecución forzosa de la resolución de desahucio y el desalojo contra doña Constanza y cuantas personas se encontrasen habitando el inmueble, pudiendo las Fuerzas de Orden Público utilizar todos los medios que requieran las circunstancias para el lanzamiento, pudiendo llegar al uso de la fuerza, si se estima conveniente.
Dicha entrada deberá llevarse a efecto en el plazo máximo de un mes desde la comunicación de esta resolución y limitarse exclusivamente a la finalidad señalada.
En la entrada deberán evitarse actuaciones ajenas a su objeto, adoptándose las precauciones necesarias para no comprometer la reputación de los moradores, y en todo caso, respetando sus secretos e intimidad.
Realizada la entrada, el órgano administrativo autorizado, debe dar cuenta a este Juzgado de haberla realizado y de cualquier incidencia ocurrida" .
La parte apelante, como fundamento del recurso de apelación, aduce que el Jefe de Sección del Servicio de Vivienda Pública carece de legitimación activa para solicitar la autorización entrada, que sí la tienen el Consejo Rector y la Gerencia.
Con sustento en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, solicita acogerse a la suspensión extraordinaria del desahucio por causa sobrevenida del coronavirus por estar en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.
Expone, además, expuesto en un apretado resumen, que conviven con ella dos hijas menores de edad, una de ellas con grave deficiencia mental con 51% de discapacidad, y que no se cumplen los requisitos para la entrada en domicilio por vulneración del procedimiento legalmente establecido y de los derechos fundamentales que cita.
El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que debe prosperar el recurso de apelación por la existencia de dos menores de edad. Cita, en apoyo de su tesis, las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017, 23 de noviembre de 2020, 10 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021.
La Administración demandada se opone al recurso de apelación defendiendo, en lo sustancial, los razonamientos jurídicos del auto recurrido.
La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio y demás lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección del derecho a la intimidad proclamado en el art. 18.1 CE, quedando circunscrita la actuación judicial a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización -sin valoración alguna de fondo- y la competencia del órgano que la dicta. Es, además, preciso ponderar si la entrada en el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada para la efectividad de la actuación administrativa.
El Tribunal Constitucional, en sentencia de su Sala Segunda 188/2013, de 4 de noviembre de 2013, dejó dicho cuanto sigue:
"... En relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ 2: "Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA) -actual 8.6 LJCA - pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8 ; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible. Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo . Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999, como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental. Como se ha indicado en los antecedentes de esta Sentencia, nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir voluntariamente.....la
invocación realizada por el recurrente en amparo de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, no puede resultar de aplicación al caso que ahora contemplamos pues en aquélla se entiende que existe una discriminación étnica, cuya proscripción constituye la motivación de la Sentencia, circunstancia...
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