STSJ Andalucía , 27 de Mayo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Mayo 2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SEVILLA
SENTENCIA
ILMOS. SRES y SRA:
D. JOSÉ SANTOS GÓMEZ
D. LUIS G. ARENAS IBÁÑEZ
Dª. MARTA ROSA LÓPEZ VELASCO
Sevilla a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, formada por los Magistrados que arriba se expresan, ha visto EN NOMBRE DEL REY el recurso de apelación nº. 1767/2019 , interpuesto contra la sentencia de 2 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 1 de Sevilla, en los autos nº. 358/2017 , siendo parte apelante don Victor Manuel , representado y asistido por el Procurador Sr. Cox Meana, y parte apelada la Tesorería General de la Seguridad Social, representada y asistida por el Sr. Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Ha sido ponente el Magistrado Ilmo Sr. D. José Santos Gómez, quién expresa el parecer de la Sección Segunda.
En fecha 2 de mayo de 2019 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 1 de Sevilla, dictó sentencia en los autos 358/2017, cuya parte dispositiva desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de la Dirección Provincial de Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 30 de agosto de 2017, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra resolución de 24 de abril de 2017, de la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de Sevilla, dictada en expediente NUM000, por la que se declara al recurrente en su condición de administrador único de la entidad mercantil Diseño y Manufactura para la Decoración S.A, responsable solidario de la deuda contraída por dicha entidad con la Seguridad Social por importe de 38.255.73 euros.
Contra la sentencia indicada, se presentó en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de don Victor Manuel, habiendo las partes expuesto sus alegaciones, que quedan unidas.
No se ha abierto fase probatoria en esta instancia.
Señalado día para votación y fallo, tuvo éste lugar con arreglo a lo que a continuación se expresa.
Se fundamenta el recurso de apelación esencialmente en error en la valoración de la prueba en que ha incurrido la sentencia apelada la haberse fundamentado en el informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social que incurrió en los errores que se exponen en el escrito de recurso de apelación.
Por la dirección jurídica de la parte apelada se solicita la desestimación del recurso de apelación y se alega en síntesis la presunción de certeza de los informes de inspección.
Por ser una cuestión de orden público procesal ha de examinarse la cuantía del recurso originario a efectos de la procedencia del recurso de apelación. Dispone el art. 81 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción que los recursos contencioso administrativos cuya cuantía no supere la cantidad de 30.000 euros, no son susceptibles de recurso de apelación. La cuantía se determina atendiendo a la suma del valor económico de las pretensiones, tal y como dispone el art. 41.1, aclarando el art. 41.3 que en los supuestos de acumulación o ampliación del recurso, no se comunicará la posibilidad de apelación o casación a los de cuantía inferior. Aunque se haya dictado en la instancia auto de cuantía determinada en 38.255.73 euros, es perfectamente revisable a efectos de admisión del recurso de apelación, aunque no se haya alegado por ninguna de las partes intervinientes en el recurso de apelación, y ello, por ser una cuestión de derecho necesario y de orden público procesal, en la medida en que de oficio la cuantía debe ser comprobada por la Sala a efectos de admitir o inadmitir el recurso de apelación. Efectivamente como indica el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de febrero de 1994 (EDJ 1994/1367) " en materia de recursos, el legislador puede organizar el sistema con arreglo a los criterios que juzgue más oportunos y corresponde a los órganos judiciales comprobar los presupuestos de admisibilidad". Por su parte como expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de mayo de 1999 (EDJ 2009/392055) "el derecho a la segunda instancia no es más que un derecho de configuración legal, sometido por tanto a los requisitos y condiciones que la Ley y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que la aplica e interpreta, establecen, de modo que el derecho a la tutela judicial efectiva se ve satisfecho con la Resolución dictada en única instancia aunque contra ella no quepa apelación, lo que de ninguna manera es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución, tutela que se cumple con el examen por el Juez en esa única instancia, al punto que sólo en el caso de la Jurisdicción Penal, no en otras, se habla del derecho a la segunda instancia, y ello por imperativo de lo dispuesto en el art.2 del Protocolo Séptimo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional (vid Sentencias 89/1995 EDJ1995/2462 y 120/1996 EDJ1996/3605 ), que ha señalado que este principio de la doble instancia no es extrapolable al proceso contencioso-administrativo, y que la verificación de los requisitos y presupuestos materiales y procesales sobre el acceso a la segunda instancia es una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales siempre que la vía del recurso no se cierre arbitrariamente o intuitu personae (vid. Sentencias del Tribunal Constitucional 36/1997 EDJ1997/143 , 42/1997 EDJ1997/488 , 125/1997 EDJ1997/4024 y 147/1997 EDJ1997/5379 )".
Lo expuesto con anterioridad supone la inadmisibilidad del recurso de apelación pues además la cuantía de cada una de las cuotas de los períodos mensuales liquidados, aisladamente consideradas no alcanza ninguna de ellas la cuantía de 30.000 euros para admitir el recurso de apelación, y ello, con independencia de que se dictase una liquidación acumulativa, por cuantía de 38.255.73 euros, de todas la cuotas correspondientes a los períodos mensuales de julio, agosto y septiembre de 2012 y enero, febrero y marzo de 2013, cuyos importes respectivos fueron de 174.30, 254,17, 184.19, 8.577.86, 11.187.05 y 17.878.16 euros. Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, entre otros, autos de 8 de febrero, 1 de marzo, 14, 15, 19 y 27 de abril, 5, 10 EDJ1999/58725 , 20 y 25 de mayo, 8 de junio, 13 de julio y 17 de diciembre de 1.999, 26 y 27 de enero de 2000 y sentencia de 17 de septiembre de 1999 EDJ1999/31071 , 1 EDJ2000/1590 , 15 EDJ2000/3023 y 29 de marzo EDJ2000/3355 , 4 EDJ2000/4428 , 14 EDJ2000/8991 y 28 de abril EDJ2000/9059 , 3 EDJ2000/8621 y 31 de mayo EDJ2000/12532 , 5 EDJ2000/22265 , 17 EDJ2000/23424 y 21 de julio EDJ2000/23583 , 9 EDJ2000/34111 y 10 de octubre EDJ2000/34279 y 20 EDJ2000/42956 y 28 de noviembre EDJ2000/43035 y 20 de diciembre de 2000 EDJ2000/56190 , que "tratándose de cuotas por débitos a la Seguridad Social , las cifras que deben tomarse en consideración, a los efectos que aquí interesan, son las cuotas mensuales, en atención a que tales cuotas se autoliquidan e ingresan por el sujeto obligado mes...
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