STSJ Cataluña 5212/2021, 28 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 5212/2021 |
| Fecha | 28 Diciembre 2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso número 91-2019
SENTENCIA NÚM. 5212/2021
Ilmos. Sres.:
Presidenta
Dña. Ma Fernanada Navarro Zuloaga
Magistrados
D. Francisco José Sospedra Navas
D. Pedro Luis García Muñoz
D. Eduardo Paricio Rallo
Dña. Laura Mestres Estruch
En la Ciudad de Barcelona, a 28 de diciembre de dos mil veintiuno
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 91-2019, interpuesto por AJUNTAMENT DE ABRERA, representado por la Procuradora Dª Nuria suñer Peremiquel y dirigido por el Letrado D. Francisco Bueno Álvarez, contra la ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT), representada y dirigida por la Sra. Abogada de la Generalitat.
Ha sido Ponente la Magistrada Laura Mestres Estruch, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución presunta de la Administración dela Generalitat por la que se desestima el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento actor en relación a la responsabilidad financiera de la Administración por el sostenimiento de plazas para niños de 0 a 3 años en guarderías de titularidad municipal durante los cursos comprendidos entre 2012-2013 a 2017-2018.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
En el curso de la remisión de los autos al Tribunal Constitucional, en fecha 16 de septiembre de 2021 se dictó la STC 159/2021, que desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada en el Recurso ordinario 122-18 seguido ante esta misma Sala y Sección, motive por el que se dio audiencia a las partes para que alegaran a su derecho tras la STC 159/2021 y sobre la pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, formulando ambas partes sus alegaciones.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se se señaló votación y fallo del recurso, dictándose providencia de fecha 30 de noviembre de 2021, lo que tuvo lugar en sus términos.
Actividad impugnada y alegaciones de las partes.
La resolución impugnada es la desestimación por silencio del requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento demandante a fin de que la Administración de la Generalitat abonara las cantidades correspondientes a la financiación de las guarderías municipales en el periodo comprendido entre los cursos escolares 2012-2013 a 2017-2018, a razón de 1300 euros por plaza y curso escolar hasta el curso 2015-2016, y la cantidad de 1.600 euros por plaza y curso, en los siguientes, y subsidiariamente 1.300 € por plaza y curso.
En la demanda se alega en síntesis que existe una obligación de la Generalitat de financiar las plazas de educación infantil de 0 a 3 años en las guarderías de titularidad municipal, que ha existe un incumplimiento del mandato legal por su parte de la que surge su responsabilidad financiera.
La Administración demandada alega que las guarderías municipales fueron creadas a iniciativa propia y por voluntad municipal, que no existe obligación de la Administración de contribuir a su sostenimiento con fondos públicos, que la obligación correspondiente al curso 2012-2013 está prescrita y que no hay inactividad material ni responsabilidad financiera.
Durante el periodo de tramitación de este proceso se promulgó la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, lo que determinó que la Administración demandada solicitara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso al fijarse la cantidad de 425 euros por alumno y curso durante el periodo reclamado. Tras seguirse los trámites legales, el tribunal denegó la solicitud y planteó cuestión de inconstitucionalidad que fue desestimada por la STC 156/2021.
A la vista de todo ello, examinaremos con carácter previo la pérdida de objeto de la cuestión planteada, de lo cual se dio oportuna audiencia a las partes, resolviendo sobre sus alegaciones. Posteriormente, se examinarán las diferentes cuestiones que se suscitan, con referencia a los antecedentes y a la aplicación al caso de la regulación de la citada Ley 5/2020, la cuestión de inconstitucionalidad planteada y su desestimación, resolviendo la controversia que se plantea sobre pérdida de objeto del proceso y determinación de la responsabilidad e intereses reclamados. SEGUNDO .-. Antecedentes y aplicación al caso de la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación , redactada por Ley del Parlamento de Catalunya 5/2020.
La controversia sobre la financiación de las guarderías municipales por parte de la Generalitat fue objeto de varios recursos contencioso-administrativos seguidos ante esta Sala y Sección en los años 2014 y 2015 que dieron lugar a diferentes resoluciones ( Sentencias de esta Sala y Sección número 844/2017, de fecha 17 de noviembre; número 849/17, de fecha 17 de noviembre de 2017; número 853/2017, de fecha 22 de noviembre; número 940/2017, de fecha 15 de diciembre; número 946/2017, de fecha 20 de diciembre, y número 967/2017, de fecha 28 de diciembre), en las cuales se reconocía el derecho de los Ayuntamientos demandantes al pago de 1.300 euros por alumno de las Llars d' Infants en cada uno de los cursos escolares reclamados.
En síntesis, las citadas sentencias se fundamentaron en que el planteamiento de la normativa general garantiza que la atribución de competencias a las Administraciones locales impone insoslayablemente la atribución de los recursos correspondientes, siendo indiferente que, en el caso de la educación infantil, estemos ante una competencia delegada en los términos de la LRBRL, o bien una competencia atribuida como propia por el Estatuto de Autonomía. El caso es que la Generalitat fue conviniendo con los Ayuntamientos en la creación de sucesivas guarderías y la correlativa asunción de la competencia de gestión, situación que conlleva la necesidad de transferir los recursos económicos correspondientes en los términos de la normativa aplicable, al incorporarse las guarderías municipales a la red de titularidad pública como parte del sistema educativo, de acuerdo con los artículos 1 y 4 de la Ley del Parlamento catalán 5/2004, circunstancia que comporta la responsabilidad financiera de la administración educativa según lo que disponen el artículo 112 de la Ley orgánica 2/2006 y el artículo 204 de la Ley catalana 12/2009, de educación, la cual ha de realizarse en términos de suficiencia, conforme a lo que establece el art.42.3 de la citada Ley.
Esta interpretación es esgrimida en el escrito de demanda presentado en el año 2018 donde se reclamaba el importe de 1.300 euros por plaza y curso, tal como ha quedado expresado.
En el curso de este proceso, se promulgó la Ley catalana 5/2020, con entrada en vigor el día 1 de mayo de 2020, que dio nueva redacción a la disposición adicional trigésima de la Ley 12/2009, de Educación. En esta disposición adicional se establecía expresamente la obligación de financiación de las guarderías municipales por parte de la Generalitat, fijando una cuantía de 1.300 euros por plaza en el curso escolar 2019-2020. Para los cursos escolares precedentes se estableció una cuantía de 425 euros por curso y plaza en el periodo comprendido entre los años 2012 a 2019.
Tras la entrada en vigor de la citada Ley, y atendido que su regulación alcanzaba expresamente al periodo aquí reclamado, este tribunal entendió que la citada disposición era la norma aplicable al caso, si bien le suscitaba dudas sobre su ajuste constitucional, lo cual le llevó a plantear cuestión devolutiva ante la jurisdicción constitucional tal como examinaremos posteriormente.
Por tanto, la norma de aplicación al caso es la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Catalunya 12/2009, de Educación, redactada por el art. 172.3 de la Ley 5/2020, con entrada en vigor el día 1 de mayo de 2020, que establece, en lo que interesa al objeto de este proceso, establece en sus apartados 2 a 5 lo siguiente:
"2. La financiación del coste de las plazas de las guarderías de todos los municipios de Cataluña desde el curso 2012-2013 hasta el curso 2018-2019 se establece en 425 euros por plaza, que supone un total de 2.975 euros por plaza para el total los siete años del período indicado.
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El importe total a que se refiere el apartado 2 debe satisfacerse en un plazo de diez años, mediante la creación de un fondo específico, con el siguiente calendario de pago: a) El curso 2019-2020, 200 euros por plaza. b) El curso 2020-2021, 175 euros por plaza. c) Los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, 200 euros por plaza y curso. d) Desde el curso 2024-2025 hasta el curso 2028-2029, 400 euros por plaza y curso.
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La financiación a que se refiere el apartado 3 se reconoce a todos los ayuntamientos de Cataluña, con independencia de que hayan reclamado administrativa o judicialmente el pago, sin derecho a recibir cuantías adicionales por este concepto correspondientes al período indicado.
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El número de plazas de guardería por ayuntamiento es el que resulte de los datos que anualmente hayan sido comunicados al departamento competente en materia de educación".
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