AAN 27/2022, 14 de Enero de 2022
| Ponente | ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso |
| ECLI | ES:AN:2022:417A |
| Número de Recurso | 1489/2021 |
AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 3
MADRID
AUTO: 00027/2022
Modelo: N35350
C/ GOYA 14
Teléfono: 91.400 72 90/91/92 Fax: 91.397 02 71
Correo electrónico:
Equipo/usuario: GCD
N.I.G: 28079 23 3 2021 0014885
Procedimiento: PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0001489 /2021 0001 PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001489 /2021
De D./ña. Pedro Jesús
ABOGADO CONCEPCION FLORES GIL
PROCURADOR D./Dª. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RIVERO
Contra D./Dª. MINISTERIO DEL INTERIOR,
ABOGADO DEL ESTADO
A U T O
ILMO. SR. PRESIDENTE
JOSE FELIX MENDEZ CANSECO
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO
LUCÍA ACÍN AGUADO
En MADRID, a catorce de enero de dos mil veintidós.
1 .- Por la representación del recurrente Pedro Jesús se interpuesto recurso contencioso-administrativo contra resolución de fecha 12 de noviembre de 2020, dictada por el MINISTERIO DEL INTERIOR DENEGATORIA DERECHO ASILO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.
2 .- Solicitada la medida cautelar de suspensión de la resolución recurrida, y abierta pieza separada, se acordó oír al Sr. Abogado del Estado, para que alegara lo que estimara pertinente a su derecho, con el resultado que consta en autos.
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- De la presente resolución ha sido ponente la Ilma. Sra. MAGISTRADO de esta Sección, DÑA ISABEL GARCÍA GARCÍA-BLANCO
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- Hemos de partir de que la procedencia de o no de la protección internacional solicitada o en su caso, y subsidiariamente, la permanencia por razones humanitarias, constituyen la cuestión de fondo que debe de ser resuelta definitivamente por sentencia por lo que la argumentación que afecta a la cuestión de fondo suscitada no guarda, en principio, relación con el contenido propio de una pieza de suspensión que se ciñe a la adopción o no de una medida cautelar. ( Auto TS 18-1- 1999, rec 9116/1997; S. TS 4-7-2002 rec cas. 7876/1999).
Efectivamente el acto de denegación base del presente recurso es un acto negativo y los actos negativos puros no admiten la suspensión pues con ello se obtendría anticipadamente y a través de la decisión de una medida cautelar, la pretensión deducida en la reclamación principal, en el caso que nos ocupa la concesión, aun temporal, de la protección internacional o de una residencia temporal en el marco de la legislación de extranjería art. 31.3 de la LO 4/2000 a la que remiten los arts. 37 y 46.3 de la LO 12/2009. Dicho lo cual, la jurisprudencia del TS (Sentencias de 25 de noviembre de 1995, 13 de marzo, 28 de abril, 28 de septiembre y 4 de diciembre de 1999, 16 de mayo y 13 de noviembre de 2000 y 20 de enero y 17 de abril de 2001, entre otras) ha declarado que es posible y se debe, si procede, suspender las consecuencias de un acto negativo, entre otras, la obligada salida del territorio español, además de la posibilidad de adoptar medidas cautelares positivas.
En el caso de autos la medida cautelar interesada en el escrito de interposición tras el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, designación de profesionales de oficio, consiste en:
" (...) MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO por los perjuicios irreparables que originaría a esta parte su ejecución, dado que de ejecutarse la resolución se afectaría a la finalidad legítima del recurso, pues teniendo en cuenta el tiempo necesario para dictar sentencia, en función de la tramitación del presente proceso contencioso administrativo y en atención a las circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en el presente caso, se acredita la existencia de un periculum in mora que haría totalmente ineficaz la sentencia estimatoria que pudiera dictar. Por otra parte, es fácil poder determinar la existencia del principio fumus boni iuris, por cuanto tal como se desprende de la resolución administrativa objeto de impugnación, mi representada ostenta derechos legítimos que justifican y amparan el reconocimiento de su derecho incluso en vía administrativa. El prejuicio que se irrogaría, en caso de llevar a cabo la ejecución inmediata de la resolución administrativa objeto de impugnación, seria irreparable, por cuanto la posterior reparación no solo seria imposible o extremadamente muy difícil, sino que la Administración Pública demandada ya habría dado cumplimiento o ejecutado el contenido de la resolución administrativa impugnada, por ello (...) " (Sic).
Por providencia de fecha 10/01/2022 se estimó la no concurrencia de especial urgencia en el marco del art. 135 de la LJCA pese a la remisión automática que hace al mismo el art. 29 de la Ley 12/2009 y se acordó tramitar el incidente cautelar por los tramites del art. 131 de la LJCA (no frontera, no CIE, sin orden de inmediata expulsión).
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- Con carácter general conviene recordar la doctrina invariable del Tribunal Supremo según la cual la suspensión de la ejecución de los actos administrativos constituye en nuestro Derecho una medida de excepción al principio general de autotutela de la Administración, por lo que sólo debe otorgarse, a instancia del actor, cuando la ejecución hubiere de producir daños o perjuicios de reparación imposible o difícil, por aplicación del artículo 130 de la LJCA.
La eficacia de la actuación administrativa, constitucionalmente reconocida en el artículo 103.1 de la CE, impone que los actos de las Administraciones Públicas nazcan con vocación de inmediato cumplimiento, esto es, que sean inmediatamente ejecutivos ( artículo 94 de la LRJPAC 30/1992 / actual art. 98 de la LPAC 39/2015). Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dicten ( art. 57 de la LRJPAC 30/1992 / actual art. 39 de la LPAC 39/2015), por lo que su impugnación, primero en vía administrativa y luego en sede jurisdiccional, no produce la suspensión automática de su ejecución.
La LJCA regula las medidas cautelares en sus artículos 129 a 136. El artículo 129.1 de la citada normativa establece que los interesados podrán solicitar, en cualquier estado del proceso, las adopciones de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Como circunstancias a tener en cuenta para acordar o no la medida cautelar, el artículo 130.1 afirma que previa valoración de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse, únicamente, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran
hacer perder su finalidad legítima al recurso, añadiendo el apartado segundo del referido artículo que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará de forma circunstanciada. Y así, cuando las exigencias de ejecución que dicho interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia sea de gran intensidad, sólo perjuicios de muy elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución, en su caso.
Por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene señalado con reiteración que los daños y perjuicios invocados por la parte recurrente para obtener la medida cautelar impetrada han de haber sido acreditados, al menos indiciariamente, para que el Tribunal pueda acordar la medida solicitada, pues no cabe...
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