STSJ Navarra 324/2021, 17 de Noviembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 324/2021 |
| Fecha | 17 Noviembre 2021 |
SENTENCIA DE APELACIÓN Nº 324/2021
ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTE,
D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA
MAGISTRADOS,
DÑA. RAQUEL HERMELA REYES MARTÍNEZ
D. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALVATIERRA
En Pamplona/Iruña a 17 de noviembre de 2021
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, ha visto en grado de apelación, el presente rollo nº 285/2021 interpuesto contra la sentencia nº 102/2021 de fecha 12 de abril de 2021, recaída en los autos procedentes del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Pamplona, correspondientes al recurso contencioso-administrativo ordinario nº 352/2019; siendo partes, como apelante OLALDEA COMPAÑÍA DE COMERCIO S.L, representado por el Procurador D. Pedro Barno Urdiain y asistido por el Abogado D. Raúl de Francisco Garrido ; como apelado Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra representado y defendido por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Foral de Navarra:
Viene a resolver con base en los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
- En fecha 12 de abril de 2021, se dictó la Sentencia nº 102/2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona/Iruña cuyo fallo contiene el tenor literal siguiente; " DESESTIMAR el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador , Sr. Barno Urdiain, en nombre y representación de Olaldea Compañía de Comercio S. L contra el acuerdo de 11 septiembre de 2019, del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra, por el que se desestiman las reclamaciones económico-administrativas interpuestas por la recurrente en relación con el procedimiento de comprobación e investigación y sancionador seguido de respecto del IS de los ejercicios 2014 y 2015, y al IVA de 2015 y 2017 así como del procedimiento sancionador relacionado con el IS de los años 2014 y 2015, con el IVA de 2015 a 2017 y con la expedición de facturas de datos falsos, que se confirma íntegramente . Todo ello, con expresa imposición de costas al recurrente".
Por la parte demandante se ejercitó recurso de apelación al que se dio el trámite legalmente establecido en el que solicitaba su estimación con revocación de la sentencia de instancia, estimando en su integridad el presente recurso, anulando la sentencia apelada y la resolución y los actos administrativos de los que trae su causa.
Elevadas las actuaciones a la Sala y formado el correspondiente rollo, tras las actuaciones prevenidas, se señaló para la votación y fallo el día 16 de noviembre de 2021.
Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MANUEL IZQUIERDO SALVATIERRA.
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada en cuanto no contradigan los recogidos en esta Sentencia.
De la resolución recurrida y de los escritos de recurso y de oposición.
La sentencia objeto de apelación desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo del TEAFNA de 11 de septiembre de 2019 por la que se desestima la reclamación económica administrativa interpuesta por la recurrente en relación con el procedimiento de comprobación e investigación y sancionador seguido con respecto del IS de los ejercicios 2014 y 2015, y al IVA de 2015 y 2017 así como del procedimiento sancionador relacionado con el IS de los años 2014 y 2015, con el IVA de 2015 a 2017 y con la expedición de facturas con datos falsos
En ella se identifica la resolución administrativa que se recurre, se recogen los hechos a tener en cuenta en la resolución del pleito y se resume la posición de las partes, para seguidamente definir el objeto de la "Litis", pronunciándose sobre los motivos de impugnación planteados por la recurrente en primera instancia.
En la sentencia se destaca que: " en fecha 2 de diciembre de 2016 se inició un procedimiento de inspección por parte de la Hacienda Foral de Navarra a las empresas; Bandera de Andrés S.L, Laderas de Montejurra S.L, Abauntza S.L, Talleres de Costura Estella S.L, La Vasconia Compañía de Cervezas S.L, Izar & Alai S.L, y Abbatia Compañía Cervecera del Norte S.L. El 27 de abril de 2017 se inició el procedimiento de inspección respecto de las empresas Compañía Agraria de San Veremundo S.L y Compagnie Farmaceutique Disfana S.L. Mediante comunicación-citación de 2 de mayo de 2017, el Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra, notificada el 10 de mayo de 2017, inició actuaciones tendentes a la comprobación y en su caso a la regularización de la situación tributaria de la entidad OLALDEA S.L en relación con el IS de los ejercicios 2014 y 2015 y al IVA de los ejercicios 2015, 2016, y 2017 (enero a marzo). En fecha 2 de febrero de 2018 se formalizó con D. Rubén una propuesta de liquidación vinculada al delito en relación con el IVA del año 2016 al apreciarse indicios de delito fiscal. Previa oportuna tramitación, se dictó el 18 de julio de 2018 la resolución que ponía fin al expediente de comprobación, confirmando la propuesta del inspector actuario. En el punto 1º de la parte dispositiva de dicha resolución determina separadamente las liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos impositivos afectados, el IS de 2014 y 2015, y el IVA de 2015 y 2017, con el resultado en todos los casos de 0 o prácticamente cero, es decir sin derivarse deuda tributaria alguna. Mediante comunicación de 9 de marzo de 2018 se comunicó el inicio del expediente sancionador derivado del inspector anterior, emitiéndose propuestas de sanción respecto del IVA e IS y en cuanto a la expedición de facturas con datos falsos. Tras las alegaciones del recurrente, en fecha 18 de mayo de 2018, el Director del Servicio de Inspección Tributaria dictó resolución confirmando las propuestas de sanción practicadas por los actuarios en relación con el IS de dos sanciones, correspondientes a los años 2014 y 2015 por importe respectivamente de 2.849,38 3.197,96 euros; respecto de IVA de los años 2015(cuatro sanciones) y 2017 (tres sanciones), por importe, respectivamente de 155,03 euros y 6.552,87 euros y dos sanciones por expedición de facturas falsas, en cuanto a los años 2014 ( 387.173,11 euros) , 2015 (617.178,31 euros). Frente a tales resoluciones se interpusieron las oportunas reclamaciones económicas-administrativas, manifestando su oposición a las resoluciones. En fecha 11 de septiembre de 2019 y por acuerdo del TEAFNA, se desestimaron las mismas en relación con la comprobación e investigación y sancionadora seguido respecto del IS de los ejercicios 2014 y 2015, y al IVA de 2015, 2016, y 2017 así como del procedimiento sancionador referido a las facturas falsas..."
Acto seguido la Juez a quo analiza los motivos de impugnación de la demanda.
El recurrente alegaba vulneración de derechos fundamentales, en concreto de su derecho de defensa, lo que determinaría la nulidad de la actuación inspectora llevada a cabo por la HFN. El demandante viene a denunciar el inicio de un procedimiento inspector administrativo, al realizarse en el contexto de unas diligencias penales, puesto que el deber de colaboración impuesto sobre el sujeto pasivo chocaría frontalmente con los derechos que le asistirían como investigado en el ámbito de unas diligencias previas, ya que según su criterio fue el Ministerio Fiscal quien incitó a la Inspección Foral a realizar actuaciones de investigación que debían ser reportadas a la Fiscalía y la Administración transformó en una investigación penal.
La Juez de instancia, consideró que tal motivo de impugnación no debía tener favorable acogida, pues no es cierto que los procedimientos de inspección tributaria se iniciaran tras recibir comunicación de la Fiscalía el 22-12-2016. El procedimiento inspector se inició el 02-12-2016 con respecto a varias empresas entre las que se encontraba la hoy apelante, de manera que el procedimiento inspector nada tiene que ver con las diligencias penales. Razona a continuación la Jueza por qué no hay vulneración del derecho de defensa alegado por la recurrente.
Aducía igualmente, la recurrente vulneración de las reglas esenciales de los procedimientos administrativos, puesto que no consta en el expediente el acuerdo u orden de carga en Plan de Inspección de las empresas inspeccionadas, es decir, no consta autorización a los actuarios para poder actuar.
La Jueza razona que las actuaciones inspectoras respecto de la apelante se iniciaron el 2-12-2016 dentro del Plan de Inspección de las empresas del grupo de Rubén. En el documento nº 2 aportado junto con la contestación de la demanda se observa en relación con la empresa recurrente, el encargo a los actuarios Sr. D. Jesús Ángel y D. Jose Pablo, habiéndose incluido en el Plan de Inspección el día 28 de abril de 2017
Alegaba igualmente la apelante la concurrencia de un motivo de nulidad de la liquidación por entender la concurrencia de una causa de prejudicialidad penal, puesto que entiende que el procedimiento inspector hubo de paralizarse o suspenderse por dicha causa, al considerar que los mismos hechos se estarían investigando en sede penal. Cuestión esta última que la Magistrada de instancia rechazó en auto de 31-01-2020, exponiendo por qué no debe suspenderse el procedimiento de liquidación.
Manifestaba, como motivo de impugnación en la instancia, la apelante, que las fuentes de las que la Inspección de los tributos ha obtenido las pruebas lo eran del expediente disciplinario tramitado al Sr. Rubén por la incompatibilidad de sus empresas con el cargo de Fiscal.
Entiende igualmente la apelante, incidiendo en la proscripción de la prueba ilícita y contraria a la buena fe. Viene a manifestar que la prueba de la Inspección se obtuvo coaccionando al Sr. Rubén quien facilitó de esta forma información autoincriminatoria, así...
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