ATS 1237/2021, 2 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1237/2021 |
| Fecha | 02 Diciembre 2021 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 1.237/2021
Fecha del auto: 02/12/2021
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 4959/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA (SECCIÓN 2ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
Transcrito por: DGA/BMP
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 4959/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 1237/2021
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gómez, presidente
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Andrés Palomo Del Arco
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Javier Hernández García
En Madrid, a 2 de diciembre de 2021.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Javier Hernández García.
Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Montilla, en las Diligencias Previas número 800/2019 se dictó auto de sobreseimiento libre, de 14 de abril de 2021 (rectificado por auto de 20 de abril de 2021), que fue objeto de recurso de apelación por Jose Carlos, Beatriz y Carlos María, siendo desestimado el recurso de apelación por la Audiencia Provincial de Córdoba que, por su Sección 2ª, en el Recurso de Apelación número 1106/2021, dictó auto, de 25 de junio de 2021, desestimando el recurso de apelación.
Contra el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 2ª) de 25 de junio de 2021, se interpone recurso de casación por Jose Carlos y Beatriz (representados por su hijo Pedro Francisco), y Carlos María, todos ellos bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña María López-Herrera Rodríguez, por los siguientes motivos:
1) Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 852 de la LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española.
2) Al amparo del artículo 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación de los tipos correspondientes a los delitos de estafa, apropiación indebida, intrusismo, deslealtad profesional, así como las disposiciones correspondientes al partícipe a título lucrativo.
3) Por quebrantamiento de forma, por denegación de todas las diligencias de prueba solicitadas por la acusación particular.
Durante la tramitación del recurso, se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la inadmisión de todos los motivos.
Actúan como partes recurridas, oponiéndose al recurso presentado:
- Blas, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Leyla Gasanalieva Soloviova.
- Cesareo, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Lara Fernández-Hijico Escribano.
- Desiderio, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña María Trinidad Jiménez Écija.
- Emiliano, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Juan Manuel Cortina Fitera.
- Ezequiel, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Francisco Solano Hidalgo Trapero.
- Florentino, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Fernández de Villalta Fernández.
- Héctor, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Pelayo Alejandro Del Valle Alonso.
- Doña Regina, Procuradora de los Tribunales, actuando en su propio nombre y representación.
- Millán, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Nieto Rubio.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Javier Hernández García.
ÚNICO.-
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Los recurrentes formulan recurso de casación: 1) al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 852 de la LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española; 2) al amparo del artículo 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación de los tipos correspondientes a los delitos de estafa, apropiación indebida, intrusismo, deslealtad profesional, así como las disposiciones correspondientes al partícipe a título lucrativo; y 3) por quebrantamiento de forma, por denegación de todas las diligencias de prueba solicitadas por la acusación particular.
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El recurso de casación, como es notorio, es un recurso extraordinario que únicamente se puede interponer contra las resoluciones y por los motivos previstos en la Ley (ver art. 884. 1º-2º LECrim.) En cuanto ahora importa y dada la resolución que se pretende recurrir en casación, el art. 848 LECrim (según la nueva redacción dada por ley 41/2015, de 5 de octubre, aplicable al caso que nos ocupa al tratarse de un procedimiento incoado con posterioridad a su entrada en vigor el 06/12/15), establece que: "Podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".
La redacción del precepto citado, antes de su modificación, suscitó poderosas dudas, en particular, sobre su aplicación en el ámbito del procedimiento abreviado, especialmente porque se hacía depender la posibilidad de planteamiento de recurso de casación contra un auto de sobreseimiento libre, del dato de que se hallare alguien procesado como culpable, expresión que se ha cambiado en el artículo actual por la de que exista una resolución judicial que suponga una imputación fundada.
Para dar respuesta a esta cuestión, el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala celebrado el 9 de febrero de 2005 estableció la siguiente doctrina en orden a la recurribilidad en casación de los autos dictados por las Audiencias: "Los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones: 1ª. Se trate de un auto de sobreseimiento libre. 2ª. Haya recaído imputación judicial equivalente a un procesamiento, entendiéndose por tal la resolución judicial en que se describa el hecho, el derecho aplicable y las personas responsables. 3ª. Se haya dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación.".
Como señala la sentencia de esta Sala 964/2016, de 20 de diciembre, "tras la modificación operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del día 6 de diciembre de 2015, en el art. 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal requisito (se refiere a que el auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación) desaparece. Es decir, actualmente los requisitos del sobreseimiento libre recurrible en casación por infracción de ley, son los siguientes: haberse dictado un auto definitivo (es decir, no impugnable mediante recurso ordinario), dictado por una Audiencia Provincial o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que suponga la finalización del proceso por falta de jurisdicción o por sobreseimiento libre (con análogos efectos a los de una sentencia absolutoria), y contra una persona encausada mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".
A este respecto, es decir, sobre la recurribilidad en casación del auto que acuerda el sobreseimiento libre en el marco de un procedimiento abreviado, de manera reiterada se dijo por esta Sala (SSTS 473/2006 de 17 de abril; 608/2006 de 11 de mayo; 977/2007 de 22 de noviembre; 129/2010 de 19 de febrero o 63/2011 de 4 de febrero de 2011, entre otras) que no basta con que se haya acometido una investigación judicial y tras ella acordado el sobreseimiento, sino que es imprescindible para que la resolución que acuerda éste pueda ser fiscalizada a través del recurso de casación, que haya existido una resolución previa equivalente a un procesamiento o acto de inculpación, con la plasmación de los hechos indiciariamente delictivos, las normas en que se subsumirían esos hechos y los sujetos presuntos autores de los mismos. Y como tal se ha considerado el auto que se dicta al amparo del artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordando seguir los trámites con arreglo al procedimiento abreviado, o como mucho el auto que acuerda determinadas medidas cautelares que contaron con una descripción de indicios contra personas determinadas, acompañada de una subsunción de la conducta en una norma penal y la intervención de un posible autor (las SSTS 1153/2005 de 5 de octubre, 608/2006 de 11 de abril y 872/2015, de 5 de febrero).
En resumen, en el ámbito del procedimiento abreviado, esta Sala estimaba que esa resolución de imputación formal se llevaba a cabo en el auto de transformación, y esa jurisprudencia se mantiene vigente tras la reforma operada por la Ley 41/2015 (vid. STS de Pleno 396/2021, de 6 de mayo).
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A la vista de lo anteriormente expuesto se hace necesario, antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación.
De conformidad con la referida doctrina debe concluirse que la resolución recurrida no es susceptible de ser recurrida en casación ya que no se cumple el requisito de que se hubiese dirigido una imputación formal contra persona alguna determinada.
El auto impugnado confirma el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de instrucción, por considerar que los hechos no son constitutivos de delito. No obstante, esta resolución se acordó al amparo de lo dispuesto por el art. 779.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que no se dictó, en el procedimiento, auto de transformación de las Diligencias Previas para su continuación por los trámites del Procedimiento Abreviado, ni hubo, por tanto, acto de imputación formal de unos hechos a una persona determinada en los términos legal y jurisprudencialmente exigidos.
Por todo lo expuesto, se desprende que el auto citado no es susceptible de recurso de casación.
En todo caso, debe recordarse que la inadmisión del presente recurso por falta de recurribilidad del auto referido no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que la pretensión de la parte recurrente ha sido estudiada y ha recibido contestación de dos instancias judiciales (tanto del Juzgado de Instrucción, como de la Audiencia Provincial). Sobre este particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecida la doctrina de que el derecho al acceso a los Tribunales constituye una de las facetas del derecho a un proceso con todas las garantías (véase, en particular, Golder contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 21 de febrero de 1975, serie A número 18 § 36), si bien no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas, particularmente en lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad de un recurso, pues por su propia naturaleza exige una reglamentación por el Estado, que goza a este respecto de un cierto margen discrecional (García Manibardo contra España. número 38395/97, § 36, TEDH 2000-II; Mortier contra Francia número 42 195/98, § 33, de 31 de julio de 2001; Berger contra Francia, número 48.221/99, § 30, TEDH 2002-X), siempre que esas limitaciones que se apliquen no restrinjan "el acceso abierto al individuo de manera o hasta un punto tal que el derecho se encuentre afectado en su propia esencia..." (véase, sentencia De la Fuente Ariza contra España. de 8 de noviembre de 2007).
Concorde con todo lo anterior, se acuerda la inadmisión del recurso interpuesto, de conformidad con lo que determina el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En consecuencia, se dicta la siguiente
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGARA LA ADMISIÓN del recurso de casación, formulado por la parte recurrente contra el auto de 25 de junio de 2021, dictado por la Audiencia Provincial de origen, en el Rollo de apelación referenciado en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se acuerda la pérdida del depósito, si se hubiera constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
