STSJ Castilla y León 911/2021, 27 de Julio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 911/2021 |
| Fecha | 27 Julio 2021 |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 00911/2021
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N56820
C/ ANGUSTIAS S/N
Teléfono: Fax: 983267695
Correo electrónico:
MGC
N.I.G: 47186 45 3 2020 0000520
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000218 /2021
Sobre: FUNCION PUBLICA
De D./ña. Sonia, Tamara , Teodora
Representación D./Dª. JORGE FAUSTINO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS, JORGE FAUSTINO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS , JORGE FAUSTINO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS
Contra D./Dª. CONSEJERIA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Representación D./Dª.
SENTENCIA Nº 911
ILMA. SRA. PRESIDENTA:
DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA
ILMA/OS. SRA/ES MAGISTRADA/OS:
DOÑA ENCARNACIÓN LUCAS LUCAS
DON FELIPE FRESNEDA PLAZA
En Valladolid, a 27 de julio de 2021.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados más arriba, el presente recurso de apelación registrado con el número 218/21, en el que son partes:
Como apelantes: Dª Sonia, Dª Tamara Y Dª Teodora, representadas ante esta Sala por el procurador Sr. Rodríguez-Monsalve Garrigos y defendidas por el letrado Sr. Arauz de Robles Dávila.
Como apelada, LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN -CONSEJERIA DE PRESIDENCIA-, representada y defendida por letrada de sus servicios jurídicos.
Es objeto del recurso de apelación la sentencia nº 21 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, de fecha 1/2/21, dictada en el procedimiento abreviado nº 111/20.
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El expresado Juzgado dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor: "Que desestimo el recurso contencioso-administrativo núm. 111/20 promovido por DOÑA Tamara, DÑA Sonia y de D. Teodora contra la Orden del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León de fecha 1 de julio de 2020, por el que se resuelve "Inadmitir el recurso de reposición formulado, con fecha 30 de marzo de 2020 frente a la Orden de 27 de febrero de 2020 por la que se accede a la petición de reconocimiento de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, veterinario de la Administración de la Comunidad de Castila y León o condición equiparable a todos los efectos, con imposición de costas a la parte demandante".
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Contra esa sentencia interpuso recurso de apelación la parte apelante solicitando de la Sala "Que, en su día, previa la tramitación oportuna, estimando nuestra apelación, revoque y deje sin efecto la sentencia del Juzgado, en el sentido de que estimando la demanda, anule y deje sin efecto la resolución impugnada, por ser contraria a Derecho, en concreto, por ser contraria a la Directiva 1999/70/C, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada y, como pretensión de plena jurisdicción, declare el derecho de mis mandantes a la plena y completa aplicación de la Directiva 1999/70/CE y al Acuerdo marco, lo que sin carácter limitativo, conllevara necesariamente y así se solicita, que proceda:
1) al nombramiento del personal temporal aquí recurrente, como empleados fijos o de carrera al servicio de la Administración demandada con destino en el puesto de trabajo al que está adscrito y en el mismo cuerpo, especialidad, servicio, centro u órgano en que está destinado, y titular en propiedad de la plaza que ocupa;
2) o subsidiariamente, en caso de imposibilidad de nombrarles empleados fijos o de carrera, se proceda por la Administración demandada, a su nombramiento como personal publico fijo equiparable a los empleados fijos o de carrera al servicio de la Administración empleadora en el cuerpo, especialidad, servicio, centro u órgano al que está adscrito, bajo los principios de permanencia e inmovilidad y con la misma estabilidad en el empleo que aquellos, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los empleados fijos o de carrera comparables, con derecho permanecer en el servicio u órgano y en el puesto de trabajo al que está actualmente destinado;
3) y en todo caso, o alternativamente, que se proceda por la Administración demandada a reconocer a este personal el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña, como titular y propietario del mismo, aplicándole las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo que la Ley establece para los homónimos empleados fijos o de carrera comparables, con los mismos derechos y condiciones de trabajo que estos últimos,
4) Y en todo caso, se les abone a cada uno la indemnización de 18000 €, y/o la que legalmente proceda, como compensación al abuso sufrido en la relación temporal sucesiva mantenida, para reparar el daño sufrido derivado de la situación que viene padeciendo de abuso en su contratación temporal sucesiva y de discriminación en sus condiciones de trabajo, y sin perjuicio también de los daños indemnizables que, en su caso -en el supuesto que aquí negamos, de que no proceda la transformación de su relación temporal abusiva en una relación fija-, se pongan de manifiesto, hagan efectivos y se individualicen en el momento del cese del personal temporal recurrente. Y todo ello, como sanción al abuso en la relación temporal sucesiva y para eliminar las consecuencias de la infracción de la precitada y con imposición de costas a la Administración demandada.
Recurso del que, una vez admitido, se dio traslado a la Administración demandada, que presentó escrito de oposición al mismo, solicitando de la Sala: "que dicte sentencia en la que desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, con imposición de las costas a la parte apelante". Emplazadas las partes, el Juzgado elevó los autos y el expediente a esta Sala.
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Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y personadas las partes, se designó ponente a la Magistrada Dª Ana Mª Martínez Olalla.
Al no practicarse prueba ni haberse celebrado vista o conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, señalándose para su votación y fallo el pasado día 26 de julio del año en curso.
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Objeto del recurso de apelación. La sentencia de instancia.
Se impugna en el presente recurso de apelación la sentencia nº 21 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, de fecha 1/2/21, dictada en el procedimiento abreviado nº 111/20.
La sentencia recurrida desestima el recurso contenciosos-administrativo interpuesto por los aquí apelantes contra la Orden del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León de fecha 1 de julio de 2020, por el que se resuelve "Inadmitir el recurso de reposición formulado, con fecha 30 de marzo de 2020 frente a la Orden de 27 de febrero de 2020 por la que no se accede a la petición de reconocimiento de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, veterinario de la Administración de la Comunidad de Castila y León o condición equiparable a todos los efectos, con imposición de costas a la parte demandante.
Los apelantes pretenden que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otra por la que se anule la resolución impugnada por razones formales, por vulneración del principio de congruencia, y de fondo, por ser contraria a la Directiva 1999/70/C, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada y, como pretensión de plena jurisdicción, interesan que se acceda a los pedimentos que se han señalado en el Antecedente 2 de esta sentencia.
La Administración demandada solicita la desestimación del recurso de apelación con imposición de las costas a la parte apelante.
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Primer motivo de impugnación. Vulneración del principio de congruencia. Desestimación.
Los apelantes sostienen que la sentencia incurre en incongruencia porque confirma la Orden del Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, por la que se inadmite el recurso de reposición formulado por los recurrentes, aquí apelantes, contra la Orden de 1 de julio de 2020, que inadmite su reclamación, reconduciéndola a un inexistente derecho de petición del art. 29 de la CE y de la Ley Orgánica 4/200, cuando en puridad debía anular las resoluciones impugnadas, al no existir derecho de petición, y después, entrando en el fondo del asunto, desestimar la demanda. Argumento que no considera puramente formal y que considera que tiene trascendencia.
Se opone la Administración apelada alegando que si bien la Orden califica la solicitud como ejercicio de derecho de petición luego resuelve la solicitud con fundamentación jurídica desestimatoria de fondo.
El motivo de impugnación debe rechazarse, uno, porque para que haya incongruencia es preciso que no se haya dado respuesta a algún motivo o pretensión de la parte que pueda tener trascendencia en el fallo y con ello se ocasione indefensión a la parte que lo adujo, lo que...
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