ATS 910/2021, 7 de Octubre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 910/2021 |
| Fecha | 07 Octubre 2021 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 910/2021
Fecha del auto: 07/10/2021
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 1541/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA (SECCIÓN 3ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Transcrito por: AMO/BOA
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 1541/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 910/2021
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gómez, presidente
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Andrés Palomo Del Arco
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Javier Hernández García
En Madrid, a 7 de octubre de 2021.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.
Por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 3ª), se dictó auto de fecha 27 de enero de 2021, cuya parte dispositiva señala:
"En atención a lo expuesto, esta Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D/Dª Begoña y Benita, frente Auto de 5 de noviembre de 2020, dictado por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10 DE ZARAGOZA en Diligencias Previas nº 0003482/2015 - 00, debiendo confirmar dicha resolución, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia".
Contra el citado auto Benita, Begoña y Rosendo, bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Gallego Sola, formularon recurso conjunto de casación y alegaron los siguientes motivos:
i) Vulneración de los arts. 316 y 318 CP.
ii) Vulneración del art. 131 y 132 CP. Instituto de la prescripción.
iii) Vulneración del art. 24 CE, por denegación de la tutela judicial efectiva.
Durante la tramitación del recurso, se dio traslado al Ministerio Fiscal que formuló escrito de impugnación e interesó su inadmisión.
Asimismo, se dio traslado a la mercantil PIROCTENIA ZARAGOZANA, S.A., que, actuando bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales D. Guzmán de la Villa de la Serna, de igual modo, formuló escrito de impugnación e interesó su inadmisión.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal, ha sido designado ponente el Excelentísimo Señor Magistrado D. Manuel Marchena Gómez
ÚNICO.-
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Los recurrentes, en el primer motivo de su recurso denuncian vulneración de los arts. 316 y 318 CP (sic).
Afirman que deben reaperturarse las diligencias previas cuyo sobreseimiento libre por prescripción fue confirmado por la Audiencia Provincial, ya que no se han practicado diversas diligencias (que cita) que pudieran demostrar la infracción de múltiples normas de naturaleza administrativa y, con ello, que se puso en riesgo grave a los trabajadores que prestaban sus servicios en las instalaciones de la mercantil PIROCTENIA ZARAGOZANA, S.A.
En el motivo segundo de recurso denuncia vulneración del art. 131 y 132 CP. Instituto de la prescripción (sic).
Afirman que los hechos no estarían prescritos, ya que, de conformidad con lo expuesto en el motivo precedente, nos encontramos ante la comisión de un posible delito contra los derechos de los trabajadores del art. 319 CP, en concurso ideal con un delito de homicidio del art. 138 CP, cuyo plazo de prescripción es de 15 años.
Sostienen que la calificación provisional acogida por la Audiencia Provincial (delito contra los derechos de los trabajadores del art. 316 CP en concurso con delitos de lesiones imprudentes o de homicidio imprudente, cuyo plazo de prescripción es de 5 años) es errónea.
En el motivo tercero de recurso, denuncian vulneración del art. 24 CE, por denegación de la tutela judicial efectiva.
Afirman que se ha vulnerado el referido derecho ya que no ha existido una verdadera actividad instructora y la motivación del auto impugnado es insuficiente.
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El recurso de casación, como es notorio, es un recurso extraordinario que únicamente se puede interponer contra las resoluciones y por los motivos previstos en la Ley (ver art. 884. 1º y 2º LECrim) En cuanto ahora importa y dada la resolución que se pretende recurrir en casación, el art. 848 LECrim (según la nueva redacción dada por ley 41/2015, de 5 de octubre, aplicable al caso que nos ocupa al tratarse de un procedimiento incoado con posterioridad a su entrada en vigor el 06/12/15 por cuanto se incoaron diligencias en fecha 8 de septiembre de 2016), establece que: "Podrían ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".
La redacción del precepto citado, antes de su modificación, suscitó poderosas dudas, en particular, sobre su aplicación en el ámbito del procedimiento abreviado, especialmente porque se hacía depender la posibilidad de planteamiento de recurso de casación contra un auto de sobreseimiento libre, del dato de que se hallare alguien procesado como culpable, expresión que se ha cambiado en el artículo actual por la de que exista una resolución judicial que suponga una imputación fundada.
Para dar respuesta a esta cuestión, el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala celebrado el 9 de febrero de 2005 estableció la siguiente doctrina en orden a la recurribilidad en casación de los autos dictados por las Audiencias: "Los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones: 1ª. Se trate de un auto de sobreseimiento libre. 2ª. Haya recaído imputación judicial equivalente a un procesamiento, entendiéndose por tal la resolución judicial en que se describa el hecho, el derecho aplicable y las personas responsables. 3ª. Se haya dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación".
Como señala la sentencia de esta Sala 964/2016, de 20 de diciembre, "tras la modificación operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del día 6 de diciembre de 2015, en el art. 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal requisito (se refiere a que el auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación) desaparece. Es decir, actualmente los requisitos del sobreseimiento libre recurrible en casación por infracción de ley, son los siguientes: haberse dictado un auto definitivo (es decir, no impugnable mediante recurso ordinario), dictado por una Audiencia Provincial o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que suponga la finalización del proceso por falta de jurisdicción o por sobreseimiento libre (con análogos efectos a los de una sentencia absolutoria), y contra una persona encausada mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada".
A este respecto, es decir, sobre la recurribilidad en casación del auto que acuerda el sobreseimiento libre en el marco de un procedimiento abreviado, de manera reiterada se dijo por esta Sala (SSTS 473/2006 de 17 de abril; 608/2006 de 11 de mayo; 977/2007 de 22 de noviembre; 129/2010 de 19 de febrero ó 63/2011 de 4 de febrero de 2011, entre otras) que no basta con que se haya acometido una investigación judicial y tras ella acordado el sobreseimiento, sino que es imprescindible para que la resolución que acuerda éste pueda ser fiscalizada a través del recurso de casación, que haya existido una resolución previa equivalente a un procesamiento o acto de inculpación, con la plasmación de los hechos indiciariamente delictivos, las normas en que se subsumirían esos hechos y los sujetos presuntos autores de los mismos. Y como tal se ha considerado el auto que se dicta al amparo del artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordando seguir los trámites con arreglo al procedimiento abreviado, o como mucho el auto que acuerda determinadas medidas cautelares que contaron con una descripción de indicios contra personas determinadas, acompañada de una subsunción de la conducta en una norma penal y la intervención de un posible autor (las SSTS 1153/2005 de 5 de octubre, 608/2006 de 11 de abril y 872/2015, de 5 de febrero).
En resumen, en el ámbito del procedimiento abreviado, esta Sala estimaba que esa resolución de imputación formal se llevaba a cabo en el auto de transformación.
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A la vista de lo anteriormente expuesto se hace necesario, antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación.
De conformidad con la referida doctrina debe concluirse que la resolución recurrida no es susceptible de ser recurrida en casación, ya que no se cumple el requisito de que se hubiese dirigido una imputación formal contra las personas denunciadas.
Ciertamente, el auto impugnado se trata de un auto de por el que se desestima el recurso interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Zaragoza por el que se denegó la reapertura de las Diligencias Previas nº 3482/2015 que fueron provisionalmente sobreseídas y en el que, además, se declaró el sobreseimiento libre por prescripción. Se constata que en el procedimiento del que trae causa no se dictó auto de transformación de las diligencias previas para su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, ni hubo acto alguno que se pudiese interpretar como una imputación formal de unos hechos a una persona determinada.
Por todo lo expuesto, se desprende que el auto recurrido no es susceptible de recurso de casación.
Finalmente, debe recordarse que la inadmisión del presente recurso por falta de recurribilidad del auto referido no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que la pretensión de la parte recurrente ha sido estudiada y ha recibido contestación por parte de dos instancias judiciales (tanto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alcorcón, como por la Audiencia Provincial de Madrid). Sobre este particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecida la doctrina de que el derecho al acceso a los Tribunales constituye una de las facetas del derecho a un proceso con todas las garantías (véase, en particular, Golder contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 21 de febrero de 1975, serie A número 18 § 36), si bien no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas, particularmente en lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad de un recurso, pues por su propia naturaleza exige una reglamentación por el Estado, que goza a este respecto de un cierto margen discrecional (García Manibardo contra España. número 38395/97, § 36, TEDH 2000-II; Mortier contra Francia número 42 195/98, § 33, de 31 de julio de 2001; Berger contra Francia, número 48.221/99, § 30, TEDH 2002-X), siempre que esas limitaciones que se apliquen no restrinjan "el acceso abierto al individuo de manera o hasta un punto tal que el derecho se encuentre afectado en su propia esencia..." (véase, sentencia De la Fuente Ariza contra España de 8 de noviembre de 2007).
Concorde con todo lo anterior, se acuerda la inadmisión del motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGARA LA ADMISIÓN del recurso de casación, formulado por la parte recurrente contra el auto dictado por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 3ª), en el procedimiento referenciado, que figura en el encabezamiento de la presente resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se acuerda la pérdida del depósito, si se hubiera constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
