STSJ Comunidad de Madrid 1022/2021, 18 de Junio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 18 Junio 2021 |
| Número de resolución | 1022/2021 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Séptima
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
Tlfs. 914934767-66-68-69
33009730
NIG: 28.079.00.3-2019/0020587
Procedimiento Ordinario 1440/2019 C
PONENTE SR. DE ANDRÉS FUENTES
Demandante: D./Dña. Ana
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO PEREZ CRUZ
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 1022/2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SÉPTIMA
Ilma. Sra. Presidenta:
Dª. María Jesús Muriel Alonso
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Ignacio del Riego Valledor
D. Santiago de Andrés Fuentes
En la Villa de Madrid a dieciocho de Junio del año dos mil veintiuno.
VISTO, por la Sección VII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados "supra" relacionados, el recurso contencioso-administrativo número 1440/2019 que ante la misma pende de resolución y que fue interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Pérez Cruz, en nombre y representación de Dª. Ana, contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de la solicitud que el mismo formuló ante la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, con fecha 6 de Marzo de 2019, en orden a que le fuera abonado, desde el 6 de Marzo de 2015 en adelante (cuatro años anteriores a la reclamación efectuada en vía administrativa), el mismo complemento de destino que se abonaba a los Fiscales de Segunda Categoría de la Fiscalía Provincial de Valencia, previsto en los artículos 3.3.a) y 5 y Anexo V.2 Grupo 2, de la Ley 15/2003, de 26 de Mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal. Habiendo sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Interpuesto el recurso, se reclamó el Expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando que se dictara Sentencia estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
La Abogacía del Estado, en representación de la Administración demandada, contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por suplicar que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.
Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 16 de Junio del año en curso, en que tuvieron lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Santiago de Andrés Fuentes, quien expresa el parecer de la Sección.
El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la representación procesal de Dª. Ana, se dirige contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de la solicitud que el mismo formuló ante la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, con fecha 6 de Marzo de 2019, en orden a que le fuera abonado, desde el 6 de Marzo de 2015 en adelante (cuatro años anteriores a la reclamación efectuada en vía administrativa), el mismo complemento de destino que se abonaba a los Fiscales de Segunda Categoría de la Fiscalía Provincial de Valencia, previsto en los artículos 3.3.a) y 5 y Anexo V.2 Grupo 2, de la Ley 15/2003, de 26 de Mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal.
Pretende la recurrente la anulación de la resolución referenciada,- con el consiguiente reconocimiento del derecho que ostenta a percibir, en el período objeto de reclamación, el complemento retributivo que reclama, en la cuantía en que lo hace -, por cuanto, a su juicio, la misma es contraria a derecho esgrimiendo, en apoyo de dicha conclusión y en esencia, los siguientes argumentos:
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- Que es miembro de la Carrera Fiscal, tomando posesión como Abogado-Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia el 10 de Mayo de 2012, habiendo ascendido a la Categoría Segunda de Fiscal en virtud del Real Decreto 930/2015, de 16 de Octubre, sobre promociones en la Carrera Fiscal (B.O.E. nº 249, de 17 de Octubre próximo siguiente), con efectos de 23 de Febrero de 2015;
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- Que en el período objeto de reclamación, y a pesar de su ascenso, ha ocupado formalmente una plaza de Fiscal de Tercera Categoría en la Fiscalía Provincial de Valencia, mientras los cometidos profesionales que desarrolló en dicho período son en todo punto coincidentes con los desempeñados por los Fiscales de Segunda Categoría destinados en la Fiscalía ubicada en la localidad de Valencia, al punto que desempeñó exactamente las mismas funciones que éstos, en idénticas condiciones, con las mismas obligaciones y dedicación;
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- Que no obstante este hecho en el período objeto de reclamación, se le abonó el complemento de destino previsto, en la Ley 15/2003, de 26 de Mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, para la Tercera Categoría de Fiscales cuando, en su opinión, el complemento de destino que debería habérsele abonado era el que contemplan los artículos 3.3.a) y 5 y el Anexo V.2 Grupo 2, de la indicada Ley 15/2003, por ser el aplicable al destino en la ciudad de Valencia y a la Segunda Categoría de Fiscal de la Fiscalía Provincial sita en dicha localidad;
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- Que esta circunstancia vulnera las previsiones contenidas en los reseñados artículos 3.3.a) y 5 y en el Anexo V.2 Grupo 2, de la Ley 15/2003, de 26 de Mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, infringiendo, también, el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, pues no es ni objetivo ni razonable diferenciar, a través del complemento retributivo de destino, unos puestos de trabajo que tienen exactamente el mismo cometido; Y, en fin,
-
- Que la resolución denegatoria de la solicitud que en su día efectuó, hoy objeto de recurso, infringe la doctrina expuesta reiteradamente por numerosas Sentencias de nuestro Tribunal Supremo, que constituye cuerpo Jurisprudencial consolidado, sí como infinidad de Sentencias de esta propia Sección.
Frente a ello la Abogacía del Estado, por su parte, opuso, con carácter previo, las causas de inadmisibilidad previstas en los apartados a) y c) del artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, puesta en relación con los artículos 25.1, 51.1. apartados a) y c) y 28 del propio Cuerpo Legal, al entender, en primer lugar, que esta Sala carece de competencia objetiva para conocer del presente recurso contencioso- administrativo, por corresponder la misma a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, y, en segundo lugar, porque el recurso se dirige contra una actuación que no agota la vía administrativa, interesando, para el caso de no aceptarse las excepciones opuestas, la desestimación del presente recurso en base a las consideraciones expuestas en su escrito de contestación, que obra unido a las actuaciones.
Previo al análisis de la cuestión de fondo que se somete a la consideración de la Sección es preciso el estudio de las causas de inadmisibilidad opuestas por la Administración demandada toda vez que, una eventual estimación de cualquiera de ellas imposibilitaría conocer de lo en definitiva pretendido.
Previo a dicho análisis convendrá recordar, no obstante, que para una adecuada resolución de la cuestión planteada es necesario partir de la base de que, en materia de inadmisibilidad, "hay que tener en cuenta, (así se destaca por reiteradísima doctrina Jurisprudencial inconcusa que arranca, entre otras, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Mayo de 1985), los criterios informantes del sistema - artículo 24 de la Constitución y Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción - criterios de flexibilidad y apertura para lograr una completa garantía Jurisdiccional por parte de todos los litigantes", de tal manera que las causas de inadmisibilidad han de interpretarse con carácter restrictivo sin que puedan ser aplicados criterios hermenéuticos analógicos siendo preciso, en el caso de que emerja la más mínima duda sobre la concurrencia o no de las que se aleguen, decantar la solución en favor de un pronunciamiento de fondo en aplicación del principio "pro actione" y del Derecho Fundamental que a los ciudadanos otorga nuestra Carta Magna a obtener una tutela judicial efectiva.
Sobre la base de estas afirmaciones, y centrándonos ya en las concretas causas de inadmisibilidad opuestas, sostiene la Abogacía del Estado, en primer lugar, que el presente recurso debe ser inadmitido por cuanto, a su juicio, concurre el supuesto que, como causa de inadmisibilidad, contempla el artículo 69, apartado a), de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de Julio de 1998, puesto en relación con el artículo 51.1.a) del citado Cuerpo Legal, al entender que la competencia para conocer del presente proceso corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
La excepción planteada,- ciertamente sorprendentemente, en primer lugar puesto que han sido numerosos los recursos que esta Sección ha visto, y resuelto ya, idénticos al presente, y en los que, dicho sea de paso, se ha allanado la Abogacía del Estado, y, en segundo lugar porque, incluso, cuando esta cuestión se ha planteado ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en asuntos idénticos, la...
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STSJ Comunidad de Madrid 1329/2021, 7 de Octubre de 2021
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