STSJ Cataluña 421/2021, 5 de Mayo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 05 Mayo 2021 |
| Número de resolución | 421/2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Rollo de Apelación de Sentencia nº 1763-2020, secc 3, nº 458/2020
Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Tarragona.
Parte apelante: D. Teodoro.
Parte apelada: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
S E N T E N C I A nº 2091
Ilmos/a Sres/a.:
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
Dña. LAURA MESTRES ESTRUCH
Barcelona, cinco de mayo de dos mil veintiuno.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Rollo de Apelación de Sentencia nº 1763-2020, secc 3, nº 458/2020, interpuesto por D. Teodoro , representado por el Procurador DÑA. Ana Camps Herreros, siendo parte apelada la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Laura Mestres Estruch, quien expresa el parecer de la Sala. Versando los autos sobre extranjería
PRIMERO - En el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Tarragona, se dictó Sentencia 155-2020, de 13 de julio, en la que se dispuso: desestimar el presente recurso contencioso- administrativo contra la resolución de expulsión por 4 años, dictada en fecha 19 de noviembre de 2019, por infracción del Art 53.1.a de la LO 4/2000 de 11 de enero, con imposición de costas a la recurrente limitadas a 100 €.
SEGUNDO - Contra la referida Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora, que fue admitido a trámite, con traslado a la parte demandada, con el resultado que es de ver en autos.
TERCERO - Elevadas las actuaciones a la Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente y, no habiéndose abierto el procedimiento a prueba en esta alzada ni celebrado vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.
CUARTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Tarragona, se dictó Sentencia 155-2020, de 13 de julio, en la que se dispuso: desestimar el presente recurso contencioso- administrativo contra la resolución de expulsión por 4 años, dictada en fecha 19 de noviembre de 2019, por infracción del Art 53.1.a de la LO 4/2000 de 11 de enero, con imposición de costas a la recurrente limitadas a 100 €.
SEGUNDO.- La Sentencia apelada desestimó la demanda argumentando en síntesis la falta de arraigo, y la aplicación de la Sentencia del TJUE de 25 de abril de 2015 en un supuesto de falta de arraigo acreditado. En la apelación, se defiende la concurrencia de tal arraigo y en que el recurrente si se hallaba documentado, por lo que concluye que la sanción de expulsión no es proporcional, errando la Sentencia en la valoración de la prueba.
La apelada formulaoposición.
TERCERO.-. Pues bien, de lo actuado en vía administrativa y ante esta jurisdicción en la Instancia y a la vista de los escritos de apelación y oposición a esta, debe alcanzarse la conclusión de la falta de acreditación de la concurrencia de circunstancias de arraigo de orden personal, familiar, económico, laboral, profesional o social de D. Teodoro. Así es evidente la falta de arraigo en el territorio, pues no solo se da una situación de estancia irregular, lo que supone por si la comisión del tipo infractor, sino que se dan elementos negativos de integración, y que son a puestos de manifiesto, así se desconoce realmente el tiempo que el recurrente lleva en el territorio pues se hallaba indocumentado cuando fue requerido para ello, se desconoce por donde entró al territorio, no le consta procedimiento de legalización de su situación irregular en trámite, ni medios de vida. Por ello se evidencia una integración negativa adicionada a la estancia irregular.
Por ello es evidente carece de arraigo ni personal, ni familiar, ni social.
CUARTO.- Debe asimismo tratarse en primer lugar cuestión de la proporcionalidad de la actuación administrativa por razón de la sanción impuesta. Pues bien, la falta de proporcionalidad no puede acogerse. Y ello por lo que se dice seguidamente.
El artículo 57 de la ya citada Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aplicable al caso que nos ocupa, contempla alternativamente la posibilidad de la adopción de la medida sancionadora de expulsión del territorio español en lugar de la sanción de multa para supuestos como el presente, por comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 53.a) del mismo texto legal, concurriendo las circunstancias que allí se especifican. Y sin que la aplicación de dicha medida sancionadora, cuya efectiva naturaleza punitiva deriva tanto de su propia definición legal actual como de la doctrina constitucional establecida por la sentencia del Tribunal Constitucional 94/1993, de 22 de marzo, pueda ser tildada de desproporcionada, si no concurren en el caso atisbos ciertos de circunstancias de arraigo de orden personal, familiar, social, profesional, laboral o económico en el país por parte del interesado o cualquier circunstancia excepcional, ni tampoco el intento previo y válido por su parte de regularizar su situación en España, según tiene ya establecido una constante doctrina sentada con reiteración por los Tribunales de este orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Pues bien, como se ha advertido, valorando los anteriores datos y especialmente la no acreditación de arraigo por parte de D. Teodoro al tiempo de la resolución de procedimiento de expulsión, en los términos del párrafo final del Fundamento de Derecho anterior, debe desestimarse la falta de proporcionalidad de la sanción. Se sigue con ello los planteamientos presentes desde las sentencias del Tribunal Supremo de 25 y 31 de enero, 9 de febrero y 9 de marzo, todas ellas de 2007, entre otras.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49.a), 51.1.b) y 53.1 ),...
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