STSJ Canarias 566/2020, 3 de Noviembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 566/2020 |
| Fecha | 03 Noviembre 2020 |
Sección: IRF
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA
Plaza de San Agustín Nº 6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 80
Fax.: 928 30 64 86
Email: s1contadm.lpa@justiciaencanarias.org
Procedimiento: Recurso de apelación
Nº Procedimiento: 0000119/2020
NIG: 3501645320190001325
Materia: Contratos Administrativos
Resolución:Sentencia 000566/2020
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000219/2019-00
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria
Apelado: Amparo ; Procurador: FRANCISCO DE BETHENCOURT Y MANRIQUE DE LARA
Apelante: AYUNTAMIENTO DE TÍAS; Procurador: BONIFACIO VILLALOBOS VEGA
SENTENCIA
Presidente
D. JAIME BORRÁS MOYA
Magistrados
Dª. INMACULADA RODRÍGUEZ FALCÓN (Ponente)
D. ANTONIO DORESTE ARMAS
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2020
Visto por esta Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera con sede en Las Palmas, integrada por los Sres Magistrados, anotados al margen, el presente recurso de apelación número 119/2020, interpuesto por D./Dña. AYUNTAMIENTO DE TÍAS, representado por el Procurador de los Tribunales don BONIFACIO VILLALOBOS VEGA y dirigido por el Abogado don AGUSTIN RAMIRO MARQUEZ CABRERA
Ha intervenido como apelada doña Amparo, representada por el Procurador don FRANCISCO BETHENCOURT MANRIQUE DE LARA y asistida por sí misma.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número número Cuatro de Las Palmas, en el Procedimiento Ordinario numero 219/2019 que estimó la demandan presentada por doña Amparo, abogada, para que el abono de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento el 19 de agosto de 2015, números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 .
Por la representación de la parte recurrente, antes mencionada, se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia. A lo que se opuso la representación de la parte demandada.
Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de votación y fallo para el día 3 de noviembre de 2020.
Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia dictada el doce de mayo de 2020, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Cuatro de Las Palmas, en el Procedimiento Ordinario numero 219/2019 que estimó la demandan presentada por doña Amparo, abogada, para que el abono de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento el 19 de agosto de 2015, números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 .
La primera cuestión que plantea la apelada es la inadmisibilidad de la apelación por razón de la cuantía respecto a las facturas NUM000 y NUM001, por no superar el umbral de la cuantía de 30.000€ exigida por el artículo 81.1 de la LJ. Se estima la citada causa de inadmisibilidad por lo que los pronunciamientos de la sentencia apelada devienen firmes respecto a las dos citadas facturas.
El presente recurso de apelación se circunscribe a las dos facturas restantes NUM002 y NUM003 .
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Inadmisibilidad del recurso por inexistencia de acto presunto.
La tesis que reitera la apelante es que el artículo 216.4 del TRLCSP tiene dos tiempos: primero se presentan las facturas y a partir de los treinta días si no han sido abonadas las mismas es necesario presentar un nuevo escrito para reclamar principal e intereses. Al haber presentado un único escrito la Letrada en fecha 19 de agosto de 2015 no existe reclamación propiamente dicha, ni acto administrativo recurrible.
La sentencia apelada sostiene que el escrito de 19 de agosto de 2015 además de presentar las facturas incluía una reclamación de abono de las cinco facturas por prestar asistencia jurídica, sin que la Corporación contestase. Siendo el silencio del Ayuntamiento un acto presunto recurrible de conformidad con el artículo 25 de la LJ.
La pretensión del Ayuntamiento inactivo no puede prosperar, se le ha reclamado hace ya cinco años el abono de unas facturas, y por tanto, o paga o expone las razones que tiene para no hacerlo. Pero la pretensión de que la demandante le presente dos escritos sin que la administración siquiera escriba unas lineas para justificar su posición resulta cuando menos extravagante.
No obstante, en cuanto al argumento que emplea la literalidad del artículo 216. 4 del TRLCSP la finalidad del precepto era fijar el momento a partir del cual se abonaban los intereses de demora, o si se quiere efectivamente era conceder un plazo a la administración para efectuar el pago. Pero no llevaba aparejado la necesidad inexcusable de un doble requerimiento para que existiese acto administrativo.
El citado precepto establecía que :
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el art. 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por...
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